El Archivo Histórico Provincial de Sevilla acaba de poner a disposición de los historiadores el fondo documental de la Escribanía de Marina, un tribunal especial creado con la llegada de los Borbones al trono de España a comienzos del siglo XVIII y suprimido en 1872.

En total, son 4.540 documentos que reflejan la organización del gremio de mareantes y pescadores, los naufragios en el Guadalquivir, las enfermedades  y la criminalidad más habitual en el mundo marinero.

Buenas prácticas en el rio

La Escribanía de Marina controlaba el cumplimiento de las ordenanzas sobre artes de pesca y venta de pescado, sancionaba a quienes usaban mallas no autorizadas y sobre todo velaba para que no navegaran quienes no estuvieran legalmente matriculados.

Manuel Reche, matriculado en Ayamonte, fue juzgado en 1814 por “estar vendiendo al público sardinas podridas y en estado de no poderse consumir”.

Esta Escribanía vigilaba la moralidad en el puerto: en 1782 se abrió una causa contra Diego Ponce, matriculado, por “delito de lascivia e introducir mujeres en su embarcación" y en 1820 otra contra un patrón de Palma de Mallorca por “vender vinos y aguardientes dentro de su barco y permitir que entren a beber en él hombres y mujeres”.

Y en 1758 fue procesado el capitán del Santa Isabel y las ánimas “por las heridas que recibió Ignacio de Aguilar de un pedrero que se disparó el Sábado Santo, al tiempo del Aleluya, desde dicho bergantín”.

Contrabando y otros delitos

Las normas eran muy estrictas y se procesaba a los marineros por peleas, por portar armas, por embriaguez y por hurto de los productos transportados en sus embarcaciones. 

Algunas causas criminales parecen especialmente severas como la instruida en 1845 contra Francisco de Paula Escobar “por vago y posible estafa” y la de 1805 contra nueve marineros “por comer y beber sin pagar en la Fonda de las Cuatro Naciones”.

En 1801 se abrió una causa contra Francisco Fernández, súbdito alemán y marinero jubilado de la matrícula de Huelva, “sobre aprehensión de 29 cigarros de fraude”.

Existen algunos pleitos curiosos como el abierto en 1742 contra José de Almeida, portugués, “por haber cometido el delito de comerciar con la plaza de Gibraltar”, y el de 1745 haciéndose eco del “decreto para que los corsarios españoles no lleven presas inglesas a los puertos del reino de Portugal, salvo en casos muy precisos”.

Otros sorprenden por sus protagonistas: en 1845 se investigó criminalmente al marinero Francisco González, alias Hijo del Padre Eterno, por heridas a otro hombre.

La Escribanía de Marina tocaba todo tipo de reclamaciones: en 1775 José Muñoz, maestro boticario de la calle Génova, demandó a  Pedro Valmaña, cirujano de Marina, por el pago de medicamentos que sacó de su botica, y en 1825 fue la casa de comercio de Sevilla denominada Pebernad quién demandó a un patrón por “95 docenas de abanicos que le robaron en su buque”.

Desertores y condenas a servir en los Reales Bajeles

La Escribanía de Marina conserva numerosos pleitos contra desertores de la Real Armada que reflejan que la picaresca estaba ya a la orden del día: en 1741 hubo tres sumarios de este tipo: los abiertos contra un maestro sastre y un cirujano sobre “fingimiento de enfermedad para no cumplir servicio en la Real Armada” y el dirigido contra un vecino de Sevilla, quien “justifica padecer alferecía y relajación en la ingle derecha y no puede ejercer el servicio en la Real Armada”.

Hubo muchas denuncias contra patrones por esconder a  desertores y en 1855 fue juzgado uno por la fuga del desertor Joaquín Gómez, alias El señorito, que “conducía en su buque en calidad de preso”.

Los patrones eran juzgados por negarse a cumplir su obligación de llevar madera para los arsenales de la Real Armada y existe un pleito de 1791 emprendido por la compañía Goyeneche y Rigal de Málaga para que “le eximan de la obligación de cargar sus barcos con madera para el Arsenal de La Carraca, ya que le impide llevar la carga de grano para abastecer a la tropa de Algeciras”.

En 1777 se estudió el recurso de apelación de Alonso José Rendón, patrón de la matrícula de Sevilla, contra la causa que le condenó a servir en los Reales Bajeles de Su Majestad.

“Reincidencia en trato con mujer casada”

La Escribanía de Marina da buena cuenta de la moralidad matrimonial de la época y abundan los legajos contra marineros por “escándalo con mujer casada”.

En 1741 se procesó a Diego Farfán y Josefa Gallardo por “cometer actos deshonestos en la calle”, en 1742 fue Julián Martínez el destinatario de una  denuncia “por estar mezclado con una mujer casada” y en 1743 la causa criminal se dirigió contra el grumete José Ortega por “reincidencia en trato con mujer casada”.

Antonio González, patrón de un barco, fue procesado en 1748 por “el transporte que trataba de hacer de una mujer casada sin licencia de su marido” y en 1795 Andrés Nieto, vecino de Cádiz, pidió que la Justicia “le entregue a su mujer, que se marchó con José Carreño, que está preso en la cárcel”.

Hubo muchos sumarios por “incumplimiento de palabra de casamiento” como el emprendido por Antonia de Palma, soltera y vecina de Coria, contra Juan Garzón, también soltero y matriculado en aquella localidad, o el instado en 1791 por Luis Gutierrez contra Francisco Jurado, carpintero de ribera, para que cumpliese la promesa de matrimonio con su hija.

En 1786 José Bonilla, marinero matriculado y preso en la cárcel de Sevilla, reclamó información “sobre el desarreglo y malvivir de su mujer”.

También la homosexualidad era investigada, como le ocurrió en 1745 a José Guar, alias Guardet, marinero de la matrícula de Cartagena, “sobre delito de sodomía”, y en 1794 fue Francisco de León el denunciado por “sospecha de relaciones sexuales con un joven en la calle”.

El catedrático ahogado al cruzar a nado el río

Se investigaban todos los ahogamientos en el Guadalquivir, lo que permite hacerse una idea de los modos de vida en la Sevilla de aquella época. Así, en 1819 se abrió una causa por la muerte ahogado de un joven conocido como El Chiquitín al saltar de una lancha a tierra a la altura del Barranco.

En 1842 se investigó el fallecimiento de Federico Vigneau, catedrático de Matemáticas del colegio San Telmo, al cruzar a nado el río.

Y en 1741 se procesó a Juan Montero, alguacil, por “haber perseguido a Juan de los Santos para prenderlo por presunto desertor de la Real Armada, y haberse ahogado en el río”.

Enfermedades y mordeduras de perro

La Escribanía de Marina permite hacerse una idea de importantes aspectos sanitarios de aquellos años, el problema de las mordeduras de perro y las enfermedades de las tripulaciones, como el legajo que se abrió en 1833 “sobre el fallecimiento del patrón, el piloto, marineros y pasajeros del quechemarín Nuestra Señora del Carmen por cólera”.

Diego Rodríguez fue condenado a presidido en 1774 por “traer gorgojo el trigo que condujo en su barco” y en 1764 fue procesado Juan Antonio Calderón, matriculado, “sobre el aborto que causó a Isabel Josefa Martín de un feto varón”.

En 1774 se instruyeron unos autos “para asegurar los bienes de Manuel José García, médico de la jurisdicción de Marina, con motivo del delirio en que ha caído que lo tiene fuera de sentido y privado de todas las acciones de entendimiento”.

Otra causa criminal de oficio se inició en 1819 para investigar las causas de “la muerte de Teresa de Toledo, acaecida en la casa del capitán de fragata de la Real Armada Nicolás de Toledo, su hermano, al tirarse a un pozo".