la esquina

José Aguilar

Rescate e intervención

LA Junta ha pedido al Gobierno un anticipo de mil millones de euros a cuenta de lo que le corresponde por su participación en los ingresos del Estado mientras sopesa si acogerse al FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), al igual que ya han hecho Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia.

Si es por sopesar, yo creo que la Junta ya ha sopesado todo lo que necesitaba y que la decisión de recurrir al FLA está tomada. Es más, retrasar la petición no puede traer más que inconvenientes. Porque aquí no hay liquidez, se acumulan pagos pendientes por casi 700 millones y el grifo de las entidades financieras está cerrado para esta comunidad autónoma, como para otras. Además, el FLA tiene una dotación limitada: más de la mitad será usada para las tres regiones demandantes antes citadas. A ver si llegamos tarde y tenemos que esperar que el fondo engorde...

Ahora estamos en la etapa de los juegos de palabras. Se trata de eludir el vocablo rescate, de resonancias tan negativas. Nadie quiere ser rescatado, en la medida en que el rescate supone alguna forma de intervención por parte del rescatador. Todos defienden la misma ilusión: liquidez inmediata, sí, pero sin admitir condicionamientos ni limitaciones a la autonomía. Las comunidades rebotan al Gobierno de la nación el mismo argumento que éste utilizó ante la UE con el rescate bancario en marcha y con el rescate global en ciernes. Ninguno de los dos impondría condiciones a la política económica española. Pero los dos la imponen. Inevitablemente. Con hombres de negro o de gris marengo, qué más da.

Es que la intervención está incluso recogida sumariamente en el decreto-ley regulador del Fondo de Liquidez Autonómica. Allí se habla de modificar los planes de ajuste en vigor para garantizar el cumplimiento de los nuevos compromisos que adquieren las autonomías al recibir el dinero (entre ellos, el de devolverlo) y los objetivos de déficit y deuda, remitir a Hacienda información actualizada del estado financiero, presupuestario y de tesorería en los cinco primeros días de cada mes, aceptar misiones de control de la Intervención General del Estado cuando se detecten riesgos de incumplimiento y someterse a medidas coercitivas cuando fracasen las anteriores, como la anulación de la disponibilidad de créditos, el cierre del acceso a los mecanismos normales de financiación y hasta la ejecución forzosa (con aprobación del Senado, donde el PP cuenta también con mayoría absoluta).

Falta el desarrollo de estos aspectos del FLA, pero si esta panoplia de advertencias, amenazas, controles y sanciones no es una intervención, que venga Dios y lo vea. El decreto lo rechazaron PSOE e IU, los partidos que integran el Gobierno andaluz, que pedirá el rescate.

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