El abogado Agustín Martínez, que representa a cuatro de los cinco jóvenes condenados a nueve años por abusos sexuales a una joven de 18 años, ha anunciado este miércoles que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), ya que a su juicio este tribunal "ha dictado una resolución salomónica y ha trasladado la pelota a Madrid", al Tribunal Supremo.

El letrado ha explicado con esta sentencia el tribunal ha pretendido que la cuestión "termine por fin en Pamplona, y que Pamplona deje de hablar de la Manada y ahora decidan ustedes en Madrid", ha dicho el letrado, que ha estimado que el fallo "ha dejado las cosas exactamente igual que estaban y ha dejado igual de insatisfechas a todas las partes".

Martínez ha reconocido que si en la anterior sentencia uno de los magistrados había considerado que los cincos sevillanos deberían ser absueltos, ahora hay dos que entienden que deberían ser condenados por un delito continuado de agresión sexual, y ha concluido que "lo mejor que puede pasar es que este caso salga de la jurisdicción de Navarra, donde hay una absoluta presión y el Palacio de Justicia de Pamplona ha estado ahogado por la presión externa, y que sea el tribunal Supremo el que resuelva de forma técnica".

La defensa de cuatro de los acusados considera que los jóvenes podrán seguir en libertad provisional, una decisión que adoptó la Audiencia de Navarra, hasta se pronuncie el Tribunal Supremo, por lo que mientras tanto "no debe pasar absolutamente nada, que se mantenga la situación de libertad en la que están. La situación no ha cambiado absolutamente en nada, sigue presumiéndose la presunción de inocencia, y no debe cambiar su situación personal hasta que no haya una sentencia firme", ha dicho Agustín Martínez.

Agustín Martínez dice que los acusados seguirán en libertad provisional hasta que se resuelvan los recursos en el Tribunal Supremo

La Audiencia de Navarra dictaminó una serie de medidas que se están cumpliendo y no debe existir ningún cambio en su situación personal, ha agregado.

Con respecto a lo que puede suceder en el Tribunal Supremo, Martínez ha destacado que este tribunal "puede modificarlo absolutamente todo, vamos a discutir la valoración de los hechos probados, técnicamente los delitos por los que se condena", ha asegurado el defensor, que ha argumentado que "el mundo del Derecho no es el de las matemáticas, se habla del prevalimiento y la intimidación, nos movemos con las armas que tenemos el código penal y la ley de enjuiciamiento criminal, y las valoraciones son subjetivas".

El letrado, que aún no ha tenido tiempo para leer los 104 folios de la sentencia, ha destacado que están ante una situación en la que entendían "que se había vulnerado el principio acusatorio, nadie se ha defendido del prevalimiento. Veré la sentencia y la valoración que ha hecho el tribunal".

También ha afirmado que "ojalá se dé valor al vídeo" en el Tribunal Supremo porque, a su juicio, "el vídeo es algo evidente de que no existe ni una cosa ni la otra; son los elementos periféricos los que dan lugar a que se contemple por nuestra parte una sentencia absolutoria".

Por último, ha rechazado el argumento del fallo de que la presión mediática no ha causado indefensión. "No se puede decir que no ha habido presión mediática, el tratamiento mediático ha sido completamente diferente en función de la nacionalidad y de otros asuntos más graves que han pasado desapercibidos. En este caso durante los tres primeros meses hubo una especie de cacería y ha habido telediarios que decían que había videos en los que se introducía a la chica por la fuerza en el portal o que se le había dado burundanga. Y los jueces no viven en una isla", ha aseverado.

El letrado ha dicho que es "curioso" que los cinco magistrados dijeran que no ha habido presión mediática cuando, por ejemplo, hubo que interrumpir una sesión del juicio por una manifestación a las puertas del Palacio de Justicia, o hubo un intento de entrar en el Palacio de justicia, o que el magistrado de la Audiencia de Navarra que emitió el voto particular pidiendo la absolución ha tenido que ser escoltado por la Policía Foral, ha concluido.