La tribuna

ángel Rodríguez

Una consulta con dos problemas

DEJANDO ahora aparte la desgraciada fórmula de dos preguntas, ambas igualmente confusas, la consulta propuesta por el presidente de la Generalitat de Cataluña encierra dos problemas distintos: un problema constitucional y otro político. Pero, en contra de lo que a veces se dice, el verdaderamente irresoluble es el segundo, no el primero.

Con respecto al problema constitucional, es claro que, tal como está formulada actualmente, la consulta es contraria a la Constitución. Lo es por partida doble: primero, porque la autorización para la convocatoria de un referéndum (eso es lo que la consulta no deja de ser, se llame como se llame) es competencia del Estado, luego la Generalitat catalana no puede convocarlo si la autorización estatal no se produce. Segundo, porque, incluso mediando esa autorización, el electorado de una comunidad autónoma no puede ser convocado a decidir sobre algo sobre lo que no tiene competencias, y eso es exactamente lo que ocurre con las dos cuestiones sobre las que los electores catalanes serían llamados a pronunciarse: no pueden ser preguntados si quieren un Estado catalán, ni si quieren que ese Estado sea independiente, porque tanto una cosa como la otra excede de sus competencias constitucionales.

Pero que la consulta catalana, tal como se ha planteado, sea inconstitucional no significa que no pueda formularse de un modo que no vulnere la Constitución. Bastaría con cumplir los dos requisitos que ahora no cumple: que el Estado la autorice y que la pregunta sea sobre algo que entre dentro de las competencias de los preguntados. ¿Podría preguntarse por la independencia sin violentar al mismo tiempo la Constitución? Creo que sí, pero de un modo indirecto: cierto que la independencia de Cataluña sólo sería posible reformando la Constitución Española, y eso sólo puede hacerlo el titular del poder constituyente, que no es otro que el pueblo español. Pero no lo es menos que los parlamentos de las comunidades autónomas pueden iniciar la reforma constitucional. Y nada hay en la Constitución que impida que el Estado autorice que un parlamento autonómico le pregunte a sus electores si quieren que se inicie ese proceso. Esa hipotética pregunta, sin embargo, debería dejar claro el objeto de la consulta, que no podría tratar directamente sobre la independencia, sino sobre la conveniencia de que la comunidad autónoma catalana propusiera a las Cortes iniciar una reforma constitucional que hiciera la independencia posible.

Ahora bien, aun si pudiera llegarse de este modo a una solución para el problema constitucional, ello no haría desaparecer el problema político, que, por el contrario, probablemente se enconaría aún más. De entrada, es difícil que los independentistas acepten ese tipo de consulta, pues supondría reconocer que la independencia no puede ser fruto de la voluntad sólo de los catalanes, sino de todos los españoles. Incluso en ese escenario, es más que probable que el presidente del Gobierno de España -el actual, sin duda, pero también cualquiera de sus antecesores y de sus posibles sucesores- se negara a dar su preceptiva autorización para que ese referéndum pudiera convocarse. Las razones son fáciles de imaginar: aunque se dejara claro que se pregunta sobre lo que se puede preguntar -si se quiere iniciar un procedimiento de reforma de la Constitución- y no sobre lo que no se puede -proclamar la independencia-, una eventual respuesta mayoritariamente afirmativa del electorado catalán que chocara con un también eventual no mayoritario a la reforma constitucional por parte de las Cortes o del resto del electorado español no haría sino desencadenar en la práctica un choque de legitimidades de muy difícil solución.

Así las cosas, más vale que los líderes catalanes y los de los dos grandes partidos nacionales apuren todas las vías de diálogo posibles para deshacer el lío en el que, unos más que otros, han conseguido meternos a todos. Tengo para mí que todavía hay tiempo para encauzar nuestro sempiterno problema territorial y, con un poco de imaginación y generosidad, darle una solución para otros treinta años. Una solución que, con reforma constitucional o sin ella, pasaría por admitir un régimen de autonomía especial para Cataluña. Para ello no sólo sería preciso que el Gobierno, la oposición y los nacionalistas catalanes llegasen a un punto de acuerdo. También que el resto de las comunidades autónomas, particularmente Andalucía (que ya lideró el desacuerdo con la asimetría que se pretendió imponer al comienzo de la transición) dejen claro hasta dónde podrían llegar las diferencias territoriales que, a mi juicio, podrían ser claramente generosas en el plano simbólico y competencial, pero no tolerar privilegios contrarios al principio de solidaridad. No se trata de renunciar ahora al café para todos. Tan sólo de reconocer que cada cual puede tomarlo a su manera.

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