Análisis

Joaquín Aurioles

El atraso sanitario andaluz

El estrés sobre el sistema de salud durante los últimos meses deja como enseñanzas que no estábamos preparados para atender emergencias de dimensiones extraordinarias y que un plano particularmente complejo de precisar en la planificación sanitaria es el equilibrio entre seguridad y eficiencia. Esta última exige ajustar la dimensión del sistema a las necesidades normales de la población y evitar recursos ociosos, pero la seguridad obliga a encontrar soluciones de respuesta inmediata ante situaciones de emergencia. El Gobierno ha dotado un fondo de 16.000 millones de euros para ayudar a las comunidades autónomas en sus tareas de reconstrucción, la mayor parte del cual, 9.000 millones, se repartirá en función del impacto sanitario del Covid-19, contra el criterio de la Junta de Andalucía, que se siente perjudicada por relegar a un segundo plano el tamaño de la población.

Según la Junta, lo que corresponde ahora no es actuar frente a la pandemia, sino recuperarse de sus consecuencias y que esto debería llevarnos, dentro del plano sanitario, a la evaluación de las capacidades del sistema y al terreno de las políticas económicas y sociales. En este sentido, Andalucía no solo está por debajo de la media española en la mayoría de los indicadores de referencia, sino que es la peor dotada de todas las comunidades en los principales indicadores sanitarios.

El número de camas hospitalarias lleva décadas descendiendo. A principios de los 90 había, según el INE, 33,2 por 1.000 habitantes en Andalucía (42,2 en toda España), que descendieron hasta 29,8 en 2000 (35,9 en España) y hasta 24,1 al inicio de la crisis financiera, en 2008 (31,9 en España). Los datos más recientes del Ministerio de Sanidad, referidos a 2018, indican que Andalucía (21,9) ya es la comunidad peor equipada de España (29,8). También la que cuenta con menos médicos especializados (1,62 por 1.000 habitantes, frente a 1,98 en España) y enfermeros de atención primaria y especializada (0,57 y 2,89, respectivamente, frente a 0,66 y 3,45 en España), mientras que comparte con Canarias y Murcia el peor dato de médicos de atención primaria (0,75 por 1.000 habitantes, frente a 0,77 en España).

El lamentable estado de los indicadores sanitarios de Andalucía se completa con los de naturaleza financiera. La fuente sigue siendo el Ministerio de Sanidad, aunque en esta ocasión referida a 2017, y vuelve a situarnos a la cola de las comunidades autónomas en gasto sanitario público por habitante. 1.199,24 euros en Andalucía frente a 1.411,6 en toda España, que suponen un 41,1% menos que el gasto por habitante en País Vasco y un 37,7% menos que en Navarra, aunque también un 36,8% menos que en Asturias y un 35,7% menos que en Extremadura.

Las evidencias sobre las desigualdades aumentan con la introducción de otros indicadores, como los sueldos del personal, pero bastan estos datos para entender que también seamos los andaluces los más insatisfechos con el sistema de salud (6,15 frente a 6,57 en España en 2018). Lo que más sorprende es que el gobierno esgrima razones sanitarias para repartir los 16.000 millones, pero ignore la desigual distribución actual de los recursos.

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