Blanqueo en Marbella

HOY se aprueba definitivamente el plan general de ordenación urbana de Marbella. Es una buena noticia que una ciudad tan importante tenga una norma legal después de un cuarto de siglo en el limbo. Pero no sale gratis: se van a legalizar unas 16.500 viviendas a todas luces irregulares. Y toda legalización de una arbitrariedad perpetrada contra bienes públicos se hace a costa de la generalidad de los ciudadanos. Sabemos que una banda de aventureros se hizo con el poder en el municipio; que se lucró con los desmanes que permitió: de hecho las viviendas calificadas como ilegales son aproximadamente la mitad de las que en sentido estricto lo eran. Pero a esa otra mitad se le ha pasado la mano.

Esta legalización que hoy culmina blanquea el enriquecimiento de los corruptos. En teoría, los promotores de las viviendas ilegales deberán compensar al Ayuntamiento con solares para equipamientos públicos. Pero muchos se niegan y esta exigencia acabará en los tribunales. Al final, de todas las barbaridades del reinado de Jesús Gil sólo 1.500 viviendas son consideradas como ilegales, pero no hay noticia alguna de que vayan a derribarse. Ni el PP, que gobierna en Marbella, ni el PSOE, que lo hace en la Junta de Andalucía, han querido ir más lejos. Y no por miedo a ser castigados en las urnas. Es que hay una responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento como institución: primero dio una licencia de obra y ahora declara ilegal la vivienda. Aunque las personas que gobiernan la ciudad sean otras, para derribar habría que compensar a los actuales dueños. Así pues, la ratificación del nuevo PGOU en el pleno de Marbella de hoy no es una buena noticia, porque algunos se han ido de rositas.

Hoy también se levanta el secreto del sumario del caso Gürtel y conoceremos el contenido de 50.000 folios de investigaciones sobre la trama corrupta que se creó en torno a dirigentes del PP en varias comunidades autónomas, en particular en Madrid y Valencia. Los beneficiarios se enriquecieron de tal manera que el jefe de la banda, Francisco Correa, tiene escondidos --sólo en Suiza y que se sepa- 22 millones de euros. Los encausados intentan anular las pruebas conseguidas mediante unas escuchas que consideran ilegales. Es el proceso de Marbella, pero al revés, en vez de legalizar viviendas irregulares, se trata de ilegalizar escuchas irregulares. Pero el objetivo es el mismo: irse de rositas.

O pasar página, que es lo que quiere al parecer el pueblo soberano. Una encuesta de ayer daba mayoría absoluta a Francisco Camps en la elecciones autonómicas valencianas del año próximo. Dos tercios de los consultados le dan ya ganador por anticipado, incluida una notable mayoría de los votantes socialistas. El mensaje es simple: sobre lo que pasara con la banda de Correa y El Bigotes, pelillos a la mar.