José Antonio Nieto (Guadalcázar, Córdoba, 1970) lleva un año al frente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, tiempo en el que este licenciado en Derecho y ex alcalde de Córdoba, ha impulsado los proyectos de mejora de las sedes judiciales andaluzas y ha aprobado la Ley de Función Pública de Andalucía en este tiempo, entre otras cuestiones. 

-¿Qué balance realiza de este primer año?

-Lla primera sensación es que se ha pasado muy rápido, ha sido un año en elque empezamos a hacer un análisis de cuál era la situación que nos encontrábamos. Nos dimos cuenta muy rápido de que había algunas carencias que requerían una actuación inmediata, una situación límite en las sedes judiciales, un problema sistémico. Necesitábamos más órganos judiciales y no conseguimos que el Ministerio nos dote de esos nuevos órganos judiciales. Necesitamos una mayor coordinación entre jueces, fiscales, letrados y funcionarios de Justicia. Necesitamos unas condiciones laborales estables que nos diesen seguridad, que nos diesen garantías y que no nos obligasen a tener un conflicto laboral permanente como el que hemos tenido prácticamente ya desde el año pasado con los letrados y este mismo año con los funcionarios de Justicia.

Nos encontramos con que había una gran carencia que, por distintas razones, estaba sin resolver, que era la base digital de tramitación de la Justicia con el @adriano, al que le hemos dedicado mucho tiempo a lo largo de este año. Y había algo que también nos preocupaba y que necesitábamos salvar y que necesitamos reordenar, que era adaptar los juzgados al modelo de administración del siglo XXI.

-¿Cuál es su diagnóstico sobre el estado de la Justicia en Andalucía?

-Pues muy cercano al coma. Desde lo público, desde la Administración, llevamos mucho tiempo poniendo paños calientes, tratando de enmascarar una realidad que cada vez se hace más evidente. Hay algo que no funciona. La Justicia es una Administración tremendamente compartimentada. Una parte depende del Ministerio de Justicia, otra parte depende de la comunidad de autónoma, y una parte muy importante depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Eso hace que o la coordinación se exige y se cumple escrupulosamente o la cosa no funciona. Y ahora mismo no funciona. Y eso es una realidad. Y Andalucía, que es mi responsabilidad, no se puede permitir el lujo de tener la Justicia en un estado como el que tenemos ahora mismo.

Por eso, mi obsesión en esta materia es que en la parte que es competencia de la Junta de Andalucía, eliminar excusas para cualquiera que quiera justificar el mal funcionamiento de la Justicia. Los que quieren justificar el mal funcionamiento de la Justicia nos dicen, claro, es que los edificios de las sedes judiciales están muy mal. Y tienen razón. Mi obligación es que dejen de estar mal y en eso nos estamos volcando y nos vamos a volcar en cuerpo y alma.

Otra excusa: el sistema digital de Tratamiento de proceso judicial es ineficiente. Y es verdad, es ineficiente. Es un procedimiento que nos encontramos, que se licitó en 2016, que se adjudicó en 2018 y que lleva un período de tiempo larguísimo de tramitación y que no está siendo buena la gestión de ese procedimiento. Pero hemos exigido a la empresa y no hemos comprometido a ello, a que al final de este año tiene que estar terminado y en el primer semestre del año que viene tiene que estar completamente afinado y en condiciones de poder aplicarse en cualquier juzgado de Andalucía.

-¿Hay más excusas?

-La tercera excusa es que no hay personal o no está preparado. Nosotros vamos a poner en marcha un grupo de trabajo con las organizaciones sindicales en septiembre para pensar en un nuevo funcionamiento de la Oficina Judicial, criterios que se pueden aportar para la evaluación del desempeño, cómo podemos motivar a la plantilla, cómo podemos estimular la mejora del servicio al ciudadano, cómo podemos hacer que las malas prácticas de algunos, que alguna hay, no perjudique la imagen y el trabajo del resto. Eso es lo que vamos a ver. Por tanto, en las tres cosas que dependen de la Junta de Andalucía, yo espero después de lo que hemos trabajado este primer año, que en el segundo año estemos en condiciones de eliminar todas esas excusas.

-Las infraestructuras están entre los principales problemas, recientemente se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para construir la sede judicial.  ¿Ese es el camino?

-Ese es uno de los caminos. El año pasado, en el mes de agosto, estuve estudiándome todos los documentos que pude en esa materia, y lo primero que resultaba evidente es que había un déficit flagrante en la situación de las sedes judiciales. Intenté ver por qué era así y la primera respuesta es que desde el 31 de enero de 1997, que recibimos las competencias de Justicia, sólo se han construido 22 sedes judiciales de 85 partidos judiciales que hay en Andalucía. A ese ritmo, las sedes judiciales iban a ser un problema seguro. Intenté buscar una explicación. ¿Por qué se ha hecho tan poco en esa materia? La explicación fue inmediata: cuando uno ve los presupuestos que yo creía que eran excepcionalmente malos para la construcción de nuevas sedes judiciales en el año 2023 y lo mira en 2022, en 2021, en 2020 y en 2019, en los que  los recursos han sido tremendamente escasos, pues te das cuenta de que si quieres hacer algo para resolver este problema no puedes acomodarte a que Hacienda te dé los recursos, porque no van a llegar y es pelearse contra molinos de viento.

Si uno quiere, al final lo único que hace es justificarse, que es lo que ha pasado durante muchos años en esta consejería. Había que buscar alternativas, los recursos vamos a intentar ampliarlo todo lo que se pueda, pero mientras que el criterio de la sociedad andaluza y del gobierno que preside Juanma Moreno sea priorizar la Sanidad, y me parece bien; priorizar la Educación, y me parece bien; y priorizar los Servicios Sociales, y me parece bien, pues los recursos que vamos a tener para sedes judiciales van a ser escasos.

-¿Y qué salida había entonces?

-Hemos explorado la colaboración público-privada, creo y espero que estemos en condiciones de dar noticias en esa materia para los grandes equipamientos de Justicia, por ejemplo, en Jaén y Cádiz, que requieren de soluciones de manera inmediata y que son proyectos de más de 70 millones de euros cada uno. Por lo que si eso ocurre, ni lo puedes hacer con presupuesto propio, el año pasado nosotros tuvimos 6 millones y medio para obra nueva. Calcule cuánto tiempo tenemos que estar para financiar una obra del tipo de Ciudad de la Justicia de Jaén o de Cádiz y todas las demás que lo necesitan y que requieren una solución rápida a su problema. Por colaboración público-privada lo vamos a hacer con los grandes equipamientos de mayor coste. Con el resto de equipamientos, nos dimos cuenta y eso nos sirvió mucho el trabajo que estábamos haciendo en la administración local, que había una fórmula que no se estaba trabajando mucho porque se trabajaba desde la prepotencia anteriormente, que era la de la colaboración institucional.

Nosotros lo que le hemos dicho a los Ayuntamientos es que yo no tengo un problema para pagar a lo largo del tiempo el coste de una sede judicial, pero no tengo la liquidez suficiente para construirla. Hay ayuntamientos que tienen una gestión económica excelente, por ejemplo, Roquetas, que tiene liquidez y que nos decían en esas condiciones yo si estoy dispuesto a colaborar. Yo construyo un edificio, la Junta me paga una compensación por el uso de ese edificio, y cuando termina la relación, el edificio sigue siendo del ayuntamiento, porque no le construyen algo a la Junta, sino que el ayuntamiento construye un edificio administrativo, lo dedica a la Administración de Justicia durante el tiempo que hemos decidido, 30 años, y la Junta le paga el coste de esa inversión, más un 50 %. Eso mismo queremos hacerlo en otros sitios y estamos hablando con muchos alcaldes y alcaldesas que confío en que se sumen a este carro, porque nos va a permitir juntos mejorar este servicio. 

-A nivel nacional, la situación de la Justicia tampoco está bien, con la paralización de la renovación del Consejo General del Poder judicial y parece que por el resultado de las últimas elecciones generales, la cosa no pinta bien de que vaya a cambiar. ¿Cómo ve la situación?

-Yo creo que tiene que haber un cambio en todos los partidos en relación a la Justicia o se la cargan, literalmente. Ese cambio, que tiene que ir con una renovación del Consejo General del Poder Judicial, que debe ir esa renovación en la línea que nos pide la Unión Europea. La UE nos ha dicho, verbalmente y por escrito, que tenemos que avanzar en que sean los propios jueces los que organicen el Poder Judicial que depende de ellos y el órgano que gestiona a los jueces. Por esa razón, lo que está defendiendo el Partido Popular es que interpretemos la ley de otra forma y permitamos que sean los jueces los que elijan a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial.

El PSOE y los demás partidos de izquierda no quieren que eso sea así, quieren imponer unos perfiles que dirijan al Poder Judicial sin tener en cuenta la opinión de los propios jueces. Y nos parece que es un error. En cualquier caso, ha habido unas elecciones, ya veremos cuál es el gobierno que a finales de agosto o principios de septiembre se vota en el Parlamento, y sea cual sea el gobierno, es urgentísimo, abordar este tema y renovar el Consejo General del Poder Judicial.

-Las macrocausas están colapsando la Audiencia de Sevilla y en el caso de los ERE ha habido una decisión del tribunal con respecto al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán para que no entrara en prisión por motivos de salud, pero en las cárceles son muchos los presos con cáncer, incluidos algunos otros ex altos cargos también condenados por el mismo caso, ¿no cree que se está creando una situación de discriminación?

-Yo creo que lo que se ha creado clarísimamente es un precedente. Hasta ahora no se había actuado así, se había confiado, de hecho, hay bastantes sentencias, incluso doctrina ya asentada del Tribunal Supremo, en las que se establece un criterio que me parece razonable: Hay unos servicios médicos en los que tenemos que garantizar su calidad en los centros penitenciarios y es una obligación de los servicios de los poderes públicos que sea de la misma calidad que tienen las personas que están fuera del centro penitenciario. El hecho de sufrir una enfermedad en la fase que la tiene el señor Griñán no debería impedir su entrada en prisión.

"Con Griñán se ha creado un precedente y se tiene que actuar igual para todos los ciudadanos"

Yo respeto todas las decisiones, unas las comparto y otras no, pero yo las respeto todas. Lo que sí creo es que ante este precedente se tiene que actuar igual para todos los ciudadanos. Y a partir de esta decisión, si se convierte en una doctrina que se aplique ya en los juzgados, se tiene que aplicar a cualquier persona. Si mañana un ciudadano condenado por la Justicia tiene un cáncer y alega ese hecho como un argumento para no entrar en un centro penitenciario y se le tendrá que estimar igual, porque si no, efectivamente habrá una disc

riminación respeto al criterio que se ha adoptado con el señor Griñán, que me parece que sería ofensivo para el conjunto de los ciudad

anos y un atentado a la objetividad que debe presidir la Administración de Justicia.

-Lo que pasa es que esa situación se está dando porque hay otros ex altos cargos de los ERE en prisión que tienen una patología similar...

-Lo que ocurre en este tema es que ese tipo de medida son rogadas, es decir, hasta ahora tiene que ser a petición de parte el que se otorgue, cuando ya hay una doctrina asentada debería ser, porque esto es una mejora en la aplicación de una norma penal, un criterio del tribunal aplicarlo en todos los casos si se alega el que se tiene esa enfermedad y se acredita que efectivamente se tiene seguir el mismo criterio que se ha tenido con el señor Griñán.

Yo creo que la Justicia se juega mucho en cuanto a su credibilidad haciendo que la ejemplaridad de la Justicia no se ponga en tela de juicio y la Justicia no es ejemplar si es diferente según se llame uno Jiménez o Griñán. Creo que en este caso, nos guste o no nos guste, la única salida que tiene todo el sistema judicial es actuar igual con todos los ciudadanos.

-Precisamente de los ERE se han dictado ya diez sentencias, todas ellas condenatorias y en las que se han acordado el pago de inmdenización de 14 millones para la Junta, pero muchos de los acusados son insolventes y muchas empresas han desaparecido. ¿Se va a poder cobrar ese dinero?

-Sí, el dinero va ser difícil que se recupere. En este caso sí se aplica el mismo criterio y la misma doctrina que en el resto de asuntos. Es desgraciadamente muy frecuente, en la parte que va aparejada a una sentencia penal de la responsabilidad civil, normalmente no se consigue cumplir, porque hay una declaración de insolvencia, porque el propio procedimiento hace que decaiga insolvente el encausado, por muchas razones que lo hacen difícil, pero eso no quiere decir que no sea ejemplar porque esa condena persigue a esa empresa y persigue a esa persona física a lo largo de toda su vida. Y en la fase de ejemplaridad de una condena es muy importante que esas dos cosas vayan unidas, que sepa que te juegas tu libertad, porque puede entrar en prisión y que eso no sea algo fácilmente eludible y que te juegas tu economía, porque si tú te apropias de uno, porque eres un listo de la vida, si te pillan, que te suelen pillar, por cada uno que te lleves, te va a tocar pagar tres. Ese mensaje es importante que lo tenga cualquiera que tenga la posibilidad de gestionar recursos, sobre todo recursos públicos. Yo creo que hay una cosa que todos vamos a entender: Cuando se llega a los ERE, se llega porque hay una sensación de impunidad absoluta en la administración. Se podía hacer casi todo y no pasaba nada.

"A los ERE se llegó porque había una sensación de impunidad absoluta en la Administración"

Eso llevó a que lo que era el chocolate del Loro, que era uno de los discursos en los que se decía que eran cuatro golfos y era el chocolate del loro. De cuatro golfos se pasó a un ejército de golfos, y el loro explotó de gordo, porque se comió todo el chocolate que podía y era imposible justificar esa situación.

-¿Y qué ha supuesto la macrocausa de los ERE?

El procedimiento de los ERE ha sido lento, tedioso y ha cansado a mucha gente, pero ha supuesto que hoy la Administración pública en Andalucía sea una Administración absolutamente escrupulosa en la gestión del dinero público. Al que se le ocurre hacer alguna tontería, inmediatamente se encuentra aislado por el resto de funcionarios. La opinión pública no perdona el más mínimo caso de corrupción o de utilización ilícita de recursos públicos. Y eso me parece que es muy positivo. Todo eso se lo tenemos que agradecer a la Administración de Justicia, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los medios de comunicación, que han hecho un trabajo de investigación y de difusión importantísimo. Si este caso hubiese quedado impune hoy se seguiría gastando dinero en puticlubes, colocando a los amiguetes, utilizando el dinero de los parados Andalucía o de cualquier otra cosa en usos denigrantes, lamentables y como mínimo inútiles.

"Si los ERE hubieran quedado impunes hoy se seguiría gastando dinero en puticlubes, colocando a amiguetes y gastando el dinero de los parados en usos lamentables"

-¿Y el dinero de las sentencias? 

-La Junta va a hacer lo posible por recuperar aunque sea un euro. Sabemos que es difícil, lo hemos hablado muchas veces entre distintos consejeros, nos lo dicen los letrados, pero vamos a perseguir la búsqueda de cada euro que se pueda, porque todo este proceso que está vinculado a los ERE tiene ser un proceso de ejemplaridad que haga que durante décadas a nadie en Andalucía se le ocurra volver a lo que ocurrió en esa etapa negra de los ERE en Andalucía.

-De hecho, en esa línea van todas las sentencias y los jueces tienen claro lo que ha ocurrido con los ERE...

-Yo he oído muchas críticas a los jueces que han llevado estas causas porque las han llevado con mucha lentitud, ha habido críticas y normalmente siempre vienen del mismo lado, pero tengo que decir que las sentencias tienen una calidad técnica a vista de cualquiera. Se han armado muchísimo porque son conscientes de que iba a haber un recurso y que ante ese recurso tenían que tener mucha solidez para que lo que se sostiene en ella no se pudiese revertir por un problema de forma. El cuidar que no te ataquen una sentencia, no por el fondo, sino por la forma, a veces hace más lento el procedimiento o te dificulta la tramitación, te condiciona porque todas las partes intentan sacar ventaja de cualquier cosa.

Yo tengo que decir que que los tribunales que los han llevado han sido ejemplares y han tenido una actitud y un compromiso con la Justicia, con letras mayúsculas, que creo que va a pasar a la historia. Cuando tengamos un poco de perspectiva y cuando podamos analizar con objetividad todo lo que ha pasado, creo que va a haber un capítulo importante y destacado a los jueces, a los fiscales, a las Fuerza y Cuerpos de Seguridad, que han hecho la instrucción, la investigación y han llevado a cabo luego los juicios y han dictado sentencia en esta materia.

-Estamos a principios de agosto, a tan sólo varias de la inauguración de la Ciudad de la Justicia de Sevilla. ¿Cómo van esos preparativos?

-La inauguración iba a ser a principios de septiembre, pero recibimos la petición por parte de los jueces, letrados y funcionarios de que no se hiciera el traslado en el mes de agosto porque generaba un problema para un sector que prácticamente se cierra durante ese mes. Atendimos la petición y eso nos obligó a hacer un retraso casi de un mes de esa previsión que teníamos de inaugurar a principios de septiembre, con lo que seguramente será a finales de septiembre o principios de octubre.

Yo hubiera preferido que hubiéramos hecho el traslado y empezar en septiembre, pero entiendo también los argumentos y las razones que se nos dieron y la aceptamos. La obra está ya en marcha, lo que hicimos fue aplazar un mes la realización de esa obra. El edificio va a quedar plenamente adaptado, vamos a llevarnos todos los juzgados de lo contencioso-administrativo, todos los mercantiles y vamos a dejar preparado para que se vengan también cinco juzgados de Primera Instancia que van a instalarse en el edificio.

Ya estamos trabajando además en el proyecto del edificio B, para que sin solución de continuidad vamos a ir progresivamente llevándonos órganos judiciales a Palmas Altas y haciendo que funcione de una forma responsable. El año 2023 Sevilla va a ser una ciudad protagonista en material de Justicia, porque se van a ir dando pasos importantes. Vamos a convertirnos, poco a poco, porque esto va ser un proceso, en una de las Ciudades de la Justicia importantes en España. Sólo Barcelona es mayor en tamaño, pero la tecnología que va a tener esta sede no la tiene ninguna otra.

Vamos a demostrar que se pueden hacer cosas que hasta ahora resultaban raras, vamos a intentar hacer una Justicia del dato sin papel, integrada, ordenada, donde las jurisdicciones tengan espacios muy definidos, donde se va a impartir Justicia. Vamos a intentar hacer una gestión eficiente de los espacios y una gestión eficiente de la tecnología, vamos a ayudar que los recursos humanos tengan la mayor motivación posible, las mejores condiciones laborales posibles, todo eso, pues yo creo que nos va a ayudar a prestar un mejor servicio también a los ciudadanos, a los sevillanos, en este caso, que se van a adaptar seguro a una nueva ubicación, pero que van a disfrutar también seguro de una mejor calidad de servicio.

-¿Y qué ocurre con esos importantes problemas de tráfico que apuntó el alcalde de Sevilla?

-Este es un proceso que ya está en marcha y que no se va parar, y que tiene una fecha de terminación aproximadamente con la década, entre 2028 y 2030 terminaremos el proceso de traslado de todos los órganos judiciales de distintos sitios de la ciudad a Palmas Altas. Conforme nosotros vamos haciendo ese traslado la ciudad se va adaptando a esa realidad. Eso ya ocurrió en Almería, en Málaga, en Córdoba. A mí me tocó vivirlo en esa transición como alcalde en Córdoba, donde fue un traslado íntegro, todas las sedes judiciales de un día para otro dejaron de estar en un sitio y estuvieron en otro. Y ese esfuerzo es mucho mayor. Yo creo que la ventaja que tenemos en Sevilla es que, por ejemplo, este año, cuando llegue a finales de septiembre u octubre, que trasladamos estos Jugadoa, al final, estamos trasladando a menos de 500 personas y a las jurisdicciones con menos presencia externa de las que hay en un juzgado. En lo contencioso y en lo Mercantil no hay juicios masivos ni muchas personas que vayan a ver qué ocurre.

Por tanto, al principio, no va haber problemas de tráfico, que no va a ser apreciable siquiera ese problema de tráfico. El día que se ponga una oferta en Lagoh hay más lío que con un problema en cualquiera de los juzgados de lo Contencioso o de lo Mercantil. Eso no quiere decir que no tengamos que preparar la movilidad de la ciudad de Sevilla a esa realidad, que es que haber un grandísimo equipamiento en Palmas Altas, progresivamente más necesitado de servicios de movilidad. Ahora mismo, las necesidades son bastante limitadas, poco a poco van a ser mayores, y cuando esté a pleno rendimiento, ese va a ser un foco de actividad de la ciudad muy importante.

Pero en ese momento, en 2028, está previsto que llegue la línea de Metro a ese punto. Ojalá sea un hecho, porque en el momento que esté la línea de Metro todo lo demás será accesorio, secundario, porque la gran conexión de la Ciudad de la Justicia con el resto de sevilla va a ser esa estación de Metro que ya está pensada y preparada para que dé servicio en la Ciudad de la Justicia.

Nosotros somos bastante optimistas sobre la evolución. El edificio está ya, el proyecto del B lo vamos a encargar probablemente a principios de septiembre. Yo creo que el año que viene estaremos en condiciones de lanzar el siguiente traslado sin ningún problema. Podríamos incluso cubrir el B y el C, lo que ocurre es que tenemos que adaptarnos también a la necesidad que tienen los órganos judiciales. El edificio C es donde iría la Audiencia y los órganos de gobierno de Sevilla y probablemente nos convenga retrasarlo un poco más hasta que cubramos también el edificio D, donde todas las jurisdicciones civiles ya estarán en Palmas Altas. En ese momento nos llevaremos las secciones civiles de la Audiencia a Palmas Altas y las del Tribunal Superior de Justicia Andalucía, que tienen sede en Sevilla, y ya estaremos en condiciones de poner, que también tenemos que hacerlo en paralelo, la construcción del nuevo edificio para la Jurisdicción Penal, que ese sí que hay que construirlo desde cero y que tiene que ir en la parcela adyacente de la que conocemos de Abengoa.

-¿Qué idea hay para los viejos edificios del Prado una vez se haga el traslado?

-Nosotros tenemos una única idea que es que ya he dicho antes cuáles son nuestras carencias presupuestarias y el proyecto de Ciudad de la Justicia de Sevilla es un proyecto muy caro, que va a ser rentable y que nos va a resultar rentable, pero que requiere de una inversión muy importante. Nosotros tenemos cubierto y con cierta garantía todo lo que tiene que ver con la compra inicial y con la adaptación de los siete edificios iniciales, pero tenemos que encontrar financiación para el nuevo edificio de la Jurisdicción Penal y la ordenación del entorno de ese edificio y los recursos que están vinculados a un centro de detención, un espacio para las Fuerzas de Seguridad, etc.

Eso se tiene que financiar con la venta de patrimonio, venta que puede ser a otra institución o a privados, pero venta, porque si no, no podemos construir. Una de las cosas que hemos conseguido y tengo que agradecerle a la Consejera de Hacienda y a su equipo es que respeten que lo que deja Justicia se invierte en Justicia. Ese es el criterio en el que estamos trabajando y hay edificios muy importantes y de mucho valor en el centro prácticamente de la ciudad de Sevilla, que queremos que sigan prestando servicio a la ciudad de Sevilla, pero que nos sirvan para prestar nosotros también en el servicio de Justicia es lo que tenemos que vincular.

Lo que queda por hacer en Palmas Altas después de la inversión que se ha hecho, que llevamos casi 100 millones de euros, son casi otros 100 millones de euros, que no es poca cosa y tiene que salir de una buena gestión inmobiliaria de los edificios que hasta ahora hemos estado usando.