Análisis

José Ignacio Rufino

Las cuentas del gran catalán

En 1985, Cataluña vendía el 60% al resto de España y el 40% al extranjero; hoy es al revés: a otras autonomías va del 30% al 40%. La manoseada 'solidaridad' da alas a tensiones entre ciudadanos y regiones

El que sigue es un artículo recurrente -su asunto, al menos- en este recuadro semanal desde hace unos quince años. Tiene sentido volver a ello con frecuencia, una frecuencia acompasada con el origen contemporáneo y la eclosión del procés con que el catalanismo independentista ha captado la atención permanente de toda España, a veces con interés; otras con temor, indignación, desprecio o hastío. Dejemos claro desde el principio que el epicentro de esta sacudida que no cesa por una asunto vestido de identidad y nación es económico. Las relaciones de la Cataluña política y empresarial con el Estado del que forma parte desde hace varios siglos se han movido por lo económico y lo financiero: los mimos y privilegios desde Fernando el Católico a Franco, el hiriente camelo vestido de balanza fiscal del "España ens roba", los aranceles proteccionistas con los que se obligaba al español desde el siglo XVII a comprar paños de telares catalanes, más caros que los franceses y británicos y de menor calidad (acudan al Stendhal, 1839). Detrás del envidiable desarrollo industrial catalán está ese cabildeo histórico reforzado por la amenaza del nacionalismo, más que ninguna laboriosidad genética, laboriosidad que a mucha honra -y repito, de la mano de lo anterior- se ha desarrollado en el nordeste de la Península ibérica. Ahora, el asunto es en esencia y con mayor o menor disimulo también económico. Un dato: al adherirse España a la Comunidad Económica Europea en 1986, las exportaciones catalanas eran en un 60% al resto de España, y el 40%, pues, al extranjero. Hoy las proporciones son justo al revés, y la mundialización comercial acentúa este otro procés. España ya no es fundamental. Es una rémora, si atendemos a la pela. A la Noruega mediterránea le sobran los hermanos históricos y geográficos. Sobre todo, los pobres. Quién quiere parientes pobres. Recuerden la frase de Artur Mas: "Cuando hayamos pagado la solidaridad". He ahí el veneno que inocula el envenenador político.

Solidaridad es un término blandiblú y de mucho uso farisaico. Para lo que nos ocupa prefiero mil veces el de redistribución fiscal. No sólo se redistribuye la riqueza por motivos de filantropía nacional, ni siquiera por otros constitucionales, sino porque es de justicia y, lo dicho, de ley. Hay también motivos históricos como los mencionados, y otro subyacente e ignorado: la balanza fiscal (impuestos exaccionados en un territorio menos inversiones estatales en el mismo, aunque en su cálculo no hay ni rastro de acuerdo entre los expertos) proviene de otra comercial (lo que se exporta menos lo que se importa en cada región de un mismo Estado) y de otra financiera (¿dónde invierte su banco mayor proporción de dinero de los depósitos, lector?).

Hay una tercera línea de reflexión sobre este tema, tan fullero como irritante. Llevado a lo individual e infinitesimal, a usted le roba quienes pagan menos impuestos que usted -o ninguno-; a ustedes, vecinos de barrios señoriales o medios, les roba la gente de barrios pobres, ¿no es así? Si así lo cree, los impuestos son en sí mismo un robo, perspectiva de no pocas personas con éxito económico, altos salarios, privilegios laborales o herencias y rentas suertudas. Si, con menos matraca de odio hacia la casa común, el Estado, usted cree que es justo y normal en un país limitar las desigualdades y favorecer el mérito y la permeabilidad social (el primer Duque de Alba quizá no fuera tan aristocrático, era probablemente sólo un tipo listo), entonces usted cree en una política para el desarrollo social y en un país decente. Que los Estados se rijan mejor o peor y que haya subsidios para granujas -los que haya y quienes lo sean- es otro asunto. Que no vale como fachada y ariete que oculta otras cosas.

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