Juicio de los ERE

Manos Limpias exculpa a Chaves y retira los cargos por malversación contra los acusados

  • El sindicato retira los cargos contra cuatro acusados: el ex presidente Manuel Chaves, el ex interventor Manuel Gómez; el ex jefe del gabinete jurídico Francisco del Río, y el ex secretario general técnico de Hacienda Antonio Estepa. También retira los cargos por malversación contra todos los acusados a los que les atribuía inicialmente este delito.

  • El PP retira los cargos sólo contra Antonio Estepa y mantiene la petición de condena para los ex presidentes y los demás ex altos cargos

El ex presidente Manuel Chaves, en la Audiencia de Sevilla. El ex presidente Manuel Chaves, en la Audiencia de Sevilla.

El ex presidente Manuel Chaves, en la Audiencia de Sevilla. / juan carlos vázquez

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La sorpresa de la jornada en el juicio de los ERE la ha protagonizado Manos Limpias. Este sindicato, que ejerce la acusación popular en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, ha retirado la acusación contra cuatro acusados: el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, el que fuera jefe del gabinete jurídico Francisco del Río Muñoz, el ex interventor general Manuel Gómez y el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa Giménez; al tiempo que ha retirado los cargos por el delito de malversación contra otros tantos acusados, entre ellos el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, para el que inicialmente solicitaba una condena de seis años de prisión al igual que la Fiscalía Anticorrupción.

El abogado Rafael Prieto Tenor, a la hora de presentar sus conclusiones definitivas, ha explicado que Manuel Chaves o Francisco del Río pudieron ser "en no pocas veces consultados e informados" en relación con los hechos objeto de autos, pero eso ha dicho "no pasa de ser una sospecha en la que, a la vista del anterior varapalo jurídico -se refiere a la exculpación por la Audiencia de Sevilla de otros tantos ex altos cargos que inicialmente fueron imputados-, no quisiéramos reincidir", por lo que en consecuencia ha decidido retirar los cargos contra ambos.

También la ha retirado contra el que fuera interventor general de la Junta Manuel Gómez, porque entiende que en este caso "sus errores" deben verse a la luz del Derecho administrativo sobre responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas; y ha recordado que según las declaraciones testificales de sus homólogos en el cargo éstos han evidenciado que en un idéntico escenario habrían "actuado exactamente igual que él", al tiempo que ha considerado que la naturaleza penal de los hechos que se le imputan quedan en entredicho "cuando los interventores delegados no han sido siquiera investigados".

En cuanto a la retirada de la acusación por el delito de malversación, el abogado la ha justificado en las "dudas que le ha sembrado" la jurisprudencia posterior sobre este delito, lo retira "por prudencia"todo ello con la idea de no causar un "daño gratuito" a estos acusados y "no sostener una acusación que no veamos con claridad meridiana", ha agregado Prieto Tenor.

El letrado ha señalado que existen "dudas jurisprudenciales y doctrinales sobre la concurrencia de los tipos de los artículos 432 de la ley de enjuiciamiento criminal (malversación en su modalidad de sustracción) y, eventualmente, del artículo 433 (malversación en su modalidad de alteración de fines que, aún existiendo calificación provisional, bien pudiera haber mutado habida cuenta la homogeneidad de tipos y hechos coincidentes), en proscripción de la lesión gratuita de los acusados tras las dudas" de la jurisprudencia posterior, ha defendido.

El PP también exculpa a Antonio Estepa

Por su parte, la acusación popular que ejerce el PP también se adherido a las modificaciones de la Fiscalía Anticorrupción y ha retirado los cargos contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa Giménez, al que ya no acusa ninguna acusación y que por tanto será absuelto en la sentencia.

Con respecto al resto de acusados y a diferencia del fiscal, el abogado del PP, Luis García Navarro ha mantenido la petición de ocho años de prisión para el ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo, a quienes el fiscal ha rebajado su petición de condena a seis años de prisión.

El PP pide seis años de cárcel para el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, para la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo y para el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

Los populares han hecho suyo el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, aunque han incluido en sus conclusiones como "hechos punibles" la aprobaicón de los Programas de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) del IFA/IDEA por el Consejo de Gobierno andaluz, "en la medida que aprobaban los presupuestos de explotación de la agencia, donde se reflejaban, en el presupuesto de ingresos, el importe de las transferencias de financiación como forma de allegar fondos al IFA/IDEA, a sabiendas de que los mismos iban a ser destinados al pago de subvenciones, siendo un uso inadecuado para ello y, en el presupuesto de gastos y para equilibrar el presupuesto, se consignaban un importe equivalente de gastos ficticios, todo ello en los presupuestos de explotación de los años 2002 a 2008".

Esta acusación ha afirmado además que es "imputable" a la Consejería de Hacienda y a sus responsables el "control de la presupuestación de las empresas públicas y el control de los convenios que se suscribían entre las Consejerías de la Junta de Andalucía y sus empresas públicas y su ejecución", por lo que considera punibles "todos los actos y omisiones imputables a los acusados" en relación con el cumplimiento de los artículos 59, 60 y 61 de la ley general de la Hacienda Pública de la Junta.

De otro lado, el PP ha destacado que "nunca se tuvo intención de realizar por la Consejería de Empleo una verdadera encomienda de gestión" que acabara con el sistema que utilizaba las transferencias de financiación de Empleo al IFA/IDEA para el pago de las ayudas sociolaborales y directas a empresas, llegando a denunciar la "falsificación de los presupuestos del IFA para 2010" y a reprochar a la Consejería de Hacienda la "falta de control" de los convenios particulares para el pago de las subvenciones y la "omisión de todo tipo de control en el establecimiento de las obligadas cláusulas y su cumplimiento en los convenios entre la Junta y el IFA/IDEA".

El PP ha anunciado una reserva de acciones por si la actuación de la Junta de Andalucía al retirarse como acusación particular y realizar una expresa reserva de las acciones civiles por parte del gabinete jurídico de la Junta, todo ello "si se acreditara que dicha reserva de acciones civiles se hubiera realizado sin la autorización de la Consejería de Hacienda".

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