Opinión

La Manada intimidante y los tribunales

Amparo Díaz Ramos. Abogada experta en violencia de género Amparo Díaz Ramos. Abogada experta en violencia de género

Amparo Díaz Ramos. Abogada experta en violencia de género

Las múltiples violaciones llevadas a cabo por La Manada en los Sanfermines de 2016 nos conmocionaron como sociedad, porque ante tantas evidencias la mayoría de las personas empatizamos con la víctima.  ¿De qué estaban hechos esos hombres, uno policía y otro guardia civil, capaces de tratar a una chica de 18 años recién cumplidos como si fuera un simple juguete al que no importa romper una y otra vez? ¿Cuántos más hay como ellos? ¿Están menos seguras que nunca nuestras niñas y las  mujeres  jóvenes por las calles?

No nos habíamos repuesto aún de esa cruel victimización cuando asistimos a otra: el desarrollo del juicio responsabilizando a la víctima al estilo clásico machista. Y tras esto la sentencia considerando que acorralar cinco hombres a una mujer, mucho más joven que ellos y sin posibilidad de escapatoria, no es intimidación. Y con un voto particular que recordaba de manera ofensiva a las películas porno  en las que las mujeres ni sufren ni padecen, las usen como las usen.  ¿De qué están hechas las personas que forman ese Tribunal? ¿De qué estamos hechos en general los y las profesionales del derecho? ¿Pueden confiar las víctimas en el trato que van a recibir por nuestra parte cuando acuden al sistema judicial?

Entre las personas del mundo del derecho se generó también un debate profundo y no pocas veces crispado. El hecho de que nuestra legislación no defina la violencia psicológica facilita que los prejuicios y la concepción del mundo de cada juez y jueza sean los que se plasmen en las sentencias en no pocas ocasiones por encima de la ley.

En mi opinión todas las personas en mayor o menor medida somos machistas - aunque, como en mi caso, se definan como feministas-   porque es esa la cultura en la que hemos nacido y en la que vivimos cada día. Pero además el machismo está muy arraigado en el sistema judicial, que surgió precisamente para mantener el status quo, no para modificarlo y alcanzar la igualdad. No es extraño que se dicten   sentencias que normalicen y no sancionen la violencia psicológica sutil, como es la ambiental, e incluso que normalicen  la no sutil.  No es extraño que algunas  sentencias consideren que crear un entorno coactivo, intimidante, no tiene importancia,  o no vean en concreto ese entorno porque les parece aceptable. Como les parece aceptable a muchas personas  que algunos hombres digan a las adolescentes y jóvenes por la calle que están para violarlas, o que las acorralen para mirarlas bien cuando quieran. Y que otros busquen  en los parques o en las orillas de los ríos a las chicas para masturbarse ante ellas.  Y lo que se ve como aceptable no se identifica como violencia psicológica aunque el legislador lo pretenda y la psicología nos diga rotundamente  que lo es.

Pero lo cierto es que si nos regimos por la Carta de los Derechos Humanos, por nuestra Constitución y por el Código Penal, la intimidación ambiental es una forma de violencia psicológica que está sancionada, y eso es lo que hace el Tribunal Supremo, corrigiendo en lo que puede -lo correcto habría sido acusar por múltiples delitos de agresión sexual- el error de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Navarra. Lo que hace es  ni más ni menos que aplicar la ley sobre La Manada intimidante, teniendo en cuenta, además, su propia jurisprudencia anterior. Eso sí, la han aplicado sin prejuicios machistas, como corresponde porque la igualdad no solo es un derecho, también es el principio rector que deben aplicar las administraciones, entre ellas la de justicia. Ya era hora.

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