La Justicia es la única administración pública en la que se ha aplicado la disparatada idea de dividir su gestión entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas. Ninguna administración coordina o supervisa a las otras, con lo cual no son infrecuentes decisiones contradictorias o incompatibles.

Que el Poder Ejecutivo, central o autonómico tenga competencias sobre aspectos importantes, incluso vitales, del Poder Judicial compromete la independencia judicial porque le permite tener un poder de control contrario a la más elemental idea de la separación de poderes. Pero ese no es el tema de hoy.

Para las Comunidades Autónomas además no es un objetivo prioritario el gasto en Justicia. No lo compensan con el control total de la Justicia de la Comunidad y tiene muy pocos réditos electorales. Su interés en tener esa gestión radica básicamente el control de ese presupuesto y la posibilidad de utilizarlo para conseguir fines distintos a la mejora del sistema judicial.

Y un buen ejemplo de esto último es el problema de la Ciudad de la Justicia en Sevilla. En Sevilla capital, como en tantos otros sitios, hay muchos más litigios por juez de los que éste puede resolver en un tiempo razonable. El resultado es una Justicia excesivamente tardía que corre el grave riesgo de dejar de ser Justicia.

¿Cuantos jueces faltan?. La realización de reformas estructurales y legales que racionalicen los medios personales y disminuyan el número de litigios podría aliviar el problema. Pero en todo caso hacen falta más órganos judiciales que no se crean porque la Junta de Andalucía no tiene donde ubicarlos.

Las propuestas que ha habido se han demostrado inviables básicamente porque con ellas no se perseguía tanto resolver los problemas de la Justicia en Sevilla, como otros problemas, urbanísticos o de otro tipo. Se ha descartado la solución de reformar o construir en las actuales ubicaciones por exceso de coste e inviabilidad. No ha habido ningún estudio serio al respecto. Tratándose de una infraestructura que bien diseñada debería durar treinta años como mínimo, lo caro es invertir menos dinero en soluciones malas. Las administraciones autonómica y municipal si consideran sin embargo viable e interesante instalarse en esos edificios cuando queden libres.

La última propuesta es utilizar el actual edificio de Palmas Altas. Sin embargo tiene una superficie considerablemente inferior a la que ocupan los órganos judiciales que ya hay en Sevilla. La ubicación de todos los órganos judiciales actuales dependería de la construcción de edificios en solares adyacentes adquiridos. No sólo no se resuelve a corto o medio plazo el problema de la sede única, sino que tampoco se garantiza que se puedan crear con rapidez nuevos órganos judiciales.

Palmas Altas no es un edificio destinado a usos judiciales. Estos edificios tienen unas exigencias muy específicas y las adaptaciones no suelen dar buen resultado. Me remito al mal resultado del Edificio Noga o del Edificio Viapol, entre otros muchos ejemplos. Se va a gastar una considerable cantidad de dinero en una adaptación que no garantiza un uso adecuado. No parece un buen principio para un proyecto que debe durar treinta o mas años.

Palmas Altas esta en una colina en medio del campo sin acceso fácil. La Junta de Andalucía promete nada menos que una línea de metro, para lo cual hay que modificar una de las líneas proyectadas; lo que no es moco de pavo si tenemos en cuenta que la línea en su diseño original, se supone que menos costoso, lleva paralizada años por falta de presupuesto. El problema del transporte podemos llegar a resolverlo a duras penas quienes trabajamos allí en un horario fijo. Pero no abogados y procuradores, que tienen que compatibilizar sus despachos con la asistencia a los juzgados, ni el público en general que acude ocasionalmente desde toda la provincia de Sevilla. No parece una mejora pasar de estar situados en un nudo de comunicaciones de la capital a estarlo en medio del campo.

No unifica las sedes judiciales, no hay garantías de que sean más adecuadas que las actuales, no garantiza la creación de nuevos órganos judiciales, tiene graves problemas de transporte y hay que gastar una enorme cantidad de los impuestos no sólo en adquirir, reformar el edificio y construir nuevos, sino en crear una red de transporte público.

No parece que beneficie a la Justicia. ¿A quién beneficia?. A bote pronto se me ocurre que a la propiedad del edificio, que necesita urgentemente liquidez para resolver su delicada situación. También a los propietarios de los terrenos de la zona, promotoras inmobiliarias y bancos que vieron inmovilizada su inversión por el fracaso del parque tecnológico proyectado.

La Ciudad de la Justicia va a servir de pretexto para anunciar importantes inversiones públicas en infraestructuras y transportes que automáticamente revalorizaran terrenos en manos de particulares.

Algo parecido pasó en Madrid cuando se les ocurrió llevar la Ciudad de la Justicia al quinto pino, que allí se llama Valdebebas. Un fantasioso y carísimo proyecto con unas carencias muy parecidas al proyecto sevillano, como denunció en su día Foro Judicial Independiente, y que acabó en un escándalo de corrupción urbanística de considerables dimensiones. El daño colateral es que en Madrid los órganos judiciales siguen dispersos y no hay espacio para crear nuevos. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Como acabaremos en Sevilla?.