La Audiencia de Sevilla ha absuelto a la dueña de un piso que se enfrentó a cuatro años y seis meses de cárcel por supuesta estafa procesal. El inquilino que le alquiló el piso no solo dejó de pagar 1.967 euros a lo largo de dos años sino que, al verse demandado en los tribunales, presentó el mismo día del juicio una denuncia penal por estafa que paralizó las demás reclamaciones.

La Sección Primera de la Audiencia acaba de cerrar, con una sentencia absolutoria, los “cinco años de calvario procesal” de la denunciada, una mujer que compró con su marido un piso en Dos Hermanas como inversión para complementar sus ingresos laborales.

Su abogado defensor, Miguel Ángel Gutiérrez Costas, explica a este periódico que desde poco después de trasladarse al piso, en septiembre de 2012, el inquilino Sergio V.D. empezó a incurrir en impagos de la renta y de las facturas de agua y luz. Su cliente, en lugar de acudir a los tribunales, le dio dos oportunidades y firmó con él dos documentos de reconocimiento de deuda y aplazamiento de pagos, uno en octubre de 2013 y otro en julio de 2014, que incumplió.

“Cuando se desbordó su paciencia y planteó una demanda civil de reclamación de cantidades, ya sentados en la sala de vistas el 25 de marzo de 2015, la procuradora del inquilino irrumpió apresuradamente en la sala blandiendo la copia de un escrito de denuncia por estafa que había presentado ese mismo día”, relata al abogado.

El inquilino le acusaba de falsedad y estafa procesal porque, supuestamente, en el segundo reconocimiento de deuda se incorporaron de forma manuscrita una serie de desperfectos que el inquilino se comprometía a pagar y que se añadieron después de que él hubiese firmado.

La demanda civil de reclamación de cantidades quedó en suspenso a la espera del procedimiento penal. El caso llegó a juicio pese a que desde un primer escrito al juzgado, en septiembre de 2017, la Fiscalía pidió la absolución por entender que “no existe base suficiente para formular acusación”. Pero la acusación particular solicitó cuatro años y seis meses de prisión, 2.700 euros de multa y el pago de una indemnización de 3.000 euros por daño moral, que ahora ha rechazado la  Audiencia por falta de pruebas.