Alto y claro

José Antonio Carrizosa

jacarrizosa@grupojoly.com

La lección de Abengoa

El PP llegó a la Junta con la premisa de identificar las ayudas públicas a empresas con posibles delitos

Va a hacer dos años que se produjo en Andalucía la primera alternancia en sus cuatro décadas de historia autonómica. Para que eso ocurriera tuvieron que confluir una serie de factores, con dos determinantes: la irrupción inesperada de Vox en el panorama español y el fuerte desgaste de Susana Díaz por su gestión errática en temas fundamentales como la sanidad. Llegaba así a la Presidencia de la Junta el Partido Popular con los heterogéneos apoyos de Ciudadanos desde dentro del Gobierno y de Vox desde fuera. Con Juanma Moreno en San Telmo se entronizaba una doctrina que le había permitido a su partido durante años ir erosionando la imagen del PSOE hasta instalar en una buena parte de la opinión pública la idea de que Andalucía tenía unos gobernantes intrínsecamente corruptos y que sólo sacándolos del poder se podría regenerar una vida pública estigmatizada por el desprecio de la ley, la venalidad y el compadreo.

La base de esta doctrina estaba en considerar como delictivos o, por lo menos, irregulares los diferentes sistemas de ayudas a empresas en crisis que se pusieron en marcha desde el Gobierno andaluz. La estrategia fue un éxito político y judicial: el deterioro de imagen de los socialistas fue absoluto. En sus últimos meses de Gobierno se paralizaron todas las medidas que estaban en marcha y los altos funcionarios de la Administración regional entraron en pánico ante el temor de ser imputados en alguna causa, por lo que pusieron todo tipo de obstáculos a tramitar cualquier expediente.

El PP llegó al poder bajo esta premisa de identificar las ayudas públicas a empresas que las podrían necesitar para garantizar su supervivencia con posibles comportamientos delictivos. Las consecuencias de esta política se están viendo ahora en el culebrón sin fin de Abengoa, una empresa con una fuerte carga simbólica en Sevilla que parece haber puesto todas sus expectativas de no desparecer en una operación de rescate de 500 millones, de los que la Junta tendría que aportar sólo 20. No vamos a entrar aquí en lo pertinente o no de la petición de la multinacional, cuestionada con argumentos desde muy diversos ámbitos. El lector de Diario de Sevilla interesado en la cuestión ha tenido información pormenorizada y completa en nuestra sección de Economía. Pero sí conviene constatar que el Gobierno andaluz se ha quedado sin instrumentos para algo que debería ser una prioridad de gestión. Lo bloquean su propia estrategia política y, lo que es más grave, los servicios jurídicos de la Junta, que encienden todas las alarmas. Pase lo que pase con Abengoa -la empresa nunca volverá a ser lo que fue- convendría apuntar esta lección para el futuro.

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