Dislates y escándalos

SI usted es español y le asesinan a un hijo pueden pasarle alguna de estas cosas. Que detengan al presunto asesino y confiese su crimen, pero mienta una y otra vez sobre el paradero del cadáver. Un día dice que está aquí y otro que está allí. Ello obliga a gastar inmensos recursos públicos en lo que al final resulta ser un juego perverso. El cuerpo no aparece. El sufrimiento de los padres se multiplica. Y cuando interviene el ministro de Justicia -como sucedió con las declaraciones del pasado 26 de mayo- lo hace para defender el derecho a mentir de los acusados: "Una persona que está imputada tiene derecho a mentir, quien no lo tienen son los testigos… Y yo defiendo ese derecho porque hoy pasa en este caso, pero mañana me puede pasar a mí y tengo derecho a no colaborar". Estupendo ejemplo, señor ministro. Y no le quiero contar lo que pasa si a la Fiscalía se le ocurre solicitar permiso para pinchar el teléfono de uno de los implicados en el asesinato. En este caso la decisión del juez fue prohibir la intervención telefónica porque "la verdad no puede conseguirse a cualquier precio".

También puede sucederle que asesinen a su hijo de una cuchillada en el corazón, se detenga a los presuntos culpables y dos meses después sean puestos en libertad bajo fianza porque no se tiene la certeza de cuál de ellos asestó la puñalada, aplicándose el viejo aforismo jurídico -según informaba ayer el compañero Jorge Muñoz- que considera preferible que haya cien culpables en libertad a un inocente en prisión. Magnífico aforismo… para una sociedad verdaderamente civilizada (y no se olvide que civilización es el estadio cultural propio de las sociedades humanas más avanzadas por el nivel de su ciencia, artes, ideas y costumbres). Desgraciadamente la nuestra no lo está, o no lo está aún suficientemente, pero se comporta como si lo estuviera.

Es como si con la Justicia sucediera algo parecido a lo del desahogado que se lamentaba: "¡Ojalá pudiera permitirme vivir como vivo!". Ojalá pudiera permitirme legislar y juzgar como legislo y juzgo, podrían decir no pocos de nuestros políticos y jueces que actúan, tal vez por tardío complejo posfranquista, como si vivieran en el mejor de los mundos posibles. El mundo de la Ley del Menor que, por ejemplo, permite que uno de los cuatro secuestradores, violadores, torturadores y asesinos de Sandra Palo -para quien aquello fue sólo "un problemilla"- viva su cómodo programa de libertad vigilada, sólo sobresaltado por su presunta participación en otros delitos, a la espera de que su expediente quede limpio para no obstaculizar su reinserción.