Grupos de extrema derecha elaboraron durante el intento de golpe de estado del 23-F unas listas negras por provincias de quienes debían ser represaliados en caso de triunfar la tentativa golpista. En la lista de Sevilla aparecen 50 personas, desde Plácido Fernández Viagas, que había sido presidente de la Junta Preautonómica, hasta militantes socialistas como Carmen Hermosín, Joaquín Galán o Manuel del Valle. 

Había también líderes sindicales de CCOO, UGT y el SOC, así como académicos como Isidoro Moreno, catedrático de Antropología y firmante del Pacto de Antequera.

La “lista de sangre” se hizo por provincias y nadie la ha desmentido desde entonces. Se publicó en agosto de 1982, un año y medio después del 23-F, en la revista Actual Magazin. 

Según la versión más extendida, la lista fue obra de las llamadas Milicias Patrióticas Populares, formadas por miembros escindidos de grupos de extrema derecha como Fuerza Nueva o el Frente de la Juventud. También se sospecha que pudieron participar en su elaboración policías de la antigua Brigada Político-Social. Otros, finalmente, sostienen que es un invento periodístico.

Los señalados eran un total de tres mil personas en toda España, principalmente escritores, artistas e intelectuales considerados de izquierda. Entre otros, Antonio Gala, Francisco Ayala, Rafael Alberti, Miguel Delibes, Antonio Gades, Pepa Flores, Paco Ibáñez, Mercedes Milá, José Oneto, el compositor Pedro Halfter o el escultor Eduardo Chillida. También estaban incluidos el presidente Adolfo Suárez, el entonces ministro del Interior Juan José Rosón y el general Gutiérrez Mellado.

Los conocedores del tema sostienen que la elaboración de las listas negras en ciertas provincias como Sevilla siguió un esquema bastante primario, pues copiaron textualmente las candidaturas de las elecciones de 1977 y de 1979. Así, los primeros de la lista en Sevilla integraban la candidatura al Congreso de la Alianza Socialista Democrática en 1977. Los tres siguientes eran sus candidatos al Senado. Entre ellos, Marcos Orueta, Dulce del Moral, Manuel Orellana, José Estradas y José Ruiz Castroviejo.

También se transcribió la lista electoral del PCE en 1977, encabezada por Fernando Soto y Manuel Benítez. Entre los señalados figuraban el ahora catedrático Fernando Pérez Royo, Amparo Rubiales (candidata al Senado en 1977) y el periodista Antonio Guerra. 

A continuación la lista negra reproducía a los miembros de la candidatura del PSOE (curiosamente, sin sus cabezas de lista Alfonso Guerra ni Rafael Escuredo): Alfonso Lazo, Enrique Martínez Lagares, Carmen Hermosín (con errata en su segundo apellido), Ana María Ruiz-Tagle, Joaquín Galán y Manuel del Valle, luego elegido alcalde de Sevilla por el PSOE. También estaba Plácido Fernández Viagas, que había sido elegido senador por Sevilla en la listas del PSOE.

La serie de líderes sindicales a represaliar incluía a los fundadores del SOC Francisco Casero y Gonzalo Sánchez. Además aparecía el histórico sindicalista Miguel Guillén, reintegrado en la factoría de CASA a raíz de la amnistía sindical de 1977.

De los tres sevillanos juzgados en el Proceso 1.001 contra la cúpula de CCOO,  la “lista de sangre” señalaba a Fernando Soto y Francisco Acosta pero no a Eduardo Saborido, que había sido condenado a 20 años de cárcel en aquel proceso. Curiosamente, Saborido había sido candidato al Senado por el PCE en 1977.

El resto de señalados eran estudiantes universitarios vinculados con la  Joven Guardia Roja, grupo de tendencia maoísta que entonces tenía una fuerte implantación en la Universidad.  Algunos de ellos siguen hoy en día trabajando como profesionales en Sevilla. Esta circunstancia abona la idea de que la fuente de la información para elaborar el listado podrían haber sido  miembros de la antigua policía secreta vinculados con grupos ultras.

Otros señalados eran dirigentes de grupos de izquierda como el Partido del Trabajo de España, caso de Eladio García Castro y Antonio Castillo Gerena.

En otras provincias andaluzas las “listas de sangre” incluían a personas como Cándido Méndez, luego secretario general de la UGT andaluza y nacional. También estaban Manuel Chaves, Pedro Pacheco (luego alcalde de Jerez) y Carmen Romero, esposa de Felipe González.