EL acuerdo de gobierno alcanzado esta semana entre el PSOE y Ciudadanos no habrá satisfecho a todos, pero se compartirá que 1) ha servido para salir del impasse institucional de la Junta de Andalucía; 2) no se encuentra muy lejos de la representación del conjunto del electorado; y 3) permite confiar en que favorecerá el proceso de regeneración democrática. Y esto último no sólo porque las medidas de regeneración ocupan la centralidad del acuerdo y porque incluyen algunos puntos fundamentales (modificación de la ley electoral para que pueda haber listas abiertas, abandono de sus cargos políticos a los imputados por corrupción, los diputados regionales dejarán de estar aforados, celebración obligatoria de primarias para todos los partidos, limitación de mandatos de la Presidencia de la Junta de Andalucía a ocho años), sino porque Ciudadanos estará muy interesado en que no sean papel mojado, ya que su apoyo a la formación de gobierno del PSOE le puede restar votos en el futuro a no ser que demuestren que se puede gobernar sin estar en el Gobierno con un escrupuloso seguimiento del acuerdo.

Pero si importante es la regeneración democrática y la normalización institucional, tanto o más trascendente para el futuro de Andalucía es cambiar el rumbo de su economía, que sigue en el furgón de cola de las CCAA españolas en PIB, empleo, renta y otros indicadores de bienestar. Además, se enfrenta a una reducción de las transferencias externas y a un panorama internacional en el que millones de empresas y ciudadanos de economías emergentes se incorporan a la competencia global con menores costes de producción y crecientes capacidades tecnológicas.

Por ello, una vez normalizada la situación institucional, Andalucía tiene que abordar su restricción fundamental, que no es otra que la insuficiente base productiva, lo que sólo puede alcanzarse aumentando el número de empresas y mejorando sus capacidades competitivas. Los protagonistas fundamentales de este reto son los empresarios, pero al sector público le corresponde facilitarlo creando un marco incentivador de la inversión, de la innovación y de la internacionalización empresarial. Ese marco debe definirlo una nueva política de desarrollo económico, pues el balance de la que se viene aplicando en las últimas décadas no es satisfactorio a juzgar por sus magros resultados en términos de crecimiento, empleo y competitividad. Por ello, lo primero que debería haber establecido el acuerdo de gobierno es la imprescindible evaluación de las políticas aplicadas para redefinir la política económica del gobierno y, posteriormente, el proyecto de presupuesto para el próximo año.

El acuerdo enuncia 17 medidas económicas de muy variado género. Algunas de ellas son muy oportunas, como las de apoyo al emprendimiento, la simplificación legislativa o la reducción del IRPF en el tramo autonómico. Otras medidas, como la lucha contra el fraude fiscal, la simplificación administrativa, un plan para aflorar la economía sumergida o la ventanilla única, también son deseables, pero vienen planteándose desde hace muchos años sin grandes progresos. Otro grupo de medidas pueden ser interesantes, pero sería poco sensato pronunciarse conociendo sólo el enunciado; es el caso de las Políticas Activas de Empleo, unas políticas a las que se han venido dedicando cuantiosos recursos, pero con muy pocos resultados y con desviaciones notables en sus objetivos; ahora se enuncia una nueva ley de formación profesional, un nuevo modelo de gestión y el impulso a la formación profesional dual; buenas intenciones que habrá que ver cómo se concretan.

Y, finalmente, existen otras medidas que son difícilmente compartibles, como la creación de la Entidad Pública de Crédito de Andalucía o la definición de los sectores estratégicos de nuestra economía. En el primer caso, por las restricciones financieras de la Junta de Andalucía para capitalizarlo, y porque la reciente experiencia de la banca pública en nuestro país es cualquier cosa menos eficiente y edificante. En cuanto a los "sectores estratégicos" incluyen la agricultura, la agroindustria, el turismo, la construcción, la energía, las telecomunicaciones, la industria y la minería; es decir, que casi la totalidad de las actividades económicas son estratégicas.

En definitiva, un conjunto de medidas económicas que deberían precisarse, pero que junto a las fundamentales medidas de regeneración democrática y otras de cohesión social pueden abrir un nuevo marco de funcionamiento político. Ahora se trata de gobernar, lo que exige que los responsables políticos cambien la inercia de los últimos meses, que han estado dedicados a la negociación y a otras cuitas del poder, y se concentren en los objetivos, en los medios y en los instrumentos de la gestión pública, y, de inmediato, en seleccionar a los responsables políticos al más alto nivel, para lo que el criterio determinante debe ser su cualificación y capacidad.