EN diciembre de 2009 el CIS preguntaba a los españoles cuál era el principal problema de España y sólo un 5,8% contestaba que la corrupción y el fraude. Menos de cinco años después, en octubre pasado, el principal problema es la corrupción y el fraude para un 42,3%. La preocupación ciudadana se ha multiplicado por siete.

Este aumento de la sensibilidad social ante las corruptelas de la política -incomparablemente más intensa que la que generan otras corruptelas más extendidas- ha ido en paralelo a la profundización de la crisis económica, el incremento de la desigualdad social y el deterioro de las instituciones. Quizás sea irreversible, y cuando remontemos la crisis se haya consolidado ya la limpieza en la vida pública. Mejor.

En este contexto se explica que los controles establecidos para evitar o disminuir la corrupción hayan quedado obsoletos y que los partidos políticos estén volcados en una alocada carrera de purificación, en la que también tiene su influencia la aparición fulgurante de Podemos como aspirante privilegiado a recoger los frutos del hartazgo y la indignación populares.

Gracias a la ley del pendulazo, tan española, los políticos han pasado a velocidad de vértigo de la pasividad ante la corrupción clara y demostrada a la tolerancia cero con cualquier atisbo de prácticas corruptas, directas o indirectas, frontales o laterales. ¡Qué digo tolerancia cero! ¡Menos que cero! La presunción de inocencia ha desaparecido. No sólo la penal. Se empezó obligando a dimitir a los acusados de corrupción sólo cuando eran condenados (incluso esperando la sentencia definitiva), luego se rebajó el listón hasta el momento en que se dictaba el auto de apertura de juicio oral, más tarde en el momento del procesamiento y ahora ya vamos por la renuncia al cargo público en cuanto se dicte la imputación, el nivel más bajo de la implicación en un caso.

Esta semana ha dejado su puesto el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, que solamente está imputado por la juez Alaya. Chaves y Griñán van a tener que renunciar a sus escaños en Congreso y Senado, respectivamente, en cuanto el Supremo los impute en los ERE. Así lo tienen decidido Susana y Sánchez. El noble pueblo español no va a poder hacer en mayo lo que hizo en 2011: reelegir al 39% de los alcaldes imputados. En 2015 ningún partido admitirá a ningún imputado en ninguna de sus listas. Tremendo pendulazo.