Una esposa despechada sienta a un sindicato en el banquillo

Transporte público

Nueve sindicalistas se enfrentan a 7 años de cárcel por falsificar 128.634 € en billetes de autobús

Autobuses de Damas.
Autobuses de Damas.
Amanda Glez. De Aledo

21 de diciembre 2020 - 05:00

La denuncia de una divorciada, despechada porque su marido no le pagaba lo convenido, va a sentar en el banquillo a nueve personas, que integraban la Sección Sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la empresa de autobuses Damas en Sevilla. Dos de ellos eran miembros del Comité de Empresa y otros dos lo habían sido en el mandato anterior.

Se trata de nueve conductores-perceptores que, presuntamente, se organizaron y pusieron de acuerdo para comprar una máquina impresora térmica, se apoderaron de bobinas de papel de la empresa y elaboraron billetes falsos que entregaban a viajeros “adecuados”, normalmente turistas, personas mayores o usuarios no habituales con menos probabilidades de percatarse del cambio.

La Fiscalía de Sevilla y la empresa Damas piden para ellos seis años y nueve meses de cárcel por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida por apoderarse de 128.634 euros entre febrero de 2015 y diciembre de 2016.

Todo empezó cuando la esposa de uno de los procesados, José C.C., denunció a la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache las prácticas que había visto a su marido y otros compañeros del sindicato, todos ellos conductores en líneas del Aljarafe sevillano. La mujer aportó la factura de la impresora comprada por su marido en 2015.

La empresa empezó recogiendo los billetes que los viajeros tiraban al suelo y a las papeleras y comprobó que muchos eran falsos. La Policía Judicial de la Guardia Civil emprendió entonces una labor detectivesca en la que dos agentes se hacían pasar por viajeros y pagaban su billete.

Entonces comprobaron que en ciertos casos los acusados, en lugar de emitir el billete desde la parte frontal de la máquina expendedora (que el usuario retiraba directamente), lo sacaban de un compartimento que solo estaba a su alcance y se lo entregaban al viajero.

Los tickets imitaban la disposición del nombre de la empresa, número de autobús y línea, pero lo único que los falsificadores no podían prever era el número de serie, que imprimía la máquina de forma correlativa. Los peritajes constataron que los billetes incautados no estaban en la franja numérica correspondiente a ese día, además de otras pequeñas diferencias en tipografía, iconos y distancia entre líneas. Al no constar como vendidos, el importe no era liquidado a Damas.

Los nueve acusados fueron detenidos el mismo día, el 19 de diciembre de 2016, al inicio o fin de su jornada de trabajo y casi todos llevaban billetes falsos: María Dolores M.C. portaba 140 de una franja horaria futura; Juan Manuel G.P. llevaba 165 con fecha posterior al día de su detención; y Luis G. L. guardaba 76 billetes con horario de servicios que aún no habían tenido lugar.

La Sección Tercera de la Audiencia ha convocado el juicio para noviembre de 2021, después de un intento fallido de alcanzar una conformidad. La defensa de los acusados, según fuentes del caso, se basará en que en todo caso solo pueden ser condenados por los billetes falsos que efectivamente fueron incautados a cada uno. Según el cálculo en que se basan las acusaciones, cada uno pudo despachar una media de entre tres y diez billetes falsos por trayecto.

Usuarios sin seguro y fraude a Hacienda

Fuentes del caso explican a este periódico de que uno de los aspectos mas graves es que, al tratarse de billetes falsos, sus portadores no estaban cubiertos por el seguro obligatorio de viajeros en caso de accidente. Además existía un fraude a Hacienda al no pagar el IVA.

Se da la circunstancia que en los años investigados las líneas atendidas por los acusados no registraron el aumento de viajeros de otras líneas similares.

El sindicato CGT atribuyó el despido disciplinario de los conductores a represalias por motivos sindicales, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ido confirmando en los últimos meses la legalidad de la medida en ocho casos. Un noveno no acudió a su juicio por estar trabajando en el extranjero y el juez le declaró desistido, en un asunto pendiente de recurso para que se repita la vista, según informan a este periódico las citadas fuentes.

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