Movilidad para el empleo y la empresa en Europa

DOS acontecimientos nos ha deparado la semana. Uno, el debate sobre competitividad en la Unión Europea, con un principio de acuerdo para estabilizar las finanzas públicas, hacer frente común frente a los mercados agresivos, armonizar la competitividad entre países y regiones de la Eurozona, e impulsar la formación, investigación e infraestructuras. Hay un programa de seis puntos que consiste en evitar que los salarios afecten a la competitividad, favorecer la movilidad interna de la mano de obra, armonizar los impuestos a las empresas, adaptar las pensiones a la evolución demográfica, limitar la deuda pública e intentar controlar el sistema financiero. En su visita a España, Angela Merkel ha insistido en algunos puntos de este programa, que es tanto una propuesta de la Comisión Europea, como un compromiso de los distintos gobiernos.

Resulta relativamente fácil el diseño de la política económica; lo difícil es el día a día, donde nos encontramos que los asalariados no se sienten responsables de la organización de sus empresas y de la productividad; moverse dentro de la Eurozona es complicado porque mucha gente no está dispuesta a realizar el esfuerzo que supone dominar otros idiomas; parece imposible que políticos y funcionarios se comprometan con la actividad empresarial eliminando trabas administrativas; y, en fin, no hay forma de mejorar en la práctica la financiación a la pequeña y mediana empresa.

El otro tema ha sido la presentación por parte del secretario de Estado de Economía, en Londres, de un informe titulado: España: medidas de política hacia un crecimiento sostenido y equilibrado, donde se argumenta, en una primera parte, que las reformas emprendidas están funcionando, sobre todo en relación al sistema financiero y las reformas en el mercado de trabajo (incluyendo el anuncio de que se dará flexibilidad en marzo a las empresas para firmar acuerdos propios, fuera de los colectivos). También se habla de reformas en los mercados, reduciendo la regulación e intervención administrativa. En un segundo capítulo se defiende la capacidad del Gobierno para controlar el presupuesto, incluyendo el de las autonomías. Ésta es la parte más amplia, porque se trata de dar confianza a los inversores en deuda española, y de hecho ha debido resultar convincente porque la deuda se colocó el jueves a medio punto menos que en la subasta anterior.

Sin embargo, en el tercer capítulo sobre crecimiento, se pasa por encima del problema del sector inmobiliario dando por supuesto que algún día se ajustará; éste es el núcleo del problema, y resulta difícil explicar cómo va a crecer la economía y generar empleo mientras otras actividades sustituyen a la construcción. Con los datos del cuarto capítulo sobre la gestión de la deuda, se despejan dudas sobre la liquidez y capacidad de refinanciarse del tesoro. En fin, el informe ha dejado tranquilos a los inversores en deuda respecto a la solvencia de España y su sistema financiero, pero desde el punto de vista del empleo y la armonización de la productividad, no se desprende de él otra alternativa que la movilidad de la mano de obra, y también de las empresas, dentro de la UE.