María Luisa Díaz Quintero es desde el año 2000 miembro del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria (SOAJP) del Colegio de Abogados de Sevilla y desde 2011 es su coordinadora. En esta entrevista relata que la pandemia de coronavirus supuso para la población reclusa un “doble encierro y aislamiento” y para sus familias momentos de angustia ante los rumores que corrían sobre brotes de Covid en las cárceles y al ser multadas por saltarse los cierres perimetrales para visitar a su familiar.

— ¿Cómo se ha vivido la pandemia en las cárceles?

Supuso una doble reclusión, un encierro dentro de un encierro, con los internos casi todo el día metidos en sus celdas. Con el estado de alarma decretado el 15 de marzo de 2020 se suspendieron todas las visitas de familiares, los vis a vis, los talleres, las clases de ESO y Acceso a la Universidad, los talleres grupales de autoayuda, de prevención de la recaída y de empoderamiento de las mujeres. También se suspendieron los permisos y las reclasificaciones. Los permisos se reanudaron a finales de junio y a la vuelta debían pasar diez días en aislamiento. 

El coronavirus produjo mucha ansiedad en los internos, todos preguntaban qué pasaba con su juicio pendiente y cuándo podrían ver a su familia.

— Y desde el punto de vista de las familias?

Muchas de las familias a las que atendemos viven de mercadillos y al quedarse sin trabajo no podían ingresar dinero para el peculio de la cárcel. En prisión, si no tienes dinero no dispones de un aparato de televisión ni puedes hacer llamadas por teléfono. Por eso muchos internos con el confinamiento se aislaron más.

Cuando se empezaron a levantar las restricciones, las familias que vivían en otra provincia eran multadas cuando se desplazaban a visitar a su familiar en la cárcel e incumplían el aislamiento perimetral. Tuvimos que presentar muchos recursos alegando que era causa justificada. También pasaron mucha angustia porque surgían rumores de brotes de Covid o de muertes por sobredosis.

— ¿Se superó esa falta de comunicación?

Se compraron algunos smartphones, pero solo doscientos para una población de 50.000 personas en toda España. Una interna de Sevilla-2 me dijo que en un año ha tenido una sola videollamada con su novio.

— ¿Cómo incidió la mortalidad en la población reclusa?

El porcentaje de fallecidos fue más bajo que entre la población general. A nivel nacional, hubo dos mil y pico de positivos y nueve fallecidos en toda España, es decir, ocho veces por debajo de la población general. Entre los 24.000 funcionarios de prisiones hubo cinco fallecidos y 1.800 positivos.

— ¿Siguió habiendo consumo de drogas en las cárceles?

Al cortarse toda comunicación con el exterior hubo síndromes de abstinencia de sustancias ilegales y también un abuso y “trapicheo” de las legales. Los drogodependientes pasaron el ‘mono’ a pelo.

— Qué se ha aprendido de la pandemia?

Que otras formas de cumplir condena son posibles y que han funcionado las alternativas a la prisión como los Trabajos en Beneficio de la Comunidad, la localización permanente o la pulsera telemática. Al principio de la pandemia había entre 2.300 y 2.500 pulseras telemáticas, se compraron más y en abril ya había unas 2.900 colocadas y 2.100 en fase de activación o instalación. El comportamiento de estas personas fue ejemplar y se demostró que, con más recursos, hay más alternativas a la prisión que funcionan.

También se ha visto que las nuevas tecnologías deben entrar en la cárcel, que se deben hacer videollamadas y que los reclusos puedan tener un contacto más normalizado con sus familiares. Ahora existe un proyecto para que en cada módulo haya al menos una cabina con smartphones para videollamadas y que se puedan hacer a cobro revertido. 

— Como responsable jurídico de las federaciones Liberación y Enlace, ¿cómo afrontan ahora las adicciones?

Son la pescadilla que se muerde la cola. Pertenecen a colectivos vulnerables y desfavorecidos, no tienen trabajo ni estudios, consumen drogas y cometen delitos desde temprana edad para conseguir más droga. Atendemos todo tipo de adicciones a sustancias pero también al juego, a las compras y a las nuevas tecnologías, que ahora se ven en todas las clases sociales. Los adictos al juego patológico suelen tener problemas judiciales porque piden préstamos que no pagan.