La profesora Virginia Rodríguez Arce doblegó a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y logró que la Justicia anulase 14 años después el proceso de selección para elegir al director del IES Delgado Brackenbury de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). La lentitud de la Justicia hizo que, a pesar de tener una sentencia a su favor, ésta no se pudiera ejecutar por el tiempo transcurrido, por lo que le fue reconocido el derecho a una indemnización.

Ahora, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado un nuevo recurso de la docente y ha obligado a la administración andaluza a indemnizarla por los daños y perjuicios con más de 53.000 euros, al incluir en esta compensación el pago de los intereses del complemento que le correspondería por el ejercicio del cargo de director de un centro de Educación Secundaria desde su respectivo devengo mensual. 

La docente impugnó esa convocatoria del proceso para elegir al director del mencionado IES e inicialmente el TSJA le dio la razón, ordenando retrotraer el expediente al momento de la publicación de las listas de la relación definitiva de las candidaturas valoradas, “indicando en su caso la puntuación obtenida en cada uno de los apartados así como las ordenadas de mayor a menor puntuación, continuando el proceso selectivo por los trámites correspondientes”. 

Sin embargo, esta sentencia quedó finalmente en papel mojado, después de que la letrada de la Junta de Andalucía presentara un informe en el juzgado alegando precisamente la “imposibilidad material de la ejecución de la sentencia”, algo en lo que también coincidieron la juez de lo Contencioso-administrativo número 6 de Sevilla y el abogado Francisco Tejado Vaca, que representa los intereses de la profesora.

La juez reconoció en un auto que “no es posible volver a constituir la Comisión de Selección original al haberse jubilado quien ocupaba el puesto de presidenta, y sin que se haya podido aportar al procedimiento el Plan de centro del curso 2008/2009, por lo que tampoco podría ser valorado”.

La demanda se presentó en 2009 y el proceso judicial no concluyó hasta la sentencia del Alto Tribunal de 2021, pero más de dos años después seguía sin ejecutarse y finalmente se reconoció su imposibilidad de cumplimiento debido, según la defensa de la profesora, a la "labor totalmente obstructiva, dolosa, abusiva y llena de mala fe de la Administración". Francisco Tejado recordó que hubo de solicitarse en "más de nueve ocasiones la ampliación del expediente administrativo que, a posteriori, se ha comprobado que era para no dar a conocer la pérdida de documentos vitales del expediente, por lo que es manifiesta la pasividad de la Administración".

Añadió el letrado que esta actitud podría denominarse de "obstruccionista, según la jurisprudencia, una actitud que nunca debe ser premiada, máxime como reconocen las sentencias de instancia y apelación, la Administración no respetó las normas del procedimiento de selección, causó irregularidades invalidantes y provocó indefensión" a la docente.

Esta actitud, destaca Francisco Tejado, no sólo se ha desarrollado porque la Administración no contestara a los numerosos escritos y peticiones que realizó –tuvo que solicitar hasta en una decena de ocasiones la ampliación del expediente administrativo–, sino que le incoaron además “expedientes disciplinarios que luego quedaron en nada”, lo que le ocasionó el gasto en pago de servicios profesionales y los que tendrá que satisfacer “una vez termine toda esta novela negra que le han hecho sufrir”.

La profesora también recurrió para que se condenara a la Junta a pagar los daños morales causados "en el proceso de verdadera novela negra que ha tenido que soportar y sigue soportando, sin embargo sobre los supuestos daños morales, concretados en el desprestigio público que provocó la injusta valoración de los méritos y la disminución de la autoestima con los daños psicológicos que se derivaron de ello", la Justicia cree que no han sido probados por la parte actora.

Nuevas acciones legales

El letrado ha confirmado a este periódico que, una vez que el TSJA ha fallado condenando a la Junta a indemnizar a la profesora con esos más de 53.000 euros, la profesora continuará su batalla judicial y, en este sentido, ha indicado que está estudiando la posibilidad de ejercer acciones legales contra los "responsables de todo el desaguisado que han generado contra ella, llegando inclusive a haber perdido documentos en la tramitación del expediente que le beneficiaban".

Entre estas acciones legales, el letrado se plantea solicitar que los responsables de la pérdida de documentos sean los que "paguen de sus bolsillos todo lo que le tienen que indemnizar".