LA grotesca convalidación de dos de tres reales decretos ley debatidos por la Cámara Baja el miércoles en el Senado –al estar el Congreso de los Diputados en obras– se convirtió en la perfecta definición de una victoria pírrica, en las tres acepciones que da la Real Academia Española al adjetivo que alude a Pirro, rey de Epiro. El Gobierno logró un triunfo al conseguir que el decreto ómnibus y el de medidas anticrisis no quedaran inmediatamente derogados, pero para conseguirlo el daño ha sido mayor para el vencedor. Lo consiguió por un margen escasísimo –de hecho hubo que repetir varias votaciones que quedaron inicialmente empatadas–, y la victoria es insuficiente. Porque para lo que de verdad sirvió el superpleno fue para demostrar de forma palmaria algo que estaba advertido: Pedro Sánchez estará sometido a la extorsión de un prófugo de la justicia durante todo el tiempo que se prolongue la XV Legislatura, a través de los siete escaños de Junts.

El daño a la credibilidad de un Gobierno que ha de hacer importantísimas concesiones para convalidar tres decretos –aunque el que presentaba Trabajo sucumbió por el voto contrario de Podemos, que ése es otro conflicto– fue mayúsculo y augura que la advertencia estival –y soez– de los independentistas de que Carles Puigdemont haría “mear sangre” a Pedro Sánchez no era sólo una bravuconada, sino la realidad a la que se enfrentará el Ejecutivo a diario, cada vez que necesite ganar una votación en las Cortes.

Las concesiones son muy graves y se han cedido al delincuente chantajista de Waterloo con oscurantismo (las anunció Junts): suprimir la paralización inmediata de la Ley de Amnistía si hay una –más que previsible– cuestión prejudicial ante los tribunales europeos, delegación de las competencias de inmigración para Cataluña o la publicación de las balanzas fiscales, entre otras.

Aunque lo más certero que deja el pírrico triunfo es que se desarma todo el falso argumentario que pretendía disfrazar el acto corrupto de comprar la investidura a cambio de impunidad penal: no hay pacto de legislatura que dé estabilidad a la gobernabilidad sino máxima volatilidad durante cuatro años, no se ha hecho para mejorar la convivencia sino que sirve para dar privilegios a un territorio –Cataluña– sobre los demás y para crear estructuras de estado al objeto de viabilizar algún día la independencia.

Lo único positivo –más allá de algunas medidas económicas aprobadas– es que a Sánchez se le abre la oportunidad de rectificar antes de que se ejecuten las dañinas consecuencias, incluida la amnistía: un nuevo cambio de opinión, un relato de que lo intentó pero que no queda otra que volver a votar.