La Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía aprobada por la Junta de Andalucía a finales del pasado año persigue blindar la sanidad andaluza de una serie de amenazas que, como la privatización, el copago o la insuficiente financiación, parecen esperar alguna señal de debilidad en su formidable coraza defensiva de Despeñaperros para invadirnos y arrasar con todo. El problema es que mientras que nos preparamos para defender nuestros sagrados principios de igualdad, gratuidad y universalidad, el sistema se desmorona por dentro, en parte por los recortes de la propia Junta, lo que lleva a preguntarnos si la sostenibilidad de la sanidad pública andaluza no estará más necesitada de reformas internas que de blindajes como el que pretende esta ley. No sé si se trata de un problema de gestión ineficiente o de inviabilidad del propio modelo, pero lo cierto es que las manifestaciones de Granada y otros lugares han conseguido levantar un clamor de indignación ante el deterioro de los servicios y de las condiciones de trabajo, el desplome de la inversión y el aumento las listas de espera.

La ley que viene a blindar el sistema aparece, por tanto, al mismo tiempo que las grietas que amenazan con tumbarlo y que han comenzado por cobrarse las primeras dimisiones en la cúpula de los responsables, además de abrir las primeras escaramuzas políticas de alto nivel. La presidenta de la Junta comienza por negar la mayor, denunciando la naturaleza política del conflicto y acusando a la oposición de oportunismo, pero los hechos son tan graves que la vulnerabilidad de los más necesitados no deja de aumentar, provocando la quiebra del principio de igualdad, al tiempo que escapa hacia la sanidad privada todo aquél que puede permitírselo.

También ha aumentado la diversidad entre los modelos autonómicos, agravando el problema de la desigualdad y recordándonos que no estamos ante un conflicto exclusivo de la sanidad andaluza. La Comisión Europea señalaba el pasado mes de octubre que entre 2009 y 2013 el gasto sanitario en España se redujo en 12.000 millones de euros, poniendo fin a una etapa de expansión descontrolada entre 2003 y 2008, cuando el crecimiento fue del 4,1% anual. Aparentemente, y al margen de los problemas de gestión y las tensiones políticas, detrás de todo existe un problema de insuficiencia financiera que amenaza la sostenibilidad de unos sistemas públicos de salud que se levantaron con el apoyo de fondos europeos, pero que ahora deben ser mantenidos con los recursos propios de cada comunidad. En realidad se trata de un problema similar al del conjunto de un sistema de bienestar igualmente necesitado de reformas de calado, no solo para su viabilidad, sino también para ser útil. La sanidad es una de las piezas más urgentes, pero también la educación, los servicios sociales, las pensiones, etc., todos ellos sometidos a tensiones cada vez mayores como consecuencia de la crisis, la demografía o la nueva economía y sus consecuencias sobre los parados afectados por la desaparición de empleos tradicionales y amenazados de exclusión del mercado de trabajo.