Juan Romeo Laguna se ha jubilado como magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla tras dictar su última sentencia y una de las que considera más duras de su carrera: la condena al clan del Pollino por el triple crimen de Dos Hermanas, donde no impuso la prisión permanente revisable pese a que una de las víctimas era una niña de seis años. En esta entrevista explica las razones de esa resolución y analiza otras cuestiones como la independencia judicial o los casos que más le ha dolido resolver.

— Usted que es nacido en Madrid, ¿por qué decidió venir a Sevilla al año siguiente de aprobar la oposición?

Aprobé la oposición en 1980, estuve un año en Alcaraz (Albacete) y en 1981 pedí el juzgado de Cazalla de la Sierra. Quise venir a Sevilla por proximidad a la familia de mi mujer y porque desde que empecé la carrera estoy en Jueces y Juezas para Democracia, que entonces tenía una actividad muy importante en Sevilla. En aquellos tiempos destacar los valores constitucionales era esencial ya que veníamos de donde veníamos y la Constitución supuso un vuelco absoluto en los valores de la sociedad y entre ellos la Justicia.

Luego pasé por Vitoria, Dos Hermanas y Málaga antes de llegar a la Audiencia de Sevilla en 1992. Vine por el nivel profesional y jurídico de sus magistrados, yo no quería ser el mejor pero sí ser un buen magistrado. Sobre todo quiero mencionar a dos compañeros: Javier González Fernández, presidente de la Sección Séptima, con el que he trabajado 26 años, y Antonio Gil Merino, su antecesor, que fue maestro de muchos jueces de Sevilla.

— Usted ha sido durante muchos años la cara visible de Jueces para la Democracia en Andalucía y ha estado al pie del cañón hasta el final

Yo intervengo, con acierto o desacierto, en las cosas en las que creo, no me puedo quedar al margen.

— ¿Tiene sentido hablar hoy en día de jueces progresistas y conservadores?

Todas las personas tenemos nuestra ideología, pero lo que yo he visto en la judicatura que conozco, la de  base, es que los jueces aplican el Derecho en función de sus conocimientos jurídicos y humanos, pero nunca según la ideología que tengan en su vida privada.

— ¿Cuántos votos particulares ha puesto en su carrera?

Solo uno y por una cuestión de técnica jurídica. Nunca he deliberado con un compañero que se empecinara en una postura y yo me empecinara en otra, he tenido esa suerte.

— ¿Qué opina de la sentencia de La Manada?

Cuando yo era estudiante, para que hubiera violación la mujer se tenía que haber resistido heroicamente, era una sociedad ultra machista y conservadora que ha ido evolucionando hasta llegar a este punto de reconocer la intimidación ambiental que yo entiendo totalmente lógica.

—¿Qué sentencia le ha costado más?

La última [por el triple crimen de Dos Hermanas] ha sido dura, pero ha habido sentencias de solo diez folios que me han costado mucho. Recuerdo una contra un insumiso al servicio militar: era un contrasentido total, en otras situaciones había derecho a la objeción de conciencia y en esa no. Era una reivindicación de unos ciudadanos que no creían en la violencia ni en el ejército como institución del Estado. Y yo me preguntaba: “si hay objeción de conciencia para otras cosas, ¿por qué no para esto?”.

Pero si tengo que condenar, condeno, eso lo he tenido siempre claro. Por ejemplo, yo siempre he sido partidario de legalizar las drogas aplicando los mismos parámetros que al alcohol, pero en la vida se me ha ocurrido  absolver a un narcotraficante, y en ese sentido la Sección Séptima siempre ha tenido fama de ser dura con el tráfico de drogas.

A veces ves una situación social y humana que no se puede plasmar en ninguna circunstancia atenuante y eso te crea una dura sensación. Pero si no se puede, no se puede.

“El juez debe aplicar su conciencia jurídica”

— ¿Cree que van a revocar su sentencia por el triple crimen de Dos Hermanas?

No lo sé. Yo he hecho una sentencia en conciencia, con una técnica jurídica que creo que es la correcta y por eso la he aplicado. En una democracia todo es criticable y la crítica me parece perfecta. En este caso se ha criticado por no imponer la prisión permanente revisable, pero el artículo 140 del Código Penal dice que se debe aplicar al “reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas”. La primera interpretación que se debe hacer  es la literal, y “hubiera sido condenado” es un tiempo pasado. Mi interpretación, que creo que es gramatical y totalmente sostenible, es que debe ser por muertes violentas anteriores, lo que no se produjo en este caso.

— Hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen lo contrario

El Tribunal Supremo tiene sentencias que te convencen, y yo las he utilizado para nuestras propias resoluciones. Pero un juez, si no está de acuerdo con la interpretación del Tribunal Supremo, debe dictar sus sentencias según su conciencia jurídica. Me he quedado un poco sorprendido al oír que los 76 años y medio de cárcel que les impuse es una sentencia ideológica.

—¿Y si luego la revocan?

Yo tengo un criterio que creo jurídicamente sostenible. Eso es lo bueno de la independencia judicial, que cada uno actúa jurídicamente solo en función de su conciencia y tiene una libertad de pensamiento que puede desarrollar, eso en otras profesiones es imposible.

—¿Hay alguna sentencia que le hayan revocado y siga pensando que se equivocaron?

Las ha habido pero en absoluto me sienta mal porque ese es el sistema. Creo en este sistema y que dentro del poder judicial tiene que haber sentencias y recursos.

— En materia penal, ¿se está legislando a golpe de lo que dice la calle?.

Es una pena, pero los políticos por razones de rentabilidad electoral a corto plazo se hacen eco en ocasiones de determinadas revindicaciones sociales que son fomentadas por grupos de presión. Y a veces se legisla de esa manera. Sancionar es fácil, lo difícil es solucionar. Por ejemplo, en el delito contra el medio ambiente, la conducta se ha tenido que tipificar penalmente porque la Administración no ha tenido o no ha querido tener los recursos suficientes para que fuera respetado. Como la sanción administrativa no ha funcionado, lo cómodo para un poder es penalizarlo.

—¿Un juez se siente presionado por los comentarios de la clase política en juicios mediáticos?

Eso no es presionar, es una falta de respeto total y absoluta de un político a un poder del Estado. A los políticos se les llena la boca diciendo que respetan el poder judicial pero es un respeto teórico hasta que el problema es con su partido.

Yo nunca me he sentido presionado pero eso depende del  carácter.

— ¿Como se solucionaría la sobrecarga de trabajo en los tribunales?

Tenemos una infraestructura de medios técnicos y  humanos que no puede soportar esta carga de trabajo. En Sevilla hay juzgados de lo Social, Penal  y secciones de la Audiencia que tienen un retraso de dos años y una Justicia lenta muchas veces se convierte en ineficaz. Las leyes mercantiles, civiles, laborales y administrativas son modernas, pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal es del siglo XIX, de la España de la boina y el burro, y no tiene nada que ver con la sociedad actual.

Conforme a esa ley, cualquier resolución es recurrible, lo que supone un arma para las partes para torpedear la rapidez del procedimiento. Esto es importante porque en los casos de gran calado, como los ERE en  Andalucía, la Gürtel en Madrid o el 3 % en Cataluña estamos hablando de personas que tienen una infraestructura jurídica importante y que recurren sistemáticamente cualquier resolución judicial.

Ya no es un problema de medios humanos o técnicos sino de reformar esa ley. Sería suficiente con que existiera un solo recurso antes de la apertura de juicio oral y recursos respecto a la situación personal y de medidas cautelares. Se agilizaría mucho la justicia.