Antonio Estepa Jiménez fue secretario general de Hacienda de la Junta entre 2000 y 2004 y estuvo imputado en el caso de los ERE desde 2013 hasta el 29 de octubre, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión, en esta entrevista explica su perplejidad porque desde su primera declaración ante la Guardia Civil le estuvieron haciendo las mismas preguntas y él contestó siempre lo mismo, pero ha tardado cinco años en quedar exculpado, con el consiguiente daño personal y económico.

-¿Cómo vivió el momento en el que retiraron la acusación contra usted?

-No me lo esperaba porque tenía pocas esperanzas de que lo hicieran. Me sorprendió. Primero di un salto y luego creo que se cerraron mis oídos, ni siquiera pude apreciar si el fiscal había aducido alguna causa de sobreseimiento. Cuando hubo un receso me comunicaron que si las acusaciones particulares también retiraban la acusación me podría ir. Terminó el receso y cuando el presidente me dijo que podía abandonar la Sala y que no tenía que volver a asistir a las sesiones que quedaban, me emocioné de nuevo. En ese momento también  sentí pesar por los compañeros que se quedaban allí porque muchos de ellos están en una situación parecida a la mía, han actuado conforme consideraban que era ajustado a Derecho. Solo por eso, por respeto a su dolor, no salí bailando de la sala.

-Por qué no tenía esperanzas de que retiraran la acusación?

-Porque yo he mantenido en el proceso lo mismo desde el primer día que testifiqué ante la Guardia Civil en agosto de 2013. Allí y en el juzgado de instrucción, en noviembre de 2013, me han formulado las mismas preguntas desde el inicio y me las han vuelto a repetir en el juicio.  Siempre declaré lo mismo: que no eran competencia del secretario general de Hacienda ni las Modificaciones Presupuestarias ni la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos. 

-¿Quién es, a su juicio, el culpable de haber llegado hasta aquí?

-La imputación colectiva es muy perjudicial porque la estructura de la administración está formada por muchos órganos en los que se delegan determinadas competencias a las direcciones generales. He querido interpretar que cuando ha llegado el momento de precisar y concretar las personas y órganos que intervinieron en el procedimiento, es cuando han reparado que la secretaria general de Hacienda no tenía esas competencias. A mí la imputación colectiva me ha perjudicado mucho, porque nos han tratado como un todo: consejería de Empleo, consejería de Hacienda e IFA/IDEA. Eso es un error de bulto. El perjuicio que me ha ocasionado ha sido muy grande.

-¿Qué es lo que más le ha afectado?

-Primero desde el punto de vista personal y moral. Porque en un caso tan complejo como este, a tus allegados tienes que explicarles el proceso y ellos lo que conocen es por los medios de comunicación. Y lo que oían y se transmitía era que se habían dado ayudas a empresas del PSOE, a intrusos, que se habían gastado el dinero en cocaína, y todo eso es lo que la gente piensa que me están imputando también a mí. Trataba de explicarles que yo nunca intervine en esos hechos y que tampoco había participado en la concesión de las ayudas. Te cuesta depresiones, situaciones de ansiedad e incomprensión porque no entiendes como puede estar pasándote eso. Es imposible hacerles ver la diferencia entre el procedimiento específico y las piezas separadas de las ayudas.

“Me pusieron más fianza que a Urdangarín”

-¿Sus medidas cautelares económicas también fueron elevadas?

-Mi preocupación principal fue que esa acusación basada en indicios fue reforzada en el juzgado e instrucción con una fianza de nueve millones de euros,  más que a Urdangarín. Yo no sólo no comprendía nada de lo que estaba ocurriendo, mi ingenuidad llegó hasta el extremo de que tras mi declaración ante el juzgado instrucción, pedí a mi abogado que solicitara el sobreseimiento. Pero el hecho fue que me embargaron cuentas y bienes. Y ahí me volvió a hacer daño el proceso ante mis allegados, que podrían pensar que contra mí había algo más que meros indicios o sospechas. Tuve que volver a darles otra explicación. Un año tardaron en levantar las medidas de responsabilidad civil, en devolverme mis bienes embargados.

-¿Ha pagado su defensa?

-Sí, también me ha ocasionado un daño económico. He estado pagando a mi abogado las provisiones que me ha solicitado estos cinco años que ha durado el proceso. Aunque según el Reglamento de Organización del Gabinete Jurídico de la Junta tengo derecho a mi defensa jurídica por actos realizados en el ejercicio de mi cargo y lo pedí en julio de 2013, yo he tenido que anticipar el pago. Tras mi solicitud se dictó una Orden reconociéndome el derecho a mi defensa mediante abogado y procurador. Es un proceso complejo y largo en el tiempo. Mi abogado ha tenido que asistir a todas las testificales, y desde diciembre de 2017 ha acudido al juicio tres días por semana, hasta la fecha.  

-¿Ha sacado alguna conclusión positiva?

-Todo esto ha supuesto un daño irrecuperable que no te compensan con nada. Pero la alegría que siento ahora mismo ha hecho que me haya merecido la pena pasar por esto y llegar a conseguirlo. Si me queda alguna satisfacción hoy es que no voy a ser  juzgado en la vista oral. El Ministerio Fiscal y las acusaciones me retiran la acusación y piden mi sobreseimiento antes de ser juzgado. Y también en este caso los medios de comunicación han colaborado a que se me rehabilite a la vista de todos los que están cerca de mí. Antes, cuando casualmente me encontraba con ellos, me preguntaban “¿cómo sigues?” y ahora no ha sido necesario dar explicaciones y todos me han llamado por teléfono para decirme “ya nos hemos enterado“.

“Nosotros éramos secundarios arrastrados por los políticos”

-¿Qué defectos ve en el proceso judicial?

-Yo ejerzo el Derecho Administrativo y sé que se pueden cometer errores pero al menos en otras áreas el proceso es más rápido. En la Agencia Tributaria tenemos un límite para la actuación inspectora. Al proceso judicial le falta poner límites. La tardanza es lo que te hace pasar periodos de angustia y debilita la Justicia.

-¿Cree que los casos que se politizan duran más?

-Este ha sido un juicio muy politizado, muy mediatizado, con muchos representantes políticos. Había muchos cargos electos y eso determinaba la importancia de la noticia, nosotros éramos secundarios que íbamos arrastrados por ellos.

-Una semana después de su exculpación, ¿cómo se siente?

-Voy reviviendo, voy ganando actitud y creo que hasta he crecido porque antes tenía los hombros caídos del peso que me embargaba. Lo que me causaba más pesadumbre era el futuro, pensaba que si esto no se solventaba en la Audiencia de Sevilla, tendría que acudir al Tribunal Supremo y esperar el nuevo fallo. Volver a oír de nuevo las imputaciones, eso es lo más doloroso. Yo creo que la incertidumbre del futuro, con la seguridad de ser inocente, es lo que más duele llevar.  

-¿Qué lecciones sacaría del caso de los ERE?

-Que hay que profesionalizar al máximo la Administración de la Junta. La falta de profesionalización es lo que pudo permitir lo sucedido.

-¿Le han tratado bien los jueces?

-Cuando he estado delante de este tribunal he sentido por primera vez que podría “ser oído” por un Tribunal, al juez que dictó el auto de PROA [Álvaro Martín] lo conocí por fotos en los medios de comunicación. He sentido que este Tribunal ha dado los mismos derechos a unos y otros, a acusadores y defensas.