La falacia de la escasez de suelo

El informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla de 2016 para la Comisión de Seguimiento del PGOU es concluyente, lo resumía el 3 de mayo de 2016 el gerente, que reconocía la escasa ejecución del plan. El PGOU contemplaba 62.000 viviendas y se habían construido 11.000 entre 2005 y 2015. En el nuevo suelo urbanizable se contemplaban 45.000 viviendas y no se ha otorgado aún ninguna licencia. Mientras, las subastas de solares del Registro Municipal de Solares quedan en gran proporción desiertas.

A escala metropolitana, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), decía en 2008 que uno de los factores que más ha hecho encarecerse el precio de la vivienda es el coste del suelo, que en los cinco años anteriores se había revalorizado anualmente un 23%. Y añadía que ese sobreprecio no puede explicarse por una falta de oferta. Entre 1995 y 2003 se incrementó en más de 10.000 hectáreas la oferta de suelo urbanizable (recordemos la ley de suelo de 1998 de Aznar). En total en el área metropolitana había 20.000 hectáreas de suelo urbano y el planeamiento urbanístico añadía casi 14.000 hectáreas, más de un 70% del todo el suelo ocupado por todas las generaciones anteriores.

Aunque el Potaus señalaba ese exceso de suelo como un problema, añadió otras 4.000 hectáreas en Áreas de Oportunidad, lo que elevó el incremento de suelo hasta más del 92% del suelo urbano. El grado de ejecución de esa disparatada cantidad de suelo es nulo.

A nivel regional ocurre lo mismo. Un reciente estudio de la Universidad de Sevilla (Górgolas 2017), que señala el exceso de suelo como uno de los problemas urbanísticos, ofrece algunos ejemplos. Está demostrado por la historia de los últimos 60 años que cuanto más suelo clasificado urbanizable hay, más se eleva su precio (la observación del Potaus es un ejemplo), y por consiguiente el de la vivienda. No en vano la Ley de Suelo de 2007 se refiere a la técnica de clasificación de suelo como inflacionaria.

Escapa a este artículo explicar cuáles son los mecanismos que operan, impulsados por un poderoso sector de negocio, pero se sintetiza en una palabra: especulación, actividad prohibida en la Constitución, con perniciosas consecuencias políticas, sociales, económicas, ambientales, territoriales y urbanísticas. La especulación, encarece injustificadamente el acceso a la vivienda, salpica el país de corrupción, ha arruinado a numerosos Ayuntamientos, hizo desaparecer las cajas de ahorro, etcétera. La Junta de Castilla y León ha tomado en serio el problema. En 2016 declasificó 11.500 hectáreas y en 2018 otras 28.000 hectáreas.

Sin embargo, el poderoso sector de negocio de clasificación de suelo comienza a publicitar que hay escasez de suelo. Y hay muchos técnicos y políticos dispuestos a comprar otra vez esa irresponsable falacia y a revenderla a la población. Hoy se habla mucho de algunos artículos de la Constitución y no estaría demás recordar que el 45 y el 47 también existen.