Gibraltar, la espina de Utrecht

AEspaña siempre le dolió perder este trozo andaluz a consecuencia de una disputa civil. Ni más ni menos que una guerra en la apuesta por tener un rey austriaco o francés que nos costó la rapiña de una parte de nuestro territorio. Hace 300 años, un 13 de julio de 1713, se firmó el Tratado de Utrecht, en el que fuimos comparsas de los intereses británicos y franceses, en un litigio aún no resuelto. Londres siempre supo ir por delante de Madrid, impotente ante las triquiñuelas británicas que tradicionalmente se han impuesto a la oscilante y torpe política española, que nunca supo contrarrestar las maniobras que han servido para que los new gibraltareños se sientan cada vez más fuertes.

Aquella Guerra de Sucesión clavó, en el alma de España, una larga disputa cuyo origen fue la fatalidad, ya que la toma de Gibraltar, realizada en 1704 por una flota angloholandesa, se produjo tras el fracaso británico por hacerse con Cádiz. Al pasar por el Estrecho, el almirante Rooke, que había visitado el Peñón en 1691, sabía de las pocas defensas de la fortaleza, por lo que convenció al verdadero jefe de la expedición, el príncipe de Hesse-Darmstadt, para asaltar Gibraltar, "hasta rendirla a la obediencia del Rey de España". Es decir, se tomó en nombre del candidato Carlos III, Archiduque de Austria, rompiendo las órdenes que llevaban para hacerse con Cádiz: "Señor mío, habiendo llegado aquí por orden de S.M. Católica (Carlos III) con la armada de sus altos aliados no escuso, antes de pasar a la guerra ulterior, que V.E. conocerá su verdad, su interés y la justicia". Si aquellos defensores se hubieran rendido y aceptado a Carlos III como Rey de España, la historia de Gibraltar hubiera sido otra. Unos pocos cientos de defensores ante 55 navíos de línea con 25.000 hombres, entre marineros y tropa. Desembarcaron 9.000 británicos rompiendo la línea defensiva, saqueando la ciudad, que a partir de entonces quedó en manos de los invasores.

Los asuntos geoestratégicos cambiaron cuando el Archiduque Carlos fue nombrado Emperador del Sacro Imperio, dejando el camino franco a Felipe de Anjou -el nieto de Luis XIV de Francia- para convertirse en Felipe V de España. Esto acercó a Gran Bretaña y Francia, que iniciaron negociaciones de paz, siendo el objetivo francés acabar con una guerra que vaciaba sus arcas y a la vez debilitar a España, para que ante cualquier amenaza se viera obligada a solicitar la ayuda gala. Inglaterra, que siempre buscaba puntos estratégicos en su expansión colonial, vio cómo Gibraltar le servía para controlar el Estrecho y abastecer sus barcos en sus rutas por el Mediterráneo y sobre todo hacia la India. Los intentos de bloqueo y recuperación del Peñón se sucedieron, terminando en fracaso invariablemente.

España contó poco en aquellas negociaciones entre el Reino Unido, que en teoría había sido derrotado en la Península, y Francia, la potencia que logró imponer su hegemonía en el continente. Ésta se aseguró todas sus pretensiones en la firma de los tratados del 11 de abril de 1713, no permitiendo hasta entonces la intervención de los embajadores españoles, el duque de Osuna y el marqués de Monteleón. Concesiones continuas a las potencias en litigio que supusieron para España la pérdida de Sicilia, Flandes, el Milanesado y Nápoles, y la entrega de la colonia de Sacramento a Portugal. Concesiones que, ante las peticiones de las otras naciones, en realidad negoció Francia y no España. Pero el gran problema fue la firma del Tratado de Paz entre España y Gran Bretaña, en julio de 1713. Utrecht fue negociado sin la presencia inicial de representantes españoles, excluidos por la pretensión del nuevo rey, Felipe V, de mantener la unidad de todos los territorios españoles. Así que a partir de enero de 1712 la cuestión de los tratados quedó bajo lo que se decidiera tras el armisticio franco-británico, sin considerar que afectaba a territorios españoles. Los británicos, que no habían reconocido al monarca Borbón, utilizaron este argumento para quedarse, a la hora de la verdad, con Menorca (que sería recuperada tras 69 años) y Gibraltar. Gran Bretaña reconoció a Felipe V, pero España no sólo se vio obligada a reconocer a su reina Ana, también inmersa en luchas sucesorias, sino que dio facilidades para el mercado de esclavos negros en la América española y rompió el monopolio del comercio español en América, con la introducción de un navío de permiso; y por último entregaba Menorca y Gibraltar. Lo que se había tomado en nombre de un candidato a la corona de España ahora pasaba legítimamente a propiedad de Gran Bretaña. Felipe V en aquella firma hizo constar su condición de Rey de Gibraltar, título que aún hoy ostenta la corona española.

Gibraltar se convirtió rápidamente en el símbolo del poder británico frente a un imperio español que aún contaba con enormes extensiones en América. Si para unos era la prueba de su esplendor, para otros significaba el inicio de la decadencia. Gran Bretaña no sólo rehusó devolver Gibraltar, aun cuando sobre el tapete diplomático estuvo el intercambio con algún punto americano, e incluso con Ceuta; sino que aprovechándose de la debilidad española extendió sus dominios sobre el istmo, que España nunca cedió y donde hoy se encuentra su aeropuerto. En tiempos más recientes ha agrandado su territorio sobre las aguas de la bahía. La política de hechos consumados ha sido utilizada por los ingleses para extender sus dominios en el hinterland gibraltareño.

El éxodo de los gibraltareños fue inmediato, estableciéndose los expulsados en las poblaciones cercanas y creando San Roque, en donde se conserva la bandera y pendón originario de Gibraltar, siendo el único caso en Europa en el que dos poblaciones tienen los mismos símbolos. España considera que, en la cuestión de Gibraltar, en el artículo X de Utrecht, cedió la propiedad y el uso del territorio de la ciudad, desde las murallas de la antigua ciudad hasta Punta Europa, en el sur mirando a Marruecos, mientras que se reservaba la jurisdicción territorial, algo que no comparten los británicos. La frase en inglés the full and entire propiety la interpretan como sinónimo de soberanía. El artículo X de ese Tratado, firmado el 13 de julio de 1713, ha enfrentado durante 300 años a España y Gran Bretaña, teniendo a lo largo de la historia una gran trascendencia política y diplomática. La redacción de ese punto del Tratado se ha prestado a interpretaciones antagónicas que aún interfieren en las relaciones entre los dos países litigantes. El hecho de que el Tratado esté redactado originariamente en latín, y las distintas concepciones del derecho anglosajón frente al español, han venido marcando las diferencias de interpretación.

En 2007 entrevisté al historiador Sir John Elliot, quien me reconocía que "siempre hemos tenido el problema de Gibraltar como una espina terrible en las relaciones entre España y Gran Bretaña. Todo va bien y en un momento clave surge de nuevo el problema de Gibraltar. Y no se puede resolver sin la participación de los gibraltareños en el debate. Tenemos ciertas obligaciones hacia esa población". La cuestión ha girado de tal forma, que en la actualidad el contencioso pasa para los británicos por respetar los deseos de la población. La base militar que se creó en la Roca necesitaba mano de obra, con lo que la población de la colonia, según el historiador Isidro Sepúlveda, se llenó de "españoles, portugueses, genoveses, malteses, magrebíes, sirios, sefardíes y unos cuantos ingleses que, más allá de la guarnición militar, se dedicaron a hacer de Gibraltar un emporio comercial y después un centro financiero internacional". Población de aluvión que hoy aspira a reivindicar el derecho de autodeterminación.

Aquella base militar que Hitler quiso ocupar en la llamada Operación Fénix cambió radicalmente al término de la Segunda Guerra Mundial. Franco confiaba en que los británicos le reconocieran el papel neutral de España, cosa que no consiguió. El regreso de los civiles que se habían dispersado en la diáspora comenzó a transformar la vida social y política del Peñón. Habían sido distribuidos por distintos puntos del Imperio ante el temor del ataque alemán y al regresar comenzaron a organizarse tratando de promocionar instituciones políticas propias. En 1946, en aplicación del capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas, el Reino cambió su estrategia denominando a Gibraltar como "territorio no autónomo", tratando de lograr que la situación gibraltareña fuera considerada de naturaleza "colonial", lo que no consiguió. Según me confesó Fernando Olivié, diplomático que formó parte del equipo negociador español en la ONU, en los años sesenta, "ahí es donde comienza el conflicto moderno. Cuando los británicos llevan a Naciones Unidas la cuestión, al considerar a Gibraltar como una colonia y no como una base militar, que es lo que jurídicamente era".

Franco desplegó toda su artillería diplomática, logrando que el 18 de diciembre de 1968 la ONU emitiese su resolución 2429 (XXIII) instando a la potencia administradora a poner fin a la situación en la Roca antes del 1 de octubre de 1969, declarando contraria a la Carta de las Naciones Unidas la situación colonial de Gibraltar, basándose dicha resolución en que dicha situación destruye la unidad nacional y la integridad territorial de España. Los hechos jurídicos esgrimidos aclaraban que la situación colonial es incompatible con el párrafo 6 de la Resolución 1514 (XV) de 1960 sobre descolonización en general. Es decir, no hay lugar a considerar a Gibraltar una colonia, como territorio a descolonizar, por lo que no se puede aplicar el derecho de autodeterminación. Gibraltar tuvo sus representantes en los debates del Comité Descolonizador, pero San Roque, "donde reside la de Gibraltar", como heredero del Gibraltar exiliado en el siglo XVIII, también participó. Pesaba el Tratado de Utrecht, lo que los actuales gibraltareños consideran un anacronismo. Los británicos, que habían fracasado en sus pretensiones en la ONU, pusieron a partir de entonces toda clase de obstáculos esgrimiendo la naturaleza absolutista del régimen de Franco y se dedicaron a favorecer los estatutos políticos de la Roca, para interferir en la solución del conflicto, lo que enfureció al caudillo, que mandó cerrar la verja en 1969. Los gibraltareños no sólo fomentaron sus propios partidos políticos, sino que la Administración local comenzó a pasar a manos civiles, con Parlamento y Gobierno, y dotándose de una Constitución.

La ONU sostiene que debe primar el derecho de integridad territorial (a favor de España) frente al derecho de autodeterminación, si bien advierte que hay que negociar considerando los "deseos" de los gibraltareños, lo que complica la solución. Desde aquel momento, los gibraltareños comenzaron a rechazar la posibilidad de pertenecer a España por dos motivos: por la democracia que tenían como ciudadanos británicos frente a la dictadura y por el alto nivel económico de que disfrutaban frente a la pobreza de la posguerra española. España nunca ha sabido qué hacer para recuperar este trozo andaluz, frente a la obstinada resistencia británica. La política errática de los distintos gobiernos democráticos españoles no ha servido para cambiar la postura británica.

El actual Gobierno ya dejó su impronta sobre la cuestión cuando el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, aprovechó su primera rueda de prensa en Estrasburgo, para espetar sin rodeos a su ex colega británico, el eurodiputado Charles Tannock, aquello que tanto habíamos oído en tiempos de Franco: ¡Gibraltar, español! En Gibraltar el nuevo Gobierno laborista tampoco ha puesto las cosas fáciles, como confirman los distintos desencuentros en la cuestión de las aguas que rodean al Peñón. Atrás quedan los procesos diplomáticos abiertos en este siglo y que dieron alguna esperanza. Ni la soberanía compartida, propuesta por Tony Blair y José María Aznar, en 2002, en lo que fue solo un borrador de intenciones; ni el Foro Tripartito de Diálogo fomentado por Zapatero han cuajado. Al menos, en el primer caso el asunto se trató al más alto nivel entre los dos gobiernos, británico y español, mientras que el Foro sólo sirvió para considerar cuestiones técnicas sobre asuntos menores.

El marco diplomático en la recuperación de Gibraltar recibe hoy una respuesta autista de las autoridades británicas, que se sacuden la responsabilidad apoyando el derecho de autodeterminación que demandan los británicos residentes en Gibraltar. Éstos, sabedores del apoyo de Londres, actúan tradicionalmente bajo el paraguas de los hechos consumados, consiguiendo cada vez más reconocimientos y autonomía respecto a la metrópoli. Cuestión de poder, porque hay que recordar cuando Geoffrey Howe, siendo secretario del Foreing Office, dijo aquello de que "Gran Bretaña solo devolvería Gibraltar a España cuando España fuera China".