El conseller de Empresa expresó sus dudas de que se pueda celebrar el referéndum y su preocupación por el futuro de su patrimonio familiar si Puigdemont sigue empeñado en la proclamación de independencia.

Al president no le están saliendo las cosas como pensaba y, a pesar de que se declara insumiso ante las sentencias del Tribunal Constitucional, las leyes españolas, la Carta Magna y las decisiones del Gobierno central, está acorralado. No encuentra urnas porque los proveedores tienen miedo a quedarse sin negocio ni interlocutores en el mapamundi internacional, los funcionarios no quieren incumplir el mandato del Gobierno por si pierden su empleo, la mayoría de los Mossos recuerdan que están obligados a cumplir la ley, multitud de empresarios dicen que no responderán fiscalmente ante la Agencia Tributaria catalana porque se exponen a cuantiosas multas y muchos alcaldes han dicho que ni sueñe la Generalitat con que van a facilitar espacio y personal para la consulta.

Por si no fuera suficiente, tras la entrevista de Sáenz de Santamaría con el secretario de Estado del Vaticano, éste declaró que el futuro de Cataluña tenían que decidirlo los españoles. Una contrariedad para un Puigdemont con una importante cantera de votos de la antigua CiU, de claras connotaciones cristianas.

El president pretende anunciar hoy su ley del Referéndum y ya se ha filtrado el borrador de la Ley de Transitoriedad para proclamar en unas semanas la República catalana. Debe empezar a preocuparse Puigdemont. A Oriol Junqueras ha tenido que indicarle que aparezca siempre a su lado, lo que el vicepresidente cumple a rajatabla, pero no firma un papel aunque le pongan una navaja en el cuello. Y lo más grave es que de la misma manera que Puigdemont se declara insumiso ante las leyes y sentencias españolas, aparecen en su Govern gestos de insumisión a sus propuestas. Las dudas del conseller de Empresa no son tales, sino un paso atrás en toda regla.

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