Coronavirus La Junta, en contra de quitar las mascarillas en el transporte

En los Juegos de la Honestidad en los que fingen competir PP y PSOE desde hace décadas, los populares se encuentran en ventaja, como en tiempos de Filesa, Roldán o Ibercorp. Con la munición de la sentencia de los ERE el PP se venga de ataques por Gürtel, la caja B o Bárcenas, con los mismos argumentos. Feijóo ha dicho que es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Quién sabe, es imposible medir un mundo tan poco transparente como el de la corrupción; ignoramos cuánto movió el 3% de Convergencia, ni cuánto realmente la trama Gürtel. En todo caso, los jefes del PP repiten que el PSOE iba dopado a las elecciones andaluzas, porque compraba votos con estos fondos.

Tampoco se sabe cuántos de los 680 millones se desviaron en las 200 empresas y 6.000 trabajadores prejubilados con pólizas de los ERE. Pero no hay duda de que estamos ante un enorme caso de corrupción, que ha afectado a tres consejerías. Empleo, que concedió ayudas arbitrariamente, sin concurso ni transparencia y sin controles. Innovación, cuya Agencia Idea pagaba las subvenciones. Y Hacienda, de rebote: se atribuye a consejero y viceconsejera que conocían un plan deliberado y lo permitieron. Asunto dividido en la sentencia. Dos de los cinco magistrados del Supremo aceptan que Griñán y Aguayo no cometieron malversación porque no gestionaron esos fondos.

El contexto en el que se producen los hechos retrata una época. Llegaban fondos europeos en abundancia. En la década de los 2000, cuando se produce el fraude, vinieron a Andalucía entre dos y tres mil millones de euros del Fondo Social Europeo del que se nutrieron los ERE. Se concedió dinero a empresas que no lo precisaban, algunas en zonas de implantación socialista, que evidencian clientelismo; había intrusos cobrando un retiro sin haber trabajado en esas compañías, aseguradoras cobraron cifras abusivas por intermediar y algún sindicalista se enriqueció. Sobraba dinero y faltaban controles.

La sentencia es definitiva, pero queda la duda razonable sobre dos de las nueve condenas de cárcel: hasta ahora ningún dirigente político ha ido a prisión por no vigilar un gasto que no gestionaba. Ha habido más opiniones encontradas entre los propios magistrados sobre si las advertencias que envió la Intervención a Hacienda justifican estas penas o debía haber habido un informe de actuación. En 2015, cuando el caso estuvo en el Supremo, porque Griñán estaba aforado, el juez instructor lo inculpó de prevaricación, pero no por malversación.

Desde el entorno de Feijóo ya se acusa a Sánchez de querer cambiar el Tribunal Constitucional para favorecer un posible recurso del ex presidente andaluz, que en todo caso difícilmente prosperaría. Y también han anticipado que sería "un atropello" que el Gobierno indultase a Griñán y Aguayo. En los Juegos de la Honestidad muchas veces no es tan importante la virtud propia como el desdoro ajeno. Y el PP tiene ventaja posicional.

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