NO se recuerda una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aglutina al Gobierno nacional y los gobiernos autonómicos, tan serena y fructífera como la del pasado martes. El asunto a debate no podía ser más conflictivo: el control del déficit público y las dificultades financieras de las autonomías. Un recuperado espíritu de colaboración y la nunca bien ponderada lealtad institucional han abierto la vía para atajar ambos problemas. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha llevado al Consejo propuestas que tratan de combinar el rigor y la ayuda a las comunidades. Por un lado, se ha impulsado una línea del Instituto de Crédito Oficial para que los gobiernos autonómicos puedan afrontar los pagos pendientes a sus proveedores, línea que se extenderá a los municipios. Por otro, se ha ampliado el plazo para la devolución al Estado de las cantidades de más recibidas por las autonomías como anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009 y se adelanta la recepción de la liquidación correspondiente a 2010, además de simplificarse las autorizaciones para el endeudamiento de las autonomías. En el lado del rigor, todos los representantes presentes han asumido el compromiso de austeridad en el gasto, aceptando que la nueva ley de estabilidad presupuestaria contemple un capítulo de sanciones a las comunidades incumplidoras, siempre en función del grado de desviación del objetivo de déficit marcado y de la reiteración en el incumplimiento, lo que parece enteramente lógico. Destaca, a este respecto, el acuerdo con estas medidas manifestado por la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, mucho más cercana a los planteamientos de Montoro que a los expresados en las últimas cumbres antes de las elecciones por la entonces vicepresidenta Salgado, siendo ambas militantes del PSOE. Más polémico ha sido, en cambio, el anuncio de Montoro de sancionar penalmente a los gobernantes regionales que despilfarren. Queda pendiente de concretar y debatir.