EL estallido del caso de los ERE en el Tribunal Supremo durante la precampaña para las elecciones del 22 de marzo era un riesgo asumible y asumido para la presidenta de la Junta. Tan previsible como que en las próximas semanas vendrán actuaciones de la juez Mercedes Alaya que marcarán, siquiera mediáticamente, el curso de los acontecimientos. Pero por más que estuviese descontado, no cabe duda de que la citación a Chaves y Griñán y al resto de los aforados, aunque sea para unas semanas después de la convocatoria electoral, altera los pulsos del Partido Socialista, que no están para muchas convulsiones. Los ERE y todo lo que ello implica de descrédito de la Administración andaluza emiten un mensaje tan alto y potente que tapa cualquier otro que se quiera poner en circulación. En este sentido, la actitud de la presidenta no puede ser otra que ponerse al frente de la manifestación contra la corrupción y decir lo más alto posible cada vez que le ponen un micrófono por delante eso de que al que haya hecho algo "que lo crujan". Pues eso.

¿Se podría haber hecho algo para evitar que esta distorsión se produjera en vísperas de unas elecciones en las que el PSOE se juega una buena parte de su futuro? Ya es demasiado tarde, pero no está de más reiterar que el error lo cometió Susana Díaz cuando supeditó la depuración de las responsabilidades políticas por la mala gestión de los asuntos públicos a los pronunciamientos judiciales, creando una mezcla que, como se ha demostrado esta semana, sólo puede traer consecuencias no deseables para ella. De ahí, el charco en el que se metió Susana Díaz cuando primero habló de imputación en términos genéricos para desposeer de su escaño a Chaves y Griñán y luego de imputación de un delito concreto o de la petición de suplicatorio para procesarlos. Desde un punto de vista de partido, en incluso de amistad y de compañerismo, era muy difícil enseñarles la puerta de la salida de la política, con deshonor, a personas que han representado tanto para el PSOE y eso lo ha condicionado todo.

Pero una cosa es la responsabilidad penal, que en el caso de los ERE se ve difícil de demostrar, y otra muy diferente es la política, como lo ejemplificó en plena coherencia Griñán con su salida de la Presidencia. Pero al blindarse tras un escaño para no caer en manos de Alaya, al igual que el resto de los aforados, el objetivo ha quedado a medias.

Desde el momento en que Susana Díaz tomó el mando en San Telmo y dejó claro que por parte de los gobiernos anteriores había habido dejación del control de los fondos públicos y que unos cuantos "golfos" se habían aprovechado para llevárselo y hacer barrabasadas estaba señalando muy claramente a los que presidían el Consejo de Gobierno y a los que estaban en puestos de responsabilidad por no haber cortado de raíz esas prácticas. Dicho para que se entienda: en las reuniones del Ejecutivo que presidía Manuel Chaves se sentaba un consejero de Empleo con actuaciones poco claras, que a su vez tenía en la dirección general clave, la de Empleo, a un personaje con actividades menos claras todavía. Si el presidente no se enteró, mal y si se enteró y dejó pasar, peor. ¿Significa ello que Chaves deba sentarse en un banquillo? Doctores tiene la judicatura. Pero lo que sí queda claro es que ha incurrido en responsabilidades políticas que mientras ocupe un escaño no habrán sido totalmente resueltas. Y cosas parecidas caben decir del resto de los aforados. Por eso, por la mezcla entre las exigencias de un juzgado y por las que debe reclamar una organización política es por lo que Susana Díaz se ve cogida entre dos fuegos y con su estrategia de campaña debilitada. Porque, además, esto no ha hecho más que empezar.