Una ciudadana rusa, en trámites de divorcio de su esposo español, denuncia que tiene prohibido sacar a sus dos hijos de España y que desde hace dos años espera la sentencia de divorcio, el juicio por incumplimiento de las medidas de alejamiento o una resolución a sus demandas por impago de la pensión de alimentos.

Olesya interpuso un proceso penal por violencia de género contra su marido R.M.M. el 13 de febrero de 2017 tras sufrir una  agresión. Entonces su esposo extrajo de la cuenta bancaria todos sus ingresos, dejó de abonar el alquiler, le quitó el vehículo, dejó de pagar el colegio de los hijos y las facturas de agua y luz.

La madre se quedó con dos hijos que mantener y un sueldo de 700 euros. Su abogada, Irene González Ángel, denuncia a este periódico que en Rusia viven sus padres, tiene vivienda y trabajo mejor remunerado como traductora pero no puede irse porque sobre sus hijos pesa una prohibición de salida de España.

El permiso para establecerse en su país debe ser resuelto en la demanda de divorcio cuya vista que se celebró el 14 de diciembre de 2018, que continúa sin sentencia.

En febrero de 2017 se acordó una orden de alejamiento que el marido incumple de manera constante por teléfono, por escrito y personalmente. Este incumplimiento ha dado lugar a otras denuncias posteriores por quebrantamiento de medida cautelar. También hay una denuncia por agresión a la madre de Olesya. González Angel está solicitando desde octubre de 2018 la terminación de estas diligencias para que sea juzgado en el órgano penal, lo que sigue esperando pese a que “han transcurrido más de dos  años y no existen diligencias que resolver”. 

La demora en este juicio penal puede suponer un año más de espera y, tras la sentencia, el esposo puede optar por el recurso de apelación, casación e incluso ante el Tribunal Constitucional. 

Afirma su abogada que el denunciado conduce vehículos de alta gama (Porsche Cayenne, Ferrari, Mercedes y Land Rover) y se aloja en viviendas de lujo “pero no tiene nada a su nombre. Se siente protegido en la ley para burlar los derechos de los acreedores (sus hijos)”.

Las medidas civiles incluían una pensión de alimentos de 2.500 euros para los dos hijos, “cantidad nimia para el padre” según la abogada, que “incumple desde el primer momento. Tiene demandas de ejecución por el impago de alimentos y por incumplimiento del derecho de visitas, que tampoco se resuelven”.

Olesya, por su parte, declara a este periódico que “está más enfada con la Justicia que con mi ex marido”. Explica que ha perdido un buen puesto de trabajo como traductora para un grupo industrial español que va a instalarse en Rusia y que ahora trabaja en un salón de estética en Puerto Banús (Málaga). Sus hijos, de 10 y 3 años, fueron expulsados a mitad de curso del colegio privado de Sevilla por impago de las mensualidades. Lo único que ha conseguido judicialmente es instalarse en Estepona, donde le ayudan sus compatriotas, y decidir el colegio público donde estudian los niños.

“He tenido que rehacer mi vida y la Justicia no tiene en cuenta mis circunstancias. El año pasado pedí llevar tres semanas a los niños a Rusia, mostré el billete de ida y vuelta, y me lo negaron”, relata. Y añade que en Sevilla vivía atemorizaba, le rajaban las ruedas del coche y toda su urbanización vivía con miedo. 

Ahora que vive en la Costa del Sol, él ha alquilado un chalet de lujo en la zona para estar cerca de sus hijos y envía coches de alta gama a recogerlos al colegio. 

Asegura que sus hijos solo recibieron la pensión de 2.500 euros mensuales durante dos meses y que entre abril de 2018 y el mes pasado le pasó 400 euros por los dos menores. Ahora ella hace frente en solitario a los gastos extraordinarios como el último que se le ha planteado: el dentista de su hijo menor.