Tribuna Económica

gumersindo / Ruiz

Uber y la liberación de servicios

LA prohibición, que se hizo efectiva la semana pasada, de operar en Alemania a la compañía Uber, abre una polémica sobre el alcance de la desregulación de los servicios, y hasta dónde debe llegar la protección al consumidor y los intereses de las compañías y gremios establecidos. Uber es un operador que mediante una aplicación de telefonía móvil, vincula en internet conductores privados con clientes que se han descargado la aplicación sobre la cual contratan el servicio y lo abonan.

Dos ideas surgen de este fenómeno. Una, sobre los retos de internet a los servicios tradicionales; y otra, la propia cuestión de la regulación y la competencia, en un entorno en que continuamente nos están presionando con la necesidad de reformas en los mercados laborales, de productos y de servicios. En realidad, la palabra reforma es la expresión de una liberalización de la actividad económica, sujetándola a las menores regulaciones posibles.

Uber no es un movimiento espontáneo que surge alrededor de internet, sino una empresa colosal, con un valor en bolsa de 17.000 millones de dólares, con financiación de Google, que opera en 200 ciudades de todo el mundo, muy agresiva, y que en palabras de su fundador, Travis Kalanick, tiene como oponente al sector tradicional del taxi, del que es competencia directa. Hasta ahora, además de Alemania, es ilegal en Bruselas y está en batallas legales en Milán y Londres, entre otras ciudades. La potencia económica de la compañía se ve en su potencia legal, y está dando respuestas a las cuestiones que se le plantean relacionadas principalmente con la seguridad y los impuestos. Los vehículos que trabajan para Uber empiezan a contar -según las exigencias de las ciudades- con seguros especiales de pasajeros, y controles que hace la propia compañía de los conductores. Por otra parte, al tratarse de una aplicación centralizada, la compañía puede abordar cuestiones de fiscalidad, como retenciones, e impuestos sobre beneficios. Las denunciantes que tratan de impedir la actividad de Uber tienen el temor de que si un tribunal las rechaza, pueden hacerles responsables de los ingresos perdidos por la compañía.

La segunda cuestión que aparece en torno a Uber es la regulación y la liberalización de los servicios. Es absurdo pensar que actividades como el transporte público o los servicios de los hoteles, sobre los cuales también pesa la amenaza de la contratación particular de viviendas a través de internet, puedan funcionar sin cumplir una normativa. La inestabilidad de los precios, la restricción de la oferta si cae en manos de unos pocos operadores privados, la calidad del servicio, la seguridad necesaria de todo tipo, exigen alguna forma de regulación. Sin embargo, este tipo de competencia, aunque no sea leal, es un acicate para que el sector se renueve, utilice al máximo la tecnología para atender a los usuarios y para pagos, y avance en la gestión del servicio adecuando el número de licencias. También es una llamada de atención a la administración local para que reduzca tasas e impuestos, controles redundantes, burocracia innecesaria que a la larga supone más una carga que una protección.

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