El derecho a hacer ciudad

LA ciudadanía debe tener derecho a hacer de su ciudad un espacio de construcción colectiva. Tenemos a nuestro alrededor una ingente cantidad de grupos de interés que empujan para construir la ciudad de acuerdo con sus deseos e intereses particulares y el resto tiene que vivir en ella, sin más. Configurando lo que algunos llaman "el derecho a la ciudad", éste debiera poder ejercerse debatiendo entre todos el tipo de ciudad que soñamos.

Algo así pasó en 2006, cuando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla fue acordado con un amplio consenso que fue clave para poder abordar cambios vitales en una ciudad que mostraba ya signos de agotamiento desde el plan de choque que propició la Expo 92. El gobierno de los usos y disfrutes del espacio público es complejo y se desenvuelve entre intereses de mucho peso. Por ello, es tremendamente importante que la ciudad siga conformándose en base al mayor de los consensos posibles.

La crisis económica está cebándose de forma cruel con nuestra ciudad y su área metropolitana. Esto genera en cada uno de nosotros la imperiosa necesidad de ofrecer ideas y propuestas para la reactivación económica y la creación de empleo. Algunas medidas deben ser de ejecución inmediata y urgente, pero la ciudad debe definir sobre qué modelo productivo, económico y social quiere desarrollarse en los próximos años. Y todo esto está relacionado con los usos del suelo. Comisiones Obreras viene poniendo sobre la mesa propuestas de calado y enorme potencialidad en cuanto a la generación de empleo que no acaban de ser nunca atendidas por el gobierno municipal. Un ejemplo: la sorprendente paralización -para regocijo de algunos- de las llamas mesas para la creación de empresas y empleo en las que tanto interés pusimos empresarios, sindicatos entre otros actores sociales.

Sevilla está falta de un proyecto serio y ambicioso de ciudad para los próximos años. Estas cosas hay que trabajarlas y debatirlas, con cuanta más participación mejor. Da la sensación de que, a falta de alternativas, en la Plaza Nueva han decidido que el suelo en Sevilla -We love People- está disponible para quien venga "con billetes".

Hay que recordar que sí hay un consenso instalado en el debate público sevillano: la necesidad de frenar el desmantelamiento industrial que atravesamos, y poner las bases para reactivar el sector económico que mayor riqueza y empleo genera a su alrededor y, sobre todo, que mejor la distribuye en el territorio. Los tres partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla, junto a CCOO y UGT, suscribieron hace menos de aun año el "Acuerdo en defensa de la industria sevillana". Sevilla necesita reformular sus planes de futuro en clave industrial, y ofrecer líneas de actividad empresarial y productivas complementarias al monocultivo turístico-comercial.

Por otro lado, Sevilla no le debe nada a Altadis. Más bien al contrario. El grupo empresarial al que pertenece, Imperial Tobacco, declaró haber facturado 33.357 millones de euros en 2013, mejorando sus beneficios en un 38% a pesar de vender un 1% menos. Es un buen momento para abrir de una vez el debate sobre qué modelo de industria cabe en ese espacio único, propiedad de una empresa que dejó muy mal sabor de boca en una ciudad que precisa de proyectos innovadores. Este debate debe ser abierto y público, y el Ayuntamiento debe escuchar con mayor franqueza de la que muestra en la comisión de seguimiento del PGOU. Hay líneas de financiación europeas dedicadas a regenerar espacios industriales urbanos en clave sostenible, hay universidades en Sevilla que lideran mercados de patentes. Pero, sobre todo, hay mucho capital social acumulado que puede aportar a que los sevillanos ejerzan su derecho a hacer ciudad.