Segundo ataque de CiU a Andalucía

NO han transcurrido ni siquiera diez días desde que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ridiculizase en público la forma de hablar de los niños sevillanos y, por extensión, de los andaluces cuando el principal referente de su partido en Madrid, el diputado Josep Antoni Duran Lleida, se descuelga con la enésima burla nacionalista en relación al subsidio que cobran los jornaleros andaluces. A pesar de la cercanía de las elecciones generales del 20-N, periodo que, dada su naturaleza, suele favorecer los excesos verbales de los políticos de uno y otro signo, las palabras del máximo representante parlamentario de CiU en el Congreso obligan a una reprobación no sólo por su condición de desafortunadas, sino porque parecen responder, dada su reiteración en el tiempo, a la verdadera mirada con la que los nacionalistas catalanes juzgan nuestra tierra. Duran matizó ayer sus declaraciones en las que acusaba a los trabajadores agrarios andaluces de "gastarse en el bar" el dinero de los catalanes alegando que lo que trataba de criticar era "la cultura del subsidio" y a los "gobernantes andaluces", no a los ciudadanos de Andalucía. Habría que recordarle al portavoz parlamentario de CiU que en democracia los responsables políticos, tanto en Cataluña como en Andalucía, son quienes representan a los ciudadanos, ya que han sido elegidos por éstos, incluidos los jornaleros. Dicho lo cual, conviene llamar la atención sobre la preocupante deriva en la que parece inmerso el nacionalismo catalán, antaño prudente y sosegado en sus reivindicaciones, y que de un tiempo a esta parte no parece querer entender que la aportación fiscal procede de las personas, no de los territorios. La política de recortes que ha marcado el retorno de CiU a la Generalitat, además de perjudicar a los propios catalanes, sólo busca alimentar el viejo sentimiento de agravio con el que ha hecho carrera el nacionalismo periférico, que culpa de todos sus males a Madrid o Andalucía en lugar de a su propia gestión. Algo que se contradice con la amplia autonomía, consagrada además por una ley estatal como el Estatuto, que disfruta Cataluña.