Absolución para los 34 ocupantes de La Jarilla

La fiscalía de Sevilla retiró este martes la acusación contra los 34 miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) para quienes pedía 23 meses de cárcel por coacciones y daños en la ocupación de la finca La Jarilla.

Al retirar los cargos la única acusación que los mantenía, la sentencia del juzgado penal 4 será necesariamente absolutoria.

El fiscal del caso ha explicado su retirada de la acusación por el derecho a la tutela judicial efectiva. “No se puede criminalizar la conducta de todo un grupo sin individualizar el comportamiento de cada uno. No se puede condenar a una persona por los excesos de otros miembros del grupo”, afirmó el fiscal

Gabriel González.

Y añadió que a lo largo de varios días de juicio ninguno de los testigos identificó a las personas concretas que rompieron candados, dañaron maquinaria agrícola y pincharon ruedas.

Resaltó el fiscal que había dos derechos en juego "igualmente defendibles": el derecho al trabajo de los 47 jornaleros que denunciaron al piquete y el derecho a la huelga de los integrantes de este último.

El propio representante legal de la empresa declaro en el juicio que los miembros del piquete mantenían "una actitud reivindicativa dentro de los cánones sindicales", recordó el fiscal.

A ello añadió otro problemas de prueba, el hecho de que la ocupación de La Jarilla, en noviembre de 2008, duró tres días pero el guardia civil que hizo el reportaje fotográfico identificó a los miembros del piquete solo estuvo allí el último de ellos.

"Diez años, seis meses y 22 días después solo queda una de las tres acusaciones porque los dos principales perjudicados, la empresa y el dueño del tractor a quien pincharon las ruedas, han renunciado a las acciones civiles" y "también tenemos la sala vacía" porque los 34 acusados se acogieron a su derecho a no estar presentes. "Por lo tanto, no tenemos una versión de lo que pasó, ni incriminatoria ni de defensa", resumió Gabriel González.

A lo largo del juicio comparecieron casi 50 testigos pero ninguno de ellos pudo individualizar la conducta de quienes causaron los daños. El último de ellos, el capataz Francisco V.R., compareció este mismo martes como testigo y persistió en esa línea: aquellos días "hubo un problema" pero a día de hoy ve "imposible" identificar a las personas que causaron los daños.