La jubilación de la Lofca

LOS focos están centrados en la polémica en torno a la amnistía y, en menor medida, el referéndum a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Entre ambas consiguen mantener ocultas las negociaciones sobre el futuro de la financiación de las autonomías, cuyas consecuencias políticas pueden ser todavía más graves que las anteriores debido a que son los intereses directos del resto de los españoles los que están en juego.

La reacción popular frente a las arbitrariedades gubernamentales para mantenerse en poder (indultos, rebaja de la malversación, eliminación de la sedición, etc.) y las que se esperan para volver a alcanzarlo han sido, hasta ahora, tibias e incluso indulgentes hasta en términos electorales, quizá por la torpe gestión del Partido Popular de su victoria en las elecciones locales y autonómicas. Lo que de particular tiene la introducción de la financiación de las autonomías en la bolsa de negociación por la investidura es la posibilidad del que Sánchez se comprometa a entregar al independentismo catalán lo que previamente deba detraer del resto de las autonomías.

La pasividad ciudadana frente a las concesiones realizadas hasta ahora podría acabar, no solo porque ahora nos afecte directamente al bolsillo o porque se perciba que la otra cara de la moneda del privilegio de unos sería el perjuicio del resto, sino también, y quizá sobre todo, porque ahora el poder político en los territorios es mayoritariamente controlado por el PP, lo que supone un potente arsenal institucional para despertar la conciencia ciudadana entre los perjudicados.

La Lofca (Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, de 22 de septiembre de 1980) es el pilar sobre el que se levanta el vigente sistema de financiación autonómica y conviene recordar que, para evitar el conflicto con las referencias financieras incluidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se aprobó en 1979, lo que hizo la Lofca fue adaptarse a lo allí establecido. Resumamos sobre la naturaleza política de la Lofca señalando que se trató de una iniciativa, admitamos que afortunada, para la coordinación de las haciendas estatal y territoriales, ante la avalancha de incidencias previsibles en materia de financiación que habría de suponer la promulgación de los diferentes estatutos de autonomía.

Además del de coordinación, otros principios, como los de suficiencia, equidad, autonomía financiera o solidaridad, quedaron establecidos para servir de guía al desarrollo del sistema. Más tarde vinieron otros, como el de corresponsabilidad fiscal, con motivo de sucesivas cesiones de tributos a las comunidades autónomas, y modificaciones de los anteriores, normalmente a partir de exigencias del nacionalismo catalán. Entre las más recientes, a raíz del acuerdo de 2009, la de diciembre de ese mismo año por la que se establece un nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos fundamentales. Se presentó como un avance en materia de equidad y solidaridad, porque obliga a su prestación en condiciones de igualdad en la totalidad del territorio nacional, pero en la práctica supuso la quiebra de ambos principios porque limitar la consideración de servicios púbicos fundamentales a la sanidad, la educación y la asistencia social, significó excluir de la base equivalente de financiación al resto, como el transporte, la vivienda o la seguridad.

El acuerdo de 2009, todavía vigente, catorce años después, salió adelante con el respaldo unánime de las comunidades, pese a los graves errores de diseño, que ya permitían prever el desastroso desarrollo posterior. Se consiguió gracias la creación de diferentes fondos que permitieron un generoso reparto de dinero que satisfizo las exigencias del momento de todas las comunidades, pero de consecuencias muy negativas en su desarrollo durante los años posteriores. El nuevo acuerdo nació sin fecha de vencimiento, pero en ya en tiempos de Mariano Rajoy eran evidentes los fallos de funcionamiento y la necesidad de jubilarlo cuanto antes, pero ni sus gobiernos ni los posteriores de Sánchez, supieron encontrar el momento político adecuado para llevarlo a cabo. El problema se acentuaba con el paso del tiempo, pero el nacionalismo catalán también apretaba cada vez más y obligaba a aplazamientos sucesivos de la solución.

En la bolsa de negociación para la investidura de Sánchez está incluida la financiación autonómica y probablemente también el acuerdo para una relación bilateral con Cataluña en materia de financiación y la condonación parcial o total de su deuda con el Estado. La ausencia de transparencia impide verificarlo y el foco mediático sobre la amnistía y el referéndum facilita la ocultación, pero todo parece indicar que el chantaje catalán en este terreno impedirá resolver el atasco de la financiación autonómica, mientras no se encuentre una solución satisfactoria para el independentismo al problema financiero catalán. En juego está la investidura de Sánchez, pero también la supervivencia del modelo Lofca, que difícilmente podrá salir con vida de la actual coyuntura política.

Tanto si el independentismo consigue del PSOE sus pretensiones de pacto fiscal con el Estado, como si no lo hace, el sistema creado por la Lofca podría tener sus días contados. Si no las consigue, porque, pese a la pérdida de apoyo popular, la aritmética parlamentaria hace que su capacidad para torpedear cualquier tipo de acuerdo se encuentre en máximos históricos, salvo un esfuerzo improbable, porque condenaría al fracaso la investidura de Sánchez, ente los dos grandes partidos para un acuerdo en esta materia. La alternativa, el acuerdo para el pacto fiscal, también supondría el fin de la Lofca porque significaría que tanto sus principios inspiradores como su vocación de coordinación se habrían venido definitivamente abajo. En uno y otro caso, habría que ir pensando en fórmulas alternativas que deberían ser más sencillas, menos dependiente de las transferencias del estado, es decir, mayor autonomía financiera, y definitivamente integrado en el contexto de la reforma fiscal que también está por llegar.