La Audiencia de Sevilla, al igual que muchos otros edificios judiciales en España, conserva una placa en honor de Jacobo López de Rueda. Este juez de Sueca (Valencia) y dos funcionarios judiciales fueron asesinados “por las turbas” en septiembre de 1911 en los conocidos como Sucesos de Cullera.

Toda España vivía aquellos días una fuerte agitación social motivada por el llamamiento del sindicato anarquista CNT a la huelga general en protesta por el reclutamiento forzoso para la Guerra de Marruecos. El 18 de septiembre de 1911, lunes, estaba convocada la huelga general. En Cullera, los obreros cortaron el telégrafo, levantaron los raíles del ferrocarril y cerraron a la fuerza los comercios.

Jacobo López Rueda era juez de primera instancia en la vecina localidad de Sueca. Había nacido en Santiago de Compostela en 1870 pero era de origen sevillano, donde todavía quedan descendientes suyos que se dedican a la abogacía.

El juez se desplazó en tartana a Cullera para restablecer el orden. Los historiadores están divididos sobre si su comportamiento fue heroico o imprudente, dados sus antecedentes de enemistad con la clase obrera.  Un primer incidente se produjo al llegar a la estación de tren, cuando pidió su identificación a los huelguistas. Al ver que no le hacían caso, sacó su arma y detuvo a dos de sus dirigentes, uno de los cuales, conocido como El Xato de Cuqueta, fue luego condenado a muerte por los tres asesinatos.

López de Rueda subió a los detenidos a su tartana, lo que motivó que al llegar al centro de la población fuesen apedreados. Entonces el juez sacó su pistola y disparó al aire, lo que enalteció aún más los ánimos. Se refugió en el Ayuntamiento, donde el alcalde y algunos concejales republicanos intentaron calmar los ánimos.

Resultó imposible y la multitud enardecida asaltó el Ayuntamiento. El juez fue asesinado por El Xato de Cuqueta con un hacha, el alguacil Antonio Dolz escapó pero fue alcanzado por los huelguistas, que lo lincharon y arrojaron al río gravemente malherido, con una piedra atada a su cuerpo.

El oficial Fernando Tomás García fue golpeado y murió unos días después a consecuencia de las heridas.

Veintidós personas fueron juzgadas por los sucesos y se dictaron siete condenas a muerte. Hubo un prolongada y encendida campaña nacional contra la pena capital, apoyada por algunos influyentes periódicos internacionales, en la que se denunció las torturas sufridas por los detenidos. Entre las personalidades españolas que se pronunciaron contra las ejecuciones se encontraban el escritor Benito Pérez Galdós, el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal y los pintores José Benlliure y Joaquín Sorolla. 

Se da la circunstancia de que el juicio se celebró en el juzgado de Sueca en el que aún residía la viuda del juez.

Finalmente el gobierno indultó a seis de los condenados y el rey Alfonso XIII terminó por aprobar la misma medida de gracia para el Xato de Cuqueta, sobre el que pesaban tres condenas a muerte como principal instigador de la sublevación.

Disconforme con el perdón real, el presidente del Consejo de Ministros,  José Canalejas, presentó su dimisión, aunque poco después fue confirmado en el cargo. Unos meses después, él mismo fue asesinado en Madrid por un anarquista.

En el vestíbulo de la Audiencia de Sevilla, una placa de letras ya borrosas recuerda al juez y a sus auxiliares “asesinados por las turbas”. 

El texto da cuenta de que López de Rueda no hizo sino cumplir con su deber cuando “se constituyó en dicha población para ejercer la acción que las leyes le encomendaban y restablecer el orden perturbado sin otro auxilio que el de su autoridad. Loor eterno a tan insigne mártir para ejemplo de cuantos desempeñan funciones de la Justicia”.