la tribuna económica

Gumersindo / Ruiz /

Autonomía y responsabilidad

LA deuda de las comunidades autónomas es una de las cuestiones más serias que se presentan en nuestro complicado panorama económico. Se ha producido simultáneamente la bajada de calidad crediticia de algunas autonomías, entre ellas Andalucía, un pulso con el gobierno sobre el equilibrio presupuestario, y la sentencia del Tribunal Constitucional favorable al control por parte del gobierno central.

El volumen de la deuda autonómica no es en sí tan elevado como para alarmarse, y el gasto que secularmente está comprometido y todavía no contabilizado puede regularizarse si se dispone de tiempo, se reducen otros gastos y se buscan nuevos ingresos. Algunas comunidades como Murcia, Valencia o Cataluña tienen problemas de deuda, y otras como Andalucía de liquidez. El problema sigue siendo la falta de alternativas a corto plazo al sector de la construcción, la imposibilidad de reducir el paro, y con ello malas perspectivas para la financiación pública.

El gobierno central está mostrando una firmeza sorprendente en el control de la deuda y el déficit. Un cálculo excesivamente optimista sobre la recaudación llevó a transferir a cuenta más de lo que efectivamente se ha ingresado, por lo que las comunidades tienen que devolver la diferencia; indudablemente se trata de una mala previsión, pero si había comunidades que estaban tan seguras de que la economía se deterioraba, deberían haber sido más prudentes con ese dinero a cuenta. La refinanciación se va a hacer con préstamos del Instituto de Crédito Oficial, pues la reestructuración de la deuda con plazos más largo está mal vista por los mercados. Andalucía fue la que más recibió y la que más tiene que devolver (más de 1.200 millones en 2012, la cuarta parte del total). Hay, en fin, autonomías, como Madrid, que han presumido de rebajar impuestos y ahora se encuentran con dificultades para prestar servicios a los que están obligadas.

Simultáneamente a estos hechos se da la sentencia del Tribunal Constitucional, desestimando el recurso interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra las leyes de estabilidad presupuestaria. Queda claro, pues, que la coordinación general de la actividad económica y la hacienda es competencia exclusiva del Estado y puede establecer límites a las comunidades autónomas.

Cuatro ideas surgen como reflexión final. La primera, que las autonomías (y los mercados) saben que el Estado tiene mecanismos de control de su deuda, ratificado ahora por el Constitucional. La segunda, que las autonomías tienen la responsabilidad de prestar los servicios sanitarios y educativos que tanto han demandado, dando cuenta a los ciudadanos de cómo lo hacen. Un tercer aspecto es que de poco les sirve instalarse en la queja permanente; tienen que poner orden en sus cuentas reduciendo fuertemente gastos (no basta con algunos gestos simbólicos), y trabajar más eficientemente a favor de las empresas. Por último, hay que asumir que el Estado de las Autonomías es el que constitucionalmente nos hemos dado, con sus luces y sombras forma parte de nuestra realidad y con él tenemos que vivir; desde dentro, las autonomías tienen que acometer no ya reformas, sino una transformación profunda.

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