La aldaba
Carlos Navarro Antolín
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La tribuna
DESDE hace meses, existe en el Parlamento andaluz un grupo de trabajo, muy poco activo por cierto, para avanzar hacia un proyecto de Ley que pretenden llamar de Renta Básica, y que respondería a un mandato estatutario (uno más entre tantos otros incumplidos, olvidados o desnaturalizados). Hace unos días, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha señalado un plazo más que largo para que la tal ley esté vigente, aunque ni aun así ha encontrado eco en quienes mandan realmente en el Gobierno andaluz que, por su parte, ha aprobado un Decreto de Inclusión Social de alcance muy limitado. También en las últimas semanas, los sindicatos dichos mayoritarios y otras organizaciones han anunciado la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular dirigida a la aprobación de la "renta básica" en Andalucía.
En realidad, ninguna de estas iniciativas tienen mucho en común, salvo el nombre, con el concepto de Renta Básica tal como este es definido y reconocido si hablamos con una mínima rigurosidad. Las supuestas "rentas básicas" que promueven PSOE, IU, CCOO y UGT no son sino subsidios, necesarios, sin duda, mientras que no exista una verdadera Renta Básica, pero que no deben en modo alguno confundirse con ésta.
El problema no es de terminología, sino de contenido. Para cobrar las ayudas o subsidios que se intentan hacer pasar como "renta básica" es preciso demostrar que, a pesar de los intentos, el peticionario no encuentra ningún empleo. Se trataría de un subsidio -que se quiere convertir en derecho, lo que en sí mismo es positivo- condicionado a una situación laboral indeseada, con el objeto de impedir la caída en la marginalidad e incluso en la exclusión social. Y su beneficiario tendría que demostrar cada poco tiempo ser pobre de solemnidad, estar permanentemente a disposición de las oficinas de empleo, estar sujeto a periódicas inspecciones… La referencia es siempre el mercado de trabajo: quienes no se encuentren dentro de éste -y no estén en situación de desempleo- no serían sujetos del derecho. Sólo afectaría a los desempleados de larga duración de la denominada "población activa".
La Renta Básica es otra cosa, porque va dirigida no sólo a paliar situaciones extremas, sino que se enmarca en un proceso de transformación de la sociedad. Se basa en otra visión del mundo, en una ética que contempla la dignidad humana en sí misma y no sólo como efecto de estar incluido en la maquinaria de producción de ganancias: en la posesión de rentas, sea del capital o del trabajo. Por eso es universal e incondicional: afecta a todas las personas, tengan o no tengan empleo, estén o no en el mercado de trabajo, sea cual sea su edad y condición. No depende de ninguna característica, estructural o coyuntural, más allá de la existencia como ser humano.
La Renta Básica Universal vendría a sustituir a un alto número de ayudas y subvenciones de las hoy existentes, eliminaría las pequeñas corrupciones que todos conocemos y la abundante burocracia para conceder aquéllas y evitar éstas, a la vez que equipararía en reconocimiento social el trabajo asalariado con los demás numerosos trabajos, hoy no reconocidos como tales, que no están mediados por una relación mercantil. También eliminaría la mayor parte de los empleos-basura y las miserables condiciones de éstos que millones de trabajadores se ven obligados a aceptar al tener que elegir entre ellos o no tener renta alguna. ¿Y también los ricos serían beneficiarios de la RBU (Renta Básica Universal)? La respuesta, que a muchos quizá sorprenderá, es afirmativa, pero conviene añadir que luego éstos la devolverían con creces a la hora de hacer sus Declaraciones de la Renta, dentro de una fiscalidad y unas normas tributarias que habría que reformar en profundidad para que hubiera los fondos públicos suficientes para hacer realidad lo que sería un derecho universal e incondicional.
¡Algo utópico!, exclamarán rápidamente tanto neoliberales como paleomarxistas, centrados ambos en el trabajo asalariado como fuente única de riqueza: para obtener ganancias a través de su explotación, los primeros, o para dignificarse en él a pesar de su realidad alienada (difícil combinación, por cierto), los segundos. Olvidando ambos la diferencia existente entre lo utópico y lo ilusorio para tratar de descalificar un concepto que es incompatible con su sed de beneficios y/o sus entendederas.
De todas formas, como acaba de pedir la Plataforma Andaluza por la RBU, lo menos que se podría exigir a las organizaciones que se proclaman de izquierda es que no confundan a la gente tratando de hacer pasar una política de subsidios por una política de Renta Básica. Que no nos den, una vez más, gato por liebre.
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