Y después de la investidura fallida, ¿qué?

COMO estaba cantado, el candidato socialista, Pedro Sánchez no obtuvo el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados en el debate de investidura. Los votos favorables de su grupo parlamentario (90) sumados a los de Ciudadanos (40) arrojaron un total de 130. La aritmética parlamentaria ha mostrado un resultado inapelable, ya que el aspirante a la Presidencia del Gobierno no sólo se ha quedado muy por debajo de los 176 votos de la mayoría absoluta requerida por la Constitución en primera votación. Asimismo, todas las previsiones apuntan a la imposibilidad de alcanzar la mayoría relativa prevista para la segunda ronda que se celebra 48 horas después de la primera, debiendo recabar más votos a favor que en contra: Sólo se abstendrá la representante de Coalición Canaria y más allá del bloque PSOE-Ciudadanos, todos los demás grupos reafirmarán su voto negativo.

Atendiendo a los trazos configuradores que han emergido a lo largo del debate de investidura, el diagnóstico a formular de cara a la formación de un nuevo Gobierno en el futuro inmediato se ajustaría previsiblemente al siguiente guión: Atrapado en la vía muerta propiciada por la negativa concurrente manifestada tanto por el Partido Popular, que cuenta con el mayor número de diputados en el Congreso, como por Podemos, el grupo mayoritario de los minoritarios que tiene en sus manos la llave del Ejecutivo, la viabilidad de la investidura de Pedro Sánchez en una nueva ronda se perfila como un evento altamente ilusorio. A una conclusión similar se llega con respecto a las posibilidades de éxito con las que contaría una iniciativa de investidura con Mariano Rajoy en el papel de candidato. Tras el duro enfrentamiento presenciado en la confrontación dialéctica que ha tenido lugar estos días en sede parlamentaria, la hipótesis de que el todavía presidente del Gobierno en funciones pudiera recabar los apoyos exigidos más allá de sus propias filas se muestra como misión prácticamente imposible.

En tales circunstancias y a falta de una imprescindible recomposición del escenario político que permita forjar una mayoría suficiente, el bloqueo institucional se perfila insuperable. El hecho es que a día de hoy, nadie es capaz de formar Gobierno por sí solo y, asimismo, ningún candidato parece estar en condiciones de obtener alianzas lo suficientemente sólidas para alcanzar el mínimo constitucionalmente requerido. Sin embargo, a pesar de lo esclerótico del panorama actual, desde una perspectiva constitucional, no va a resultar posible dar por finalizada la legislatura, procediendo a disolver las cámaras y a convocar nuevas elecciones. Y no lo es porque a partir de ahora y a lo largo de los dos meses siguientes a la primera votación de investidura (realizada el dos de marzo), se abre una nueva fase de obligado cumplimiento en la que el Jefe del Estado está llamado a realizar nuevas rondas de consultas con los representantes de los grupos parlamentarios, cuyo objeto es detectar la existencia en el seno de la cámara de una mayoría suficiente proclive a apoyar a algún candidato a la Presidencia del Gobierno. La identidad del eventual aspirante queda imprejuzgada, dado que el artículo 99 de la Constitución alude genéricamente a "algún candidato". De esta forma, cabe la posibilidad de que el candidato vuelva a ser alguien que ya se haya presentado previamente o que sea otro distinto.

Tenemos, pues, dos meses por delante para despejar una doble incógnita que alberga en su seno una lógica concatenada cuya resolución escapa a la regulación jurídica, articulándose en función de claves eminentemente políticas. Porque, a pesar de lo que dispone la norma suprema, sólo será aceptable en términos institucionales que el Rey encomiende la tarea de presentarse a la investidura ante el Congreso de los Diputados a un candidato si previamente ha sido posible verificar la existencia del respaldo imprescindible. Tras la negativa manifestada en primera instancia por Mariano Rajoy y el posterior intento fallido de Pedro Sánchez, si el tablero de las alianzas parlamentarias no experimenta una sustancial modificación no tendría sentido reproducir una nueva investidura que indefectiblemente estaría llamada a un nuevo fracaso. Constatada la incapacidad de las fuerzas políticas para forjar pactos de gobernabilidad, entonces, no cabrá más salida que esperar a que transcurra el tiempo constitucionalmente tasado para dar por concluida la que puede convertirse en la legislatura más efímera de nuestra democracia y convocar nuevos comicios electorales.