Difícil, importante y urgente

SERÍA un error pensar que con la compra de deuda por el Banco Central Europeo (BCE) se van a arreglar nuestros problemas. Lo mismo ocurre con la cumbre española-alemana, donde nada se ha resuelto para los intereses de los pequeños y medianos empresarios y trabajadores españoles. Hemos visto mucha política, pero pocas políticas; y ninguna matemática creíble sobre los temas del déficit y la deuda, los gastos y los ingresos públicos.El panorama español está evolucionando de manera negativa; la caída del producto en un 1,6%, de la producción industrial en un 7%, el déficit de la balanza exterior que es el 2,8% del producto, un déficit público del 6,8%, y un paro que se acerca al 25%, hacen que los tipos de interés de nuestra deuda sean altos, respondiendo a las malas perspectivas de la economía, para la que no existe ningún plan ni horizonte alguno. La carga de la deuda no se ha visto hasta ahora afectada significativamente por los tipos de interés; puede parecerlo por comparación con un entorno donde los tipos son extremadamente bajos e incluso negativos, pero el problema es el déficit público, en parte consecuencia de la debilidad de los ingresos por las medidas depresivas que se están tomando sobre la economía, y, sobre todo, de las que no se toman para estimular el crecimiento y el empleo.

Pagar por la deuda pública española a diez años algo más de un 6% es razonable; hay que evitar la especulación, y en la UE preocupa que ponga en peligro la estabilidad del euro, pero no tiene sentido forzar continuamente el mercado. Además, el BCE ya favorece indirectamente la colocación de deuda pública española e italiana, con la inmensa liquidez que proporciona a los bancos (a un tipo del 1%) y que estos invierten en deuda para mantener o distribuir en productos financieros garantizados. El BCE reconoce la deuda española como soberana, digan lo que digan las agencias de calificación, lo que también favorece su colocación. Tiene sentido que los ahorradores reciban una retribución adecuada al riesgo que perciben, y en este sentido la anomalía es el bajo tipo que se paga en algunos países de la zona del euro, que perjudica a los ahorradores de esos países.

La caída de la afiliación a la seguridad social a menos de 17 millones de trabajadores -una cifra similar a la de 2003- supone menos ingresos y un gasto por desempleo de unos 30.000 millones anuales. La reunión con Angela Merkel y los empresarios alemanes, los anuncios del BCE, sólo nos deja una vaga percepción de apoyo en una situación de cuyo deterioro nadie quiere aparecer responsable; de la misma manera que suenan distantes los aplausos a medidas y reformas con las que nadie se compromete, pues nada indica que vayan a dar resultado. Las medidas anunciadas para ganar competitividad resultan superficiales en relación con la magnitud de las reformas necesarias en nuestra política agraria, el uso del suelo y la política de la vivienda, la política industrial, la energética, las infraestructuras logísticas europeas en España, y en fin la reforma de nuestro sistema de financiación, producción y empleo. Esto es lo importante, también lo urgente y lo difícil.