Análisis

Gumersindo Ruiz

Una solución compleja para las pensiones

No caigo en un problema matemático para cuya solución no se recurra a una partición del mismo. Los problemas complejos, matemáticos o no, hay que abordarlos dividiéndolos, y elaborando soluciones parciales; cuando la solución de una parte implica una imposibilidad para otra -como, por ejemplo, aumentar déficit público sin generar un incremento de precios, y por tanto del coste real de las pensiones que se pretenden subir-, tenemos soluciones para conseguir un óptimo entre las variables, sujetas a unas restricciones, fiscales o de justicia social.

Hay cuatro grupos o partes a considerar. El primero es dar atributos a los pensionistas, si se trata de hogares con una persona, o dos, viudos (as) o no, con pensión contributiva, patrimonio o ahorros, o sin ellos. Estas situaciones deben ser tratadas garantizando un mínimo de renta por persona, lo que se puede objetivar conociendo la declaración de la renta.

El segundo grupo consiste en trabajar por "añadas" de pensionistas, sus años y salario medios cotizados, y derechos, proyectándolos según la esperanza de vida de cada "añada"; este es un trabajo que hay que actualizar permanentemente. Facilitar una actividad voluntaria remunerada del pensionista, con la percepción íntegra de su pensión, es algo de sentido común.

El tercer grupo es el empleo y el salario medio por hora, que va a determinar los derechos de los futuros pensionistas; la mejora de la productividad es una solución si sus ganancias se reparten bien. El problema aquí puede ser no de pensiones, sino de pobreza, por el paro y las pobres retribuciones que generen pensiones muy pequeñas.

El cuarto grupo, en el que se centran las discusiones, es la financiación. En España el sistema es prácticamente público, con sólo 7,6 millones de personas con planes privados de pensiones, que es muy poco para un país de 46,5 millones; un 75% son individuales y un 25% de empleo y asociados. El patrimonio de estos planes no llega a 110.000 millones de euros, y los individuales suponen una media de unos 9.500 euros por partícipe (para toda una jubilación), y está muy desigualmente repartido. Este sistema es poco atractivo e ineficiente.

El sistema público puede financiarse con cargo a presupuestos anuales, y además con un buen fondo, como tienen muchos países, que se rentabiliza; en su momento, la rentabilidad del fondo de reserva de la seguridad social era en España superior al coste de la deuda pública.

Estos cuatro grupos pueden sintetizarse así: el problema no puede generalizarse, hay que identificar a quienes afecta, cómo, y darles una solución; debe recalcularse permanentemente, según derechos adquiridos y demografía; hay que garantizarlo en el tiempo, con una provisión frente a situaciones de desempleo y crisis, planteándonos el problema de la pobreza laboral; y hay que pensar en una combinación de financiación pública, fondo público de pensiones, y ahorro privado en fondos eficaces.

El debate actual, pese a lo que pudiera parecer, es excesivamente simplista, las soluciones simples son una frustración para la mayoría de la gente, y las respuestas razonables de que poco se puede hacer, no son más que el reconocimiento de un fracaso.

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