Economía de la corrupción

LA agenda de tribunales sobre temas de corrupción viene cargada para después del verano, pero muchos ciudadanos desconfían de los efectos ejemplarizantes de tanta actividad y de la contaminación mediática a la que se ven sometidos algunos de sus protagonistas. Para los especialista, la corrupción no es la causa de los fallos del sistema, sino una consecuencia, lo que significa que no serán la sentencias de los jueces las que consigan acabar con ella, sino la reparación de las grietas de un modelo social que pierde a raudales su consistencia ética y moral. Son los fallos del sistema los que alimentan la corrupción y no al revés, hasta el punto de que no faltan interpretaciones, seguramente interesadas, que la presentan como una especie de licencia o seguro imprescindible para el desarrollo de ciertas actividades. Siempre podrá recurrir el corruptor a la seguridad de su familia, su empresa o sus empleados, para una justificación ética del incumplimiento de las leyes, sobre todo, cuando se multiplican los casos de corrupción institucional. Visto de esta forma, la corrupción sería el coste que tienen que soportar las sociedades con instituciones ineficientes.

Los partidos están en el centro de la diana y aparentemente dispuestos a aceptar un deterioro todavía mayor de su crédito moral, a pesar de que los españoles ya los consideran como el lastre más importante del país, tras el paro y la crisis económica. Indicios de connivencia con la corrupción aparecen en las descargas dialécticas contra los jueces que se atreven con diligencias que implican a miembros destacados de su partido; en los dirigentes sindicales que, lejos de ponerse del lado de los estafados, se atreven a criticar abiertamente la investigación parlamentaria de asuntos tan oscuros como el de los ERE en Andalucía; en la resistencia a desactivar focos de enchufismo, como las diputaciones provinciales, una vez que caen bajo su control político. Comportamientos tan aparentemente insensatos sólo pueden explicarse por la prevalencia de los costes y beneficios privados o corporativos sobre los sociales en las decisiones políticas. Los juristas sostienen que las leyes que se cumplen son las que producen más beneficios que costes y que si, por ejemplo, el fraude fiscal no se penaliza, es decir, no tiene coste, entonces desaparecen los incentivos para pagar impuestos. También señalan los juristas que las leyes son con frecuencia asimétricas en sus consecuencias y que los costes de información y burocracia son más elevados en proporción para las clases menos favorecidas, que quedan en desventaja frente a las más pudientes. La corrupción debe ser entendida, por tanto, como una consecuencia de los fallos del sistema y vinculada a la posibilidad de intercambiar los costes y beneficios privados con los sociales de las decisiones políticas. Acabar con ella no depende, por tanto, de los jueces, como a veces nos pretenden convencer, sino del saneamiento del sistema político y de la revisión de los incentivos al cumplimiento de las leyes, aunque quizás lo más difícil será que los partidos, claros beneficiarios del statu quo, se impliquen en el impulso.