ES evidente que se ha producido un fallo grave cuando el formidable sistema sanitario español no ha impedido que se produzca en territorio nacional el primer caso de infección por el virus del ébola registrado fuera de África, donde la enfermedad ha causado ya más de tres mil muertes. La paciente es una auxiliar de enfermería que trabajó en el dispositivo puesto en marcha para atender a uno de los dos misioneros que fueron trasladados a España tras contagiarse en los países africanos donde desarrollaban una larga y meritoria labor humanitaria, últimamente centrada en ayudar a las víctimas de la epidemia. La primera obligación del Gobierno, en este trance, es tratar de salvar la vida de la sanitaria hospitalizada con todos los síntomas del ébola, vigilar a las otras personas ingresadas y activar los mecanismos necesarios para proteger a su familia, amigos y todas aquellas personas que hayan podido ser a su vez infectadas por un virus que se transmite por vías perfectamente conocidas y concretas. A la vez, las autoridades sanitarias, con la ministra a la cabeza, tienen el deber de investigar el origen de la infección, revisar la corrección de los protocolos de actuación previstos en estos casos, averiguar si se han cumplido o se ha producido alguna vulneración y si ha habido un error o imprudencia humana que haya hecho posible este caso, que ha colocado al sistema de salud español al frente de las malas noticias en el mundo y ante las sospechas de las instituciones internacionales. Finalmente, existe un deber básico de transparencia ante los ciudadanos, que merecen ser informados de los pasos que se vayan dando en relación con todos los aspectos destacados con anterioridad. Es precisamente la transparencia la mejor arma para abortar el miedo y la inseguridad que se han adueñado de la sociedad española debido a la gravedad misma del mal que se le ha presentado de pronto, y también a la alarma generada por opiniones arbitrarias difundidas especialmente a través de las redes sociales. Algunos sectores se han apresurado a exigir dimisiones y depuración de responsabilidades políticas. Equivocan sus prioridades. Lo que se impone en este momento es el esfuerzo por salvar la vida o las vidas en peligro, garantizar que no se extienda la enfermedad e informar a la sociedad española con rigor y serenidad de la evolución de los hechos. Posteriormente habrá que establecer, sin duda, dónde se han producido los fallos y obrar en consecuencia si éstos suponen negligencia o mal funcionamiento del sistema. El Ministerio de Salud tiene, en este contexto, un papel esencial que jugar y tendrá que hacerlo a la altura de las circunstancias. Que son graves, ciertamente.

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