La hora de las pensiones

EL frenesí reformista en que se ha instalado el Gobierno (al menos ha puesto cara de velocidad) ha traído a primer plano, una vez más, el tema de la reforma de las pensiones. Hablar de las pensiones implica siempre, para los políticos, un ejercicio de funambulismo. Pocos temas hay tan sensibles para la opinión pública y pocos temas tan determinantes del sentido del voto de los ciudadanos. Por eso, las discusiones y las decisiones se postergan y su busca siempre el aval del adversario, tratando de cubrir las medidas de adaptación del sistema de pensiones con el paraguas del consenso.

La lucha política y partidista en este terreno puede, en efecto, conducir a la ruina colectiva. Afortunadamente, desde aquella acusación de la campaña electoral de 1993, de que las pensiones bajarían un 8% si triunfaba la oposición, hasta los caminos de consenso y de exclusión del enfrentamiento partidista transitados por el Pacto de Toledo, media un abismo, y eso ha permitido una maduración que hace que puedan afrontarse estas cuestiones con una elevada dosis de racionalidad.

En ese sentido, la apuesta del Gobierno (que será un reformista a palos, pero que está demostrando, al menos en esto, un verdadero espíritu reformador) merecería una acogida mejor que la que ha tenido. La oposición política, que ha sufrido en sus carnes tantas maniobras torticeras al respecto, no debería caer en la tentación de dejar que otros asuman los costos y de jugar a la contra. El discurso de que la reforma de las pensiones, o el retraso de la edad de jubilación, no es una prioridad puede rendir algunos réditos electorales pero puede también socavar el prestigio y la imagen de solvencia de quienes aspiran a gobernar.

No nos hagamos trampas en el solitario: la Seguridad Social, que es un instrumento básico de cohesión social y de solidaridad, necesita reformas que garanticen su supervivencia a largo plazo y que, precisamente porque muchos de sus efectos solo se notarán transcurridos bastantes años, hay que adoptar urgentemente. Afirmar que hoy por hoy existe superávit en las cuentas de la Seguridad Social es ignorar que ese es un superávit de caja pero que, desde el punto de vista de los compromisos a medio y largo plazo, el sistema, sin reformas sustanciales estaría en quiebra. Recuerdo a este respecto siempre la historia del coronel inglés que a su vuelta de la India entregó unas semillas a su jardinero. Al comprobar, transcurridos unos días, que no las había sembrado, le interpeló sobre ello y el jardinero le indicó que no se preocupara, que se trataba de árboles que tardaban cien años en crecer. El coronel respondió: pues entonces plántelas hoy mismo, no podemos esperar.

El retraso de la edad de jubilación, alineándonos con otros países europeos (entre ellos Alemania, que es quien suele pagar las juergas), es inevitable y, conciliado con el respeto a quienes tengan largas carreras de cotización o hayan desempeñado trabajos particularmente penosos, enteramente razonable. Como lo es el alargamiento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión; es más, dicho periodo debería abarcar toda la vida laboral del trabajador, de tal manera que su pensión refleje, lo más fielmente posible, toda su historia contributiva. Y estas medidas deben ir acompañadas de una decidida política de endurecimiento de las prácticas de prejubilación, particularmente cuando se financian, directa o indirectamente, con fondos públicos y se desarrollan en sectores productivos o en empresas que no justifican un adelanto, por la penosidad del trabajo, de la edad de retiro.

Un sistema de reparto, como el que tenemos, en el que cada generación financia con sus aportaciones las pensiones de la precedente, garantizando la solidaridad intergeneracional, debe ser preservado. Y para ello, deben introducirse cuantas correcciones sean necesarias para permitir su sostenibilidad, atendiendo a los datos demográficos y económicos (la productividad). Y deben establecerse mecanismos eficaces de complemento de las pensiones, bien mediante un nuevo impulso a los fondos de pensiones (combinando así reparto y capitalización), bien mediante la introducción de nuevas fórmulas de ahorro. El papel que puede jugar, en este sentido, el fondo de capitalización, mal llamado de despidos, que a imagen de la experiencia austriaca, anuncia la última ley de reforma laboral, es muy importante. Se trata de sustituir indemnizaciones de despido por aportaciones empresariales a un fondo de capitalización, movilizables, y recuperables, bien ante la pérdida del empleo, bien como complemento de la pensión pública, al final de la vida laboral. Todo menos enzarzarnos ahora en una irresponsable disputa acerca de quién hace los recortes sociales y quién defiende a los pobres pensionistas.