editorial

Tácticas de guerra electoral

LLAMA poderosamente la atención que la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso del fraude en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, se muestre particularmente activa en los periodos preelectorales, llamando a declarar a notables imputados durante las dos campañas de este año. Y la llama también que el cabeza de lista del PSOE por Sevilla, el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, haya insinuado en público que esta actuación se deba a una no concretada "relación fuerte personal" entre ella misma y el ex juez Juan Ignacio Zoido, actualmente alcalde de Sevilla por el Partido Popular. El Consejo General del Poder Judicial salió ayer al paso de estas "insinuaciones claramente vejatorias" contra la juez, a la que dio amparo, porque "no resultan de recibo las referencias que invaden la esfera personal mediante descalificaciones -veladas o explícitas- que atentan contra el respeto que merece la dignidad personal constitucionalmente garantizada" de los jueces. El rechazo del Poder Judicial a Guerra es comprensible y justificado. Si el candidato socialista estima que la instrucción que está haciendo Alaya es irregular o parte de una connivencia ilegítima con el PP, puede utilizar los instrumentos jurídicos a su alcance para impugnar sus resoluciones -como hizo la Junta de Andalucía en la primavera pasada- e incluso para recusar a la juez. Lo anormal es que, en vez de elegir esta vía, Alfonso Guerra se haya decantado por unas manifestaciones zafias y groseras sobre la instructora que sugieren una complicidad entre ésta y el principal partido de la oposición que procede de la época en que Mercedes Alaya ya era juez y Zoido ejercía como decano de los jueces de Sevilla. Da la impresión de que Guerra trata de desviar hacia la persona de la juez la atención que debiera merecer el grave escándalo de corrupción política en la que están implicados varios cargos públicos del Gobierno andaluz y que afecta al uso ilegal e ilegítimo de dinero público en favor de familiares y amigos del poder.

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