El error de Montoro

EL ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha atribuido a un "error administrativo" la elaboración de un informe de la Agencia Tributaria, a solicitud del juez José Castro, que instruye el caso Urdangarín, que endosaba a la infanta Cristina la venta de trece fincas rústicas y urbanas por las que se habría embolsado 1,4 millones de euros. Falsamente: a las pocas horas de difundirse el informe ya se constataba que la hija menor del Rey de España nunca ha sido propietaria de dichos inmuebles y, por tanto, nunca las había vendido. El ministro es el máximo responsable político de la Agencia Tributaria y ha tardado varios días en ofrecer una información a la opinión pública sobre este fallo, que ha afectado gravemente a la Familia Real y podría incluso haber interferido en la instrucción del escándalo protagonizado por uno de sus miembros, aparte de escandalizar a los ciudadanos y dar pie a un sinfín de elucubraciones e hipótesis conspirativas. Y después de la tardanza, tampoco ha resultado satisfactoria la declaración del ministro. Ha pedido disculpas a la Familia Real, pero no a los españoles igualmente perjudicados. Ha hablado de un error administrativo, pero ha sido incapaz de concretar en qué instancia se ha producido, una vez ha quedado claro que el origen del fallo hay que buscarlo en la propia Agencia Tributaria, ya que es imposible que varios notarios y registradores de la propiedad hayan coincidido en el mismo error, derivado al parecer de los dígitos del DNI de la Infanta. De este modo, el Ministerio de Hacienda ha dilatado innecesariamente el esclarecimiento del error y, encima, todavía carece de los datos suficientes para identificarlo y explicarlo, remitiendo a una investigación aún en marcha y que no tiene fecha para su conclusión. No es eso lo que se espera de un ministro del Gobierno, y menos de uno que se ha jactado repetidamente de su mando sobre la Hacienda Pública y de conocer al detalle los pormenores de las declaraciones de renta y patrimonio de los colectivos sociales más críticos con las políticas del Ejecutivo. De modo que lo que podría haber sido un mero incidente a zanjar de manera instantánea se ha convertido en un culebrón y un enredo impropio de una democracia desarrollada. Montoro se ha permitido demorar las explicaciones debidas sobre una equivocación notoria de su departamento y, cuando las ha dado, lo ha hecho de manera insuficiente. También ha pedido que no se vean fantasmas en este error puntual, pero los fantasmas han sido la consecuencia directa de su propia actuación. La cuestión no está resuelta, y no lo está porque el ministro de Hacienda la ha gestionado con manifiesta torpeza.