Clamor en el desierto

LOS ingenieros de caminos de Sevilla han puesto esta semana el grito en el cielo por el abandono que sufren infraestructuras básicas para el desarrollo de la ciudad, en especial el bloqueo al que se ve sometida la ampliación del Metro y la lentitud vergonzosa a la que avanza la ronda de circunvalación SE-40. No les falta razón. Aunque la queja por la escasez de inversiones de la administraciones públicas sea un socorrido argumento para tapar las propias incapacidades y echarles a otros culpas que muchas veces son propias, no hay que ser un analista muy fino para percatarse que en las dos últimas décadas Sevilla no ha estado en el punto de mira inversor ni de la Administración central ni de la Junta de Andalucía. Detrás de ello hay razones políticas que a nadie se le ocultan, pero también la falta de resolución de la ciudad a la hora de defender y hacer valer sus necesidades. La guerra entre administraciones es una constante de nuestra vida pública a la búsqueda de réditos políticos: cuando gobernaba Zoido, la Junta postergaba a Sevilla; ahora que el que manda es Espadas es el Gobierno central el que nos maltrata. El Gobierno regional le echa toda la culpa a Madrid de que aquí no venga un duro y viceversa. Es mucho más fácil tirarse los trastos a la cabeza que gestionar un presupuesto y arreglar problemas y, mientras tanto, Sevilla sigue perdiendo oportunidades y yendo marcha atrás.

El caso del Metro es especialmente sangrante. Que la ciudad disponga de una única línea que le viene de lujo a quien viva en Mairena o en Montequinto pero que no le supone gran cosa al vecino de los Bermejales o de San Jerónimo, o de cualquier otro barrio de la ciudad, se debe exclusivamente a consideraciones políticas. La cultura del agravio que se ha instalado en Andalucía llevó a la Junta a no planificar la ampliación hasta que las ciudades que lo habían exigido, Málaga y Granada, tuvieran también su tren metropolitano. El objetivo era acallar las protestas, y su traducción en votos, en aquellas dos ciudades ante la ofensa imperdonable de que la capital tuviera algo de lo que carecieran malagueños o granadinos. No se entró a considerar otro tipo de argumento técnico o económico. Así estamos y así seguiremos porque la política está por delante de los intereses de una aglomeración urbana de más de un millón de habitantes. No se va a poner un duro en el Metro de Sevilla en los próximos años.

Lo de la SE-40 tiene también un claro componente político. Sevilla es la sede administrativa y la ciudad símbolo de la principal instancia de poder que tienen los socialistas en España y es una factura que se ha cobrado el Gobierno del PP en los últimos cuatro años, aunque durante casi todo este periodo hubiera un alcalde amigo en la Plaza Nueva y el dueño de la llave del Presupuesto, el ministro Montoro, fuera diputado por Sevilla. Tras la operación el Estado que hizo Felipe González con Sevilla en 1992, la Administración central no ha vuelo a mirar para aquí y los ocho años de Zapatero no fueron una excepción. La SE-40 se eternizará porque no hay voluntad política de sacarla adelante y no hay que darle muchas más vueltas.

Pero quizás, y vuelvo al principio, las cosas no serían iguales si Sevilla no viviese instalada en la indolencia y hubiese demostrado dinamismo social y espíritu emprendedor. Lo peor del abandono de las infraestructuras que deberían servir de base para el desarrollo es que parece que a nadie le importa demasiado. Ni el Metro, ni la SE-40, ni el dragado del río y el futuro del Puerto están, junto con otras muchas cosas que condicionan nuestro futuro más inmediato, en las prioridades de la ciudad. Ni de sus autoridades ni de sus ciudadanos. Nos hemos conformado. No duden que el grito de atención que han dado esta semana los ingenieros será un clamor en el desierto.