Paro, sector público y corrupción

SEGÚN Eurostat, la oficina europea de estadística, Andalucía es la región con más paro de la Unión Europea y, por lo tanto, también de España. También es la comunidad donde han tenido lugar los casos más bochornosos de corrupción política y seguramente también una de las regiones donde el sector público resulta más asfixiante para el ciudadano. Lo acredita la endeblez del sector privado en nuestra economía, pero sobre todo el desmoronamiento de instituciones llamadas a desempeñar un papel crucial en la autonomía, como las organizaciones empresariales y sindicales o las cajas de ahorro, pero que han terminado diluyéndose ante el extraordinario poder corrosivo de la política en sus órganos de gobierno.

Paro, sector público y corrupción eran los temas de ineludible referencia en el debate de investidura, y en parte es lo que ha ocurrido. Las 29 primeras iniciativas propuestas por la candidata tienen que ver con la corrupción, lo que da una idea de la magnitud del problema y de la importancia que le conceden los grupos políticos. Más difusas han sido las referencias al sector público y a la lucha contra el paro. El anuncio de reforma en profundidad de las administraciones públicas suena al que ya se hiciera en la anterior investidura sobre la creación de un grupo de trabajo para auditar al sector público andaluz y elaborar propuestas para la supresión de lo superfluo, pero del que nunca se llegó a saber nada más. Menos convincente todavía resulta la propuesta de reducir en un mezquino 10% el número de altos cargos y eventuales, cuando todavía está por resolver el asunto de los más de 20.000 contratados laborales, con ostensibles sospechas de enchufismo, en entidades dependientes de la Junta de Andalucía, afectados por aquel Decreto de julio de 2010 sobre "medidas urgentes para la reordenación del sector público", dictado por el ex presidente Griñán y pactado con CCOO y UGT.

Pero si la incredulidad sobre la reforma del sector público se debe a la desconfianza en la voluntad política de llevarlo a cabo, el de la lucha contra el paro tiene que ver con la manifiesta incapacidad durante más de dos décadas de encontrar recetas eficaces. Tanto en el discurso de la candidata como en el conjunto del debate las referencias al tema han sido indirectas. Por un lado, vías tan grandilocuentes, y a la vez tan vanas en la práctica, como el apoyo al emprendimiento o al gasto en I+D. Por otro, los incentivos fiscales que insisten en la miopía de considerar que el problema del desempleo en Andalucía radica en la insuficiencia de la demanda.

Otros temas, como la divergencia con el resto de España y Europa, o el aumento de la pobreza y la exclusión social, han sido prácticamente ignorados, aunque convendría recordar a los escépticos y decepcionados que, en un sistema parlamentario como el nuestro, la responsabilidad política del ciudadano finaliza con el depósito del voto. La palabra la tienen ahora nuestros representantes, es decir, las cúpulas de los partidos, y es razonable sospechar que las posiciones, ya definidas o por definir, van a ser bastante independientes del contenido del discurso de investidura de Susana Díaz.